Editorial ED

Hace unas semanas, varios medios de comunicación denunciaron un caso de discriminación en la playa de Naplo. Las imágenes mostraban una soga que dividía la playa e impedía que los no residentes ingresen, creando una suerte de “zona privada” resguardada por vigilantes. En su defensa, los residentes intentaron –fallidamente- justificar el hecho aduciendo era un tema de limpieza, pues los visitantes ensuciaban la playa que ellos tanto se esforzaban en mantener limpia. Como éste, salieron a la luz otros casos que dieron cuenta de una realidad que tristemente se da en las mal llamadas playas privadas. En hora buena, su difusión propició el que la Defensoría del Pueblo se pronunciara no sólo sobre la actitud de los ciudadanos, sino frente a la inacción de las autoridades competentes en velar por que ello no suceda. Y es que detrás de este caso, no sólo es preocupante el tema de la discriminación, sino otro del cual existe gran desconocimiento. Nos referimos al de las playas como espacios de dominio público y el derecho de todo ciudadano al libre tránsito (art.2-11).

El pasado lunes se promulgó la Ley No. 30151, cuya modificación del artículo 20, inciso 11, del Código Penal ha generado gran polémica. Quienes defienden la ley consideran se trata de una medida necesaria debido al sinnúmero de juicios considerados “injustos” a policías y militares que al momento de defenderse han hecho uso de armas distintas a las reglamentarias. Por el contrario, quienes la consideran innecesaria sostienen que nuestro ordenamiento jurídico ya prevé este tipo de situaciones. Somos partidarios de esta última postura; pero además, consideramos que se trata de una medida contraria a disposiciones internacionales, insuficiente por sí sola, y un peligro para derechos fundamentales como la vida e integridad humana.

El tema de la “concentración de medios” está nuevamente sobre el tapete. Ello a propósito de las polémicas declaraciones del presidente Ollanta Humala sobre la libertad de expresión en alusión a la asociación entre el grupo El Comercio y Epensa. La problemática se ha discutido desde varias aristas y aunque persista un enfrentamiento rígido entre las partes, es innegable señalar que si en algo coinciden es que un acaparamiento de medios –si existiese alguno- sería dañino para nuestra democracia. La pregunta, sin embargo, es si estamos o no frente a uno. No quisiéramos precipitarnos a responder, pero sí creemos necesario aportar al debate desde una perspectiva jurídica e informativa, en estricto, respecto al tan comentado artículo 61 de la Carta Magna.

Hace unos días se celebró la Navidad, la fiesta más importante para los seguidores de la religión católica, pues, aun cuando no hay consenso sobre la fecha exacta en la que vino al mundo, con ella se conmemora el nacimiento del niño Jesús. Basta con prender la televisión o leer los periódicos para ver cómo distintas personalidades envían saludos aprovechando estas fiestas. No podía faltar entre éstos el del Presidente de la República, Ollanta Humala, y su familia deseando a la población una feliz Noche Buena. Y es que si bien para muchos la Natividad es motivo para reencontrarnos con los otros y compartir alegrías, aun quedamos quienes cuestionamos de ella la ideología del consumismo, pero más aún, la universalización de una fiesta religiosa amparada por un Estado que dice ser laico.

El pasado miércoles 18 de diciembre la Megacomisión encargada de investigar las incidencias del segundo gobierno de Alan García aprobó recomendar una acusación constitucional contra el ex presidente al encontrar indicios de participación en la concesión irregular de indultos y conmutaciones a sentenciados por narcotráfico durante su mandato. Entre las pruebas que sustentan esta posición se encuentran documentos que contienen la firma de García, en los que cuestiona las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales, además de cartas donde se invita a los internos a solicitar indultos o conmutaciones.

A nuestro parecer, lamentamos cuánto se ha venido prolongando una promesa que empezó con visos populistas y que ha dejado a nuestros jueces en vilo por casi 30 meses. Además, ratificamos en que se trata de un pedido sumamente justo, pero que necesita de una acuciante solución técnica y un esquema lúcido de cómo y de qué manera finalmente se va a llevar a cabo la tan esperada homologación.

Si el voto fuera voluntario, las personas que racionalmente han escogido no informarse respecto de los candidatos elegirían no votar, lo cual generaría que se excluyan los votos de menor ‘calidad informativa’.