Ambiental

De la ley escrita a la ley vivida: El verdadero reto de la minería en el caso Las Bambas

Por Tania Milagros Ccalla Vargas, estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú con diplomado especializado en Derecho Minero. Es miembro principal del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético de la Universidad Nacional de San Marcos (GEDEM) y del voluntariado Amautas Mineros. Cuenta con experiencia en liderazgo y representación estudiantil, habiendo formado parte de la CODEME. Capítulo 1: Marco conceptual y teórico 1.1. Concepto de legalidad y cumplimiento normativo en el rubro minero: La legalidad es el principio básico por el que todo Estado Social de Derecho debe regirse como fundamento de sus actuaciones funcionales. La legalidad exige la vinculación entre la actuación de los poderes del Estado y la ley positiva, solo habrá cumplimiento de la legalidad

La Certificación Ambiental como Requisito Imperativo en Infraestructuras Viales: El Caso de la Vía Expresa Sur

Por Eduardo Ormeño estudiante de Derecho de la Universidad Científica del Sur, con especialización en derecho ambiental en programas de la SPDA, Universidad de Chile, PUCP y la American Bar Association Rule of Law Initiative Introducción El 8 de agosto de 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un comunicado denunciando lo que calificó como «acoso político» por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Ello, a raíz de la Resolución Directoral No. 0038-2025-MTC/16.01, que podría imponer una sanción por el presunto incumplimiento de requisitos de Certificación Ambiental en la intervención de la Vía Expresa Sur. En efecto, la MML fundamenta su posición en dos argumentos centrales: por una parte, sostiene que solicitó al MTC la aprobación del Reglamento de Adecuación

Más allá de la compraventa: Consideraciones ambientales en la transferencia de activos mineros

Por Héctor Navarro Toledo Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociado del área Minera de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. I. Introducción Las transferencias de activos en el sector minero plantean un conjunto de consideraciones que trascienden lo puramente económico. Estos procesos involucran una revisión integral de aspectos regulatorios, ambientales y contractuales, pues la adquisición de una concesión, unidad de producción o infraestructura asociada no solo implica derechos sobre el recurso o la capacidad de llevar adelante una actividad, sino también la asunción de obligaciones frente al Estado y terceros. El cambio de titularidad de una unidad minera plantea interrogantes sobre la continuidad de las obligaciones ambientales y la asignación de responsabilidades entre el operador saliente y

Editorial | El verdadero rostro del oro: La tragedia de Pataz y el colapso del REINFO

Por Enfoque Derecho 1. Introducción  El domingo 4 de mayo, la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad, fue nuevamente escenario de una tragedia que expone la profunda crisis que atraviesa el país en materia de minería informal, violencia estructural y abandono estatal. El trágico destino de trece trabajadores de la empresa contratista Minera R&R, vinculada a la minera La Poderosa, fueron hallados sin vida tras haber sido secuestrados días antes mientras trabajaban en un socavón.[1] Este lamentable hecho no es un caso aislado, sino parte de un patrón creciente de extorsiones, asesinatos y disputas armadas en el norte del Perú, donde las mafias mineras se han enquistado al amparo de la informalidad e inacción estatal. Bajo

Restricciones a la cooperación ambiental: Análisis de las modificaciones a la Ley APCI y su impacto en el debilitamiento institucional

Por Luis Alejandro Pebe Muñoz, miembro del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Perú, reconocido por su condición de país megadiverso [1], requiere mecanismos eficaces de protección ambiental, los cuales dependen en gran medida de la cooperación internacional. No obstante, las recientes modificaciones a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) amenazan con debilitar esta colaboración estratégica [2]. Si bien se han analizado diversos impactos de estas modificaciones, es particularmente relevante hacer hincapié en cómo afectarían en materia ambiental. El presente análisis examina cómo tales cambios imponen restricciones que obstaculizan directamente los esfuerzos

La preocupación por el financiamiento climático en la COP29: una visión desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Por Luis Alejandro Pebe, miembro del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos cumplen una función esencial frente a los desafíos críticos que la crisis climática plantea para la protección de los derechos humanos a nivel global, como ha sido enfatizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[1]. En este contexto, resulta imperativo que tanto el sector público como el privado implementen enfoques que reconozcan las implicaciones integrales y profundas de esta crisis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría

ESG and Competition Law: The thin line between promoting sectoral sustainability and ex post control

Por Ricardo Ayvar, asociado de Garrigues (Perú), abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid (España) To achieve the objectives set out by applying ESG criteria, many companies have implemented a series of measures and commitments, such as entering into cooperation agreements with competitors for sustainable development. This is where competition policies come into play. We all have probably read about the importance of Environmental, Social, and Governance criteria for sustainable development (ESG), or have seen how largest companies have been applying these criteria in different fields. This rise of sustainability has been connected to several areas, including Competition Law. In this article, I will attempt

El precio del oro: El reto de combatir la minería informal e ilegal en Perú

Por Enfoque Derecho. 1. INTRODUCCIÓN: Es desalentador ver cómo, en pleno 2024, la minería ilegal en Perú sigue avanzando de manera desenfrenada, devastando paisajes únicos y contaminando con mercurio vastas zonas de la Amazonía. A pesar de los diversos esfuerzos por parte de la población para frenarla, el daño ambiental, cultural y social es incalculable, por lo que las comunidades locales sufren las consecuencias de la explotación desmedida. Es así que, lo que debería ser un orgullo para el patrimonio cultural de nuestro país se ha convertido en un escenario de destrucción, donde el afán por el oro se sobrepone al bienestar del país y de su biodiversidad. Ante esta problemática, el Estado peruano ha tomado diversas acciones, como la militarización

ESG y Derecho de la Competencia: la delgada línea entre el fomento de la sostenibilidad sectorial y el control de conductas

por Ricardo Ayvar, Asociado de Garrigues (Perú), abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Postgrado en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid (España). Probablemente todos hemos leído sobre la importancia de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por las siglas en inglés de environmental, social and governance) para el desarrollo sostenible, o hemos visto cómo las grandes corporaciones vienen aplicando dichos criterios en diversos sectores. Este auge de sustentabilidad ha venido relacionándose con diversas especialidades, entre ellas el Derecho de la Competencia. En este artículo, intentaremos esbozar algunas ideas sobre la forma en que vienen interactuando ambas materias. Los criterios ESG En 2015, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó