Convoca nuestra atención que a finales de la gestión del actual gobierno se dicte el Decreto Legislativo N° 1194, más conocido como ley de flagrancia que, en términos concisos consiste en un proceso abreviado en el que el fiscal, bajo supuestos de flagrancia y cuasi flagrancia, debe solicitar al juez penal la “incoación”.
Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del Estudio Roger Yon & SMB. Para nadie es secreto que
Por Armando Sánchez Málaga, abogado por la PUCP y socio del Estudio Roger Yon & SMB. Hace pocos días, los peruanos
Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del Estudio Roger Yon & SMB. Hace unos días, volvimos a ver en
Me parece sugestivo este dicho popular para graficar la actual situación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, (CNM). Y es que, de acuerdo al artículo 154 de la Constitución, esta institución es la encargada de nombrar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales de todas las instancias. Pues bien, estos miembros del CNM acaban de desaprobar el examen de legitimación: el pleno, con el voto en contra de su presidente, ratificó como miembro de dicha institución al concejero Alfredo Quispe Pariona. Quispe había sido duramente cuestionado al vinculársele con actos de corrupción en un centro de estudios. Esta ratificación –con estos antecedentes- trajo consigo la renuncia de su presidente, Pablo Talavera y, fue recién con ella y con la protesta de los medios de prensa e instituciones civiles, que dieron marcha atrás y destituyeron a Quispe Pariona.
Generalmente se cuestiona la intervención indebida del legislador penal en ámbitos en los que utiliza al Derecho penal como mecanismo simbólico para ocultar otras deficiencias, por ejemplo, en políticas sociales y de prevención. Esta vez, nuestro cuestionamiento va en el sentido contrario. Queremos denunciar una abstención indebida del legislador penal.
Ante el reciente comunicado de la Organización Mundial de la Salud en el que advierte que la carne procesada produce cáncer, no va a faltar algún trasnochado congresista que solicite aumento de cárcel para los casos de comercialización de este tipo de productos en mal estado. Aún cuando no se tiene la seguridad de que criminalizando las conductas relativas al consumo carne y embutidos procesados con preservantes y saborizantes, entre otros químicos (que en varios casos son colocados para disimular el estado del producto en venta), estos dejaran de ser consumidos, o lo serán en menor medida.
Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del Estudio Roger Yon & SMB. Con bombos y platillos vimos cómo se
Por Armando Sánchez Málaga, abogado por la PUCP y socio del Estudio Roger Yon & SMB. Hace algunas semanas inauguramos
