Editorial ED

El pasado miércoles 9 de abril, tras una larga espera y con varias sesiones sin resultados de por medio, por fin se eligió como nuevo Fiscal de la Nación al cuestionado Carlos Ramos Heredia. La autoridad fue electa mediante un mecanismo bastante polémico, donde distintos sectores de la prensa y varias organizaciones de la sociedad civil criticaron la ausencia de un proceso transparente, con reglas claras y destinadas a priorizar el mérito y la capacidad de la persona que asumirá la institución, ya que, por el contrario, nos hemos encontrado frente a un sistema que permite a determinados grupos de interés manejar el proceso de elección, generando que se antepongan sus prioridades antes que el bienestar general. Así, entre las grandes críticas que se realizan a nuestro nuevo Fiscal, resulta de gran preocupación su vinculación con la cúpula acusada de la ola de corrupción que se vive en Ancash. Por esta razón, en el presente editorial invitamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el Ministerio Público en nuestro sistema de gobierno, más aun frente a la situación lamentable que se vive en Ancash.

Desde hace algunos años, con el desarrollo y fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hemos presenciado un debate cada vez más profundo sobre la situación de las personas con discapacidad (de ahora en adelante, “pcd”). Pese a ello, todavía existen dentro del ámbito interno de algunos Estados ciertas decisiones que generan un preocupante retroceso en esta materia. Un caso reciente es la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que, luego de evaluar una demanda contra el artículo 7 de la Ley 1412 del 2010 que prohibía practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos en menores de edad, habilitó esta práctica dirigida a menores de edad con discapacidad cognitiva y psicosocial sin su consentimiento. Como era de esperarse, la situación despertó fuertes rechazos por parte de distintas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de los Derechos Humanos, como Human Rights Watchs. Frente a este panorama, en el presente editorial abordaremos brevemente el concepto y la normativa internacional sobre las pcd para finalmente, analizar si la decisión de la Corte constituye una medida jurídicamente proporcional.

Hace aproximadamente una semana, las polémicas declaraciones del ex presidente Alan García Pérez, sobre la implementación de la pena de muerte para criminales protagonizaron las primeras planas de algunos medios. A raíz del deleznable asesinato del hijo del burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, García se mostró fervientemente a favor de esta medida, lo que propició inmediatamente el rechazo por parte de autoridades como el Ministro de Justicia, Daniel Figallo, y el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Ciertamente, no pretendemos ahondar mucho en un tema que consideramos ya zanjado. Lo que sí, creemos es importante señalar algunos aspectos que todo ciudadano debe tomar en cuenta a fin de evitar peligrosos apasionamientos que ofusquen nuestra capacidad de razonar. Desde esta tribuna nos encontramos en contra de una condena como tal por los motivos a señalar.

Actualmente en diversos países del mundo podemos apreciar un amplio debate sobre el reconocimiento y protección de los derechos de los homosexuales, en miras de revertir la histórica segregación que afecta gravemente a estas personas en el libre desarrollo de su personalidad. Evidentemente, esta controversia varía según la coyuntura de cada país y por ende existen numerosos sistemas jurídicos que regulan de forma muy distinta este asunto. Un caso reciente es la nueva legislación que planea implementar Uganda, país ubicado en África del Este, donde el 20 de diciembre del año pasado el Parlamento emitió un proyecto de ley que sanciona las relaciones homosexuales con una pena de 14 años de cárcel e incluso impone cadena perpetua en su “modalidad agravada”. Esta iniciativa aún no es aprobada por el presidente Yoweri Museveni, pero como era de esperarse ya ha recibido diversas críticas por parte de la comunidad internacional. Debido a esta coyuntura, en el presente editorial abordaremos este tema a partir de un análisis político y jurídico de la situación para finalmente reflexionar sobre las consecuencias que pueden generar este tipo de medidas y la necesidad de erradicarlas.

“Vamos a luchar con toda la fuerza contra estos cobardes, sicarios de tinta y contra sus mentiras. Ladre quien ladre compañeros”. Así se expresó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sobre el dibujo publicado por el conocido caricaturista Xavier Bonilla, mientras emitía su tradicional programa televisivo «Enlace Ciudadano». Días después, «Bonil», como es comúnmente conocido, afrontaba una investigación dirigida por la Superintendencia de Información y Comunicación quienes lo acusaban de apoyar una supuesta «agitación social» que deslegitimaba a la autoridad. Las imágenes muestran el allanamiento sufrido por el asesor político, Fernando Villavicencio, quien supuestamente habría sido acusado de “hackear” correos presidenciales. Sin embargo, el detonante que encendió la cólera del presidente, fue que este personaje, que ‘causalmente’ meses atrás publicó una investigación sobre las redes de corrupción petrolera entre el Ecuador y otros países, aparecía como una víctima del allanamiento por parte de la Policía y Fiscalía quienes confiscaban las denuncias de corrupción que éste teóricamente guardaba en su hogar. Bonil fue obligado a rectificarse, lo que inmediatamente, desató una polémica en torno al tema de una libertad de expresión coartada en el país vecino.