El caso de la matanza de Parcco y Pomatambo (Vilcashuamán Ayacucho) perpetrada por elementos del Ejército el 23 de octubre de 1986, no solo es un hecho emblemático de los crímenes contra la humanidad que en aquellos años se cometía, sino que ahora pareciera convertirse en un punto de quiebre de la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos.
La Ley Nº 29618 fue promulgada el 10 de noviembre del 2010 y trae consigo la promesa de futuras controversias judiciales. El artículo 2º de está norma declara la imprescriptibilidad de los bienes privados del Estado, estatus novedoso para éstos en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto que la Ley Nº 29618 aún no ha sido materia de pronunciamientos en sede casatoria, las resoluciones del Tribunal Registral sobre el tema dejan entrever algunas de sus inconsistencias.
El Código Penal ha sido modificado por la Ley 29819 (1), publicada en el diario oficial el 27 de diciembre de 2011, para dar cabida, dentro del delito de parricidio, previsto en el artículo 107 del cuerpo de normas anotado, a la modalidad criminal de “feminicidio”, término aún no admitido en el idioma español, aunque si en el ámbito de la sociología y del derecho. La incorporación de esta figura ha variado de modo directo la fórmula legal del parricidio y ha tipificado una modalidad agravada del mismo; en efecto, desde la vigencia de la Ley 29819, el parricidio se configura no sólo por la muerte dolosa que se inflige, entre otros supuestos, al cónyuge o concubino, sino, también, a la persona con la cual el agente o sujeto activo del homicidio mantiene o mantuvo relación análoga a las precitadas; asimismo, hoy, es parricidio agravado dar muerte a alguna de los sujetos vinculados con el homicida por matrimonio, unión de hecho o nexo análogo, siempre que la acción letal encuadre en ciertas circunstancias del delito de asesinato, esto es, ferocidad, lucro, placer, homicidio conectado, por móviles de facilitación u ocultamiento, y gran crueldad o alevosía (artículo 108, incisos 1, 2 y 3 del CP).
Los economistas hablan de competencia como la rivalidad en la oferta o adquisición de un bien económico o servicio. Los vendedores compiten con otros vendedores como los compradores con otros compradores. En el área de la educación superior, las universidades compiten con otras universidades y los estudiantes con otros estudiantes. La competencia entre universidades es especialmente reñida pues las universidades privadas deben afrontar la rivalidad y desafío de instituciones públicas gigantescas. Aprovechando la ayuda financiera recaudada a todos los contribuyentes, ahora mismo atraen y forman a aproximadamente el 80% de todos los estudiantes.
Por: Claudia Danielle Zegarra Pérez Psicóloga Educacional y pre-docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Perú. Introducción Los acontecimientos recientes en relación a la intención del Movimiento pro Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) de convertirse en un partido político y tener validez en el espacio público ha traído, entre otros, cuestionamientos al sistema educativo por no haber mostrado capacidad para instruir a los jóvenes en los hechos recientes de nuestra historia, específicamente en relación a la época de la lucha interna en nuestro país. En este marco, resultó especialmente preocupante que jóvenes formaran parte del movimiento y tuvieran argumentos para defender la amnistía de terroristas, en especial del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Así, los diversos
Por Aldo Blume Rocha Artículo original publicado en Justicia Viva. Republicado con permiso. El link al original es: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=762#_ftnref1 Los crecientes niveles de inseguridad ciudadana presentes en el país y la alta percepción por parte de la población acerca de la ineficacia por parte de la Policía Nacional para hacer frente a este problema, debido en gran parte a la corrupción presente en la institución, han dado lugar a que se plantee la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pasen a colaborar cada vez más activamente en el mantenimiento y preservación del orden interno. Sin embargo, esta es una propuesta que debe ser analizada con sumo cuidado teniendo en cuenta los estándares constitucionales y convencionales en la materia, que apuntan
Por: Murray N. Rothbard Murray N. Rothbard (1926-1995) fue decano de la Escuela Austriaca. Fue economista, historiador de la economía y filósofo político libertario. Artículo traducido del inglés. Republicado con permiso. El link al original es: http://mises.org/Community/blogs/euribe/archive/2012/03/09/el-auge-del-imperialismo-en-virginia.aspx La supervivencia de la colonia de Virginia pendió durante años de un hilo. Una razón importante para la supervivencia de esta afligida colonia fueron los cambios que la Compañía de Virginia aceptó hacer en su estructura social. El otro factor importante en la supervivencia de la colonia fue el descubrimiento de John Rolfe, alrededor de 1612, de que podía cultivarse el tabaco de Virginia de tal manera que resultara aceptable para los gustos europeos. Antes se había considerado el tabaco de Virginia como inferior
Segunda parte. La primera parte puede encontrarse aquí: https://enfoquederecho.com/%C2%BFflexiseguridad-laboral-alguien-dijo-el-%E2%80%9Cque%E2%80%9D-pero-no-el-%E2%80%9Ccomo%E2%80%9D/ Por: Pedro Díaz Rodríguez Estudiante de Derecho en la PUCP Habiendo determinado, en términos generales, qué puede entenderse por seguridad y flexibilidad, podemos avanzar un poco más e intentar señalar qué versión de cada uno de ellos toma la “flexiseguridad laboral” actual para su configuración. Si bien “flexiseguridad” es un concepto que, en su definición, involucra a la flexibilidad y la seguridad, no existe una muestra unívoca de las dosis de cada una de éstas que deben juntarse a fin de señalar a una política como de flexiseguridad. Esto puede llevar a que, cualquier política de Gobierno, orientada a “combinar” flexibilidad y seguridad, pueda ser denominada de flexiseguridad. Y es que
Por: Alberto Cruces Burga Bachiller en Derecho por la PUCP Si uno quisiera hacer un recuento histórico de las Constituciones en el Perú, el primer referente lógico es la Constitución de 1823. Proclamada luego de debates en el seno del Congreso Constituyente y aun cuando tuvo muy corta y accidentada vigencia, se le dedica un lugar de honor por ser nuestra primera carta constitucional. Sin embargo, en los últimos años se ha ido comprendiendo que aquel reconocimiento, a primera vista muy correcto, responde a una visión sesgada de la historia peruana. Se trata de una historia que fija el punto de partida el 28 de Julio de 1821, día en que se proclama la independencia del Perú, como si todo
Por: Magíster Luis Alberto Huerta Guerrero Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la PUCP y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Republicado con permiso. El link al original es: http://blog.pucp.edu.pe/item/153829/proceso-de-amparo-y-proteccion-del-derecho-al-medio-ambiente-el-caso-palmas-del-oriente En el marco de un trabajo académico que vengo realizando sobre la protección del derecho al medio ambiente a través del proceso de amparo, tuve ocasión de identificar una sentencia del Tribunal Constitucional que, en una primera lectura, parecía una sentencia más. Sin embargo, dado que siempre en los casos donde se invoca el derecho al medio ambiente hay aspectos que no siempre están reflejados en un fallo, comencé a investigar más sobre el tema y me pareció importante compartir mis reflexiones en torno a la sentencia recaída en
