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La semana pasada se concretó en el Congreso los tres pedidos impulsados por distintas bancadas congresales para interpelar al Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, por el supuesto conflicto de intereses en favor de una empresa de capitales noruegos Interoil, empresa que habría asesorado antes de formar parte del Gabinete en un litigio contra el Estado Peruano. A su vez, se ha presentado igualmente un pedido para interpelar al Ministro del Interior, Daniel Urresti, a quien se le acusa de haber consignado cifras falsas sobre los operativos que está realizando para combatir la inseguridad ciudadana. La mayoritaria inasistencia de nuestros representantes de la Patria que desembocó en una falta de quórum y una consecuente, suspensión de la interpelación a Mayorga, es un indicio de que algo anda mal en la utilización de una figura como la “interpelación”, que legítima en su ejercicio, ha demostrado ser una práctica casi quijotesca a merced de algunos políticos que abusan de ella. En ese sentido, el presente editorial aboga por repensar una figura como ésta en lo que respecta su procedimiento para así, analizar si su uso responde a los fines para los cuales se creó legalmente o si es meramente un instrumento para satisfacer intereses políticos.