Por Enfoque Derecho.
1. INTRODUCCIÓN:
Es desalentador ver cómo, en pleno 2024, la minería ilegal en Perú sigue avanzando de manera desenfrenada, devastando paisajes únicos y contaminando con mercurio vastas zonas de la Amazonía. A pesar de los diversos esfuerzos por parte de la población para frenarla, el daño ambiental, cultural y social es incalculable, por lo que las comunidades locales sufren las consecuencias de la explotación desmedida. Es así que, lo que debería ser un orgullo para el patrimonio cultural de nuestro país se ha convertido en un escenario de destrucción, donde el afán por el oro se sobrepone al bienestar del país y de su biodiversidad.
Ante esta problemática, el Estado peruano ha tomado diversas acciones, como la militarización de áreas mineras, iniciativas de formalización y operativos de erradicación. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes e ineficaces, debido a la corrupción local y la resistencia de los mineros ilegales, quienes dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos. La falta de una presencia estatal efectiva en regiones remotas y la carencia de alternativas económicas sostenibles han complicado el control de la minería ilegal en el país.
Para continuar, es necesario diferenciar entre minería ilegal y minería informal, los cuales son conceptos que a menudo generan confusión entre los lectores. Por un lado, la minería ilegal es aquella que se realiza sin ningún tipo de autorización, incumpliendo normas ambientales, administrativas, sociales e incluso técnicas; debido a que opera en espacios prohibidos y viola tajantemente las leyes, está penada con cárcel al ser un delito. Por otro lado, la minería informal, aunque también opera fuera del marco regulatorio estatal y comete infracciones administrativas, busca regularizarse a través del Registro de Mineros Informales en Proceso de Formalización (REINFO) y se limita a trabajar en zonas permitidas.
Con respecto a la minería ilegal, uno de los casos más polémicos que se encuentra intrínsecamente relacionado con la problemática planteada es el “Caso de los Hermanos Siucho”, el cual no involucra únicamente a los hermanos Siucho, sino también a figuras tales como la fiscal Elizabeth Peralta y el presentador de televisión Andrés Hurtado. Es así que, los primeros mencionados se encuentran siendo acusados de estar involucrados en la minería ilegal y operaciones de lavado de dinero; bajo esa línea, se afirma que utilizan esta actividad como un mecanismo para ocultar sus ganancias.
Este caso llama la atención, debido a que ha estado bajo investigación durante más de dos años; sin embargo, no ha sido hasta este momento que los involucrados están siendo efectivamente investigados y detenidos. Esta situación evidencia que la minería ilegal está rodeada por una red criminal que facilita la corrupción a altos niveles de poder. En este contexto, actores con influencia tanto estatal como privada participan en sobornos y favores, actuando como cómplices para que estas actividades ilegales persistan sin control, socavando así la institucionalidad del Estado.
Asimismo, con respecto a la minería informal, ha captado la atención el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) acerca de la “Ley Mape”, la cual posee como finalidad eliminar el REINFO. Aquello representa un grave retroceso en la lucha contra la minería informal, en tanto este registro ha sido una herramienta clave para distinguir entre mineros en proceso de formalización y aquellos que operan al margen de la ley. Su desaparición sólo favorece la impunidad, demostrando cómo el Estado sigue facilitando la expansión de actividades que devastan el medio ambiente y vulneran los derechos de las comunidades locales, en lugar de priorizar políticas efectivas de regulación y control.
Ante este complejo panorama, surge la siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llegará el poder de estas redes criminales y qué medidas efectivas se implementarán para desmantelarlas? El «Caso de los Hermanos Siucho» no solo revela las profundidades de la corrupción, sino que también plantea un desafío crucial para el futuro ambiental y económico del Perú. A medida que la minería ilegal continúa su avance, surge la interrogante de sí el Estado podrá romper este ciclo de impunidad e instaurar medidas que realmente tutelen de manera efectiva esta problemática.
2. MARCO NORMATIVO:
Para comenzar, a nivel nacional, el artículo 307-A del Código Penal peruano[1] establece sanciones de entre 4 a 8 años de prisión para quienes cometan minería ilegal que afecte el ambiente o ponga en riesgo la salud pública, con penas que pueden llegar hasta 12 años si se utiliza mercurio en áreas protegidas o en poblaciones vulnerables. No obstante, la implementación de esta normativa enfrenta retos significativos debido a la dificultad de fiscalización en zonas remotas. Por ello, es fundamental que el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad colaboren para mejorar la eficacia de las medidas punitivas.
Asimismo, contamos con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO)[2] como la plataforma oficial establecida por el Estado para facilitar la formalización de mineros artesanales, con el objetivo de combatir la minería ilegal y promover prácticas sostenibles. No obstante, el REINFO enfrenta importantes desafíos, como la falta de interés de los mineros en regularizarse, el uso de tierras ajenas y la burocracia que retrasa la concesión de permisos. A pesar de los esfuerzos y presupuestos regionales, de las más de 84,588 inscripciones en el REINFO, solo el 22% está en proceso de formalización, lo que indica que el 78% probablemente no logrará regularizarse, reflejando así los limitados avances en la formalización de la minería informal.
Por otro lado, Perú es parte de diversos convenios internacionales que buscan combatir la minería ilegal y el comercio ilícito, como el Convenio de Minamata[3], que regula el uso del mercurio. Además, el país ha suscrito la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal[4], los cuales son tratados internacionales cruciales para la protección del medio ambiente. Desafortunadamente, el Estado necesita redoblar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de esta normativa internacional, ya que actualmente su aplicación es bastante ineficaz; y, por ello, se requiere de una mayor coordinación entre las entidades estatales y un compromiso sólido con el cumplimiento de sus disposiciones para contrarrestar las consecuencias negativas de esta actividad.
Como se ha podido observar, el presente marco normativo no es efectivo para combatir tanto la minería ilegal como la minería informal, debido a la falta de fiscalización en zonas remotas, la falta de coordinación interinstitucional, así como la débil implementación de legislación nacional y convenios internacionales. Por tanto, la minería ilegal continúa operando fuera del marco legal, afectando de manera directa el ambiente, la economía y sobre todo la vida de nuestra población.
3. ANÁLISIS:
A partir de lo mencionado, Enfoque Derecho analizará la problemática tanto de la minería ilegal como de la minería informal, las cuales se han posicionado como actividades cotidianas en nuestra sociedad; del mismo modo, abordará las devastadoras consecuencias que estas conllevan. Por lo tanto, en el presente editorial, se pone en cuestionamiento la efectividad del Estado en el tratamiento normativo para combatir dicha problemática y se destacan las escasas medidas implementadas en la práctica para abordar este problema.
En el ámbito económico, la minería informal impide que el Estado pueda obtener ingresos fiscales significativos que deberían provenir del pago de impuestos y de una regulación adecuada. Es así que, al operar al margen del sistema tributario, los mineros informales evaden sus responsabilidades fiscales, lo que reduce considerablemente los recursos disponibles para sectores públicos esenciales como la educación, infraestructura, salud, entre otros. Así, se pone de manifiesto la falta de una fiscalización efectiva por parte del Estado, en tanto al no implementar mecanismos adecuados para la recaudación de impuestos, no puede distribuir adecuadamente los recursos, y, al final del día, es la población quien padece las consecuencias de esta falta de inversión en servicios esenciales.
Cabe resaltar ahora que, con respecto a la minería ilegal, esta distorsiona los mercados legales de oro, lo que implica que el metal precioso extraído de manera fraudulenta ingresa a la cadena de suministros sin un control y se junta con el valor del oro que sí se comercializa legalmente, causando de tal forma una competencia desleal y afectando a los mineros formales que cumplen con las normativas aceptadas. Este hecho demuestra una clara falencia del Estado, pues no existen medidas de comercio de oro transparente y regulado.
Por lo mencionado, es fundamental que el Estado asuma un control más riguroso en las áreas remotas para que pueda ejercer una vigilancia efectiva y otorgar una respuesta rápida ante la minería ilegal, la cual frecuentemente se lleva a cabo en estas regiones apartadas. Además, es menester establecer una coordinación interinstitucional efectiva; pues, aunque diversas entidades tienen competencias en esta materia, la falta de comunicación entre ellas genera esfuerzos dispersos y duplicación de funciones.
Si bien esta problemática genera un exhaustivo impacto negativo en la economía del país, se debe tomar en consideración que es el sector ambiental el cual padece las consecuencias más graves, pues este fraudulento comercio del oro provoca significativos problemas ambientales, tales como la deforestación en regiones como Madre de Dios[5], un lugar donde miles de hectáreas de bosques tropicales han sido destruidas para generar operaciones mineras no reguladas.
En ese sentido, la inacción estatal ante estas actividades no solo genera la destrucción de la biodiversidad de la flora y fauna silvestre de la zona, sino que también afecta a las comunidades locales[6], los cuales, al depender del agua de los ríos, ahora se ven afectados por la contaminación provocada por el uso indiscriminado de mercurio. Asimismo, al consumir animales contaminados con residuos tóxicos, se ven expuestos a enfrentar graves problemas de salud, lo que compromete la subsistencia de estas poblaciones rurales. Todo ello ha generado que las comunidades nativas e indígenas se vean forzadas a desplazarse de su lugar de origen al ser sus tierras invadidas y explotadas sin su consentimiento.
Del mismo modo, la minería ilegal constituye un problema que se entrelaza con los aspectos sociales y políticos de la población. En este contexto, es ampliamente reconocido que esta actividad conlleva prácticas laborales abusivas, incluyendo el trabajo infantil, la trata de personas y la explotación sexual[7]. Ergo, es lamentable que, como resultado de esta situación, los individuos se vean obligados a trabajar en minas peligrosas, enfrentando jornadas laborales extensas sin acceso a derechos laborales fundamentales, y realizando sus tareas en condiciones inhumanas, sin ninguna protección o garantía.
La minería ilegal se encuentra intrínsecamente vinculada a la proliferación del crimen organizado, ya que las redes que operan en este ámbito no solo se benefician de la extracción ilícita de oro, sino que también están involucradas en otros delitos, como la corrupción, el tráfico de influencias y el tráfico de armas.
Como se mencionó en un comienzo, esta situación se ejemplifica en el controversial caso del periodista Andrés Hurtado, quien supuestamente utilizó sus conexiones para facilitar trámites ilegales y eludir sanciones para los Siucho por actividades mineras ilícitas, incluida la liberación de oro. Estas acciones, en efecto, perpetúan la impunidad de los delincuentes y debilitan la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, fomentando un entorno en el que la corrupción prevalece y la justicia resulta difícil de alcanzar.
4. REFLEXIONES FINALES:
A modo de corolario, es fundamental reflexionar sobre la alarmante ineficacia del Estado para enfrentar la minería ilegal y sus devastadoras consecuencias para la población. A pesar de contar con normativas nacionales e internacionales, la corrupción, la falta de fiscalización efectiva y la escasa presencia estatal en regiones remotas han hecho imposible controlar esta actividad ilícita. Por lo tanto, es crucial abogar por políticas integrales que no solo busquen erradicar la minería ilegal, sino que también promuevan alternativas económicas sostenibles, protejan los derechos humanos y preserven nuestro medio ambiente.
Es importante reconocer que, aunque el Estado peruano tiene una responsabilidad constitucional y moral de proteger el medio ambiente y los derechos de sus ciudadanos, la inacción y la falta de medidas adecuadas para frenar la explotación ambiental son claras. Sin embargo, como población es necesario asumir la responsabilidad de concientizar sobre esta problemática.
Editorial escrita por Daniela Mondragón y Marialitz Fasshauer
Referencias bibliográficas:
[1] https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/T%C3%ADtulo-XIII-del-C%C3%B3digo-Penal_-Delitos-Ambientales.pdf
[2] https://www.gob.pe/867-buscar-en-el-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo
[3] https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/10/cuadernillo_minamata.pdf
[4]https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/convencion-de-viena-y-protocolo-de-montreal/
[5]https://preveniramazonia.pe/delito-ambiental/mineria-ilegal/#:~:text=Los%20enormes%20da%C3%B1os%20de%20la%20miner%C3%ADa%20ilegal&text=En%20ese%20camino%2C%20la%20miner%C3%ADa,y%20agudiza%20el%20cambio%20clim%C3%A1tico.
[6]https://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/la-mineria-ilegal-la-otra-destruccion-de-la-amazonia
[7]https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2022/10/El-oscuro-vinculo-entre-la-explotacion-sexual-y-la-mineria-ilegal-es-102.pdf
