Por Enfoque Derecho
- El Poder Ejecutivo decidió dar un salvataje financiero a Petroperú y señalan que la empresa entrará en un periodo de austeridad.
Este último año la empresa pública Petroperú viene atravesando serios problemas financieros. El panorama de la empresa ha venido deteriorándose en los últimos años. El aumento de la deuda, combinado con pérdidas, los factores externos derivados de la fluctuación en los precios del petróleo, así como una mala gestión de la empresa que no ha logrado revertir la situación de crisis. Así, todo ello ha colaborado a que la situación de Petroperú sea sumamente compleja.
Sin embargo, los problemas de la empresas, los cuales pasan desde una creciente deuda hasta profundos problemas de liquidez, es decir, de falta de dinero, se han agravado en lo que va de este último año. En vista de ello, el Poder Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén y el ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, anunciaron el pasado 11 de septiembre la emisión de un Decreto de Urgencia.
En palabras del Premier Adrianzén el Decreto de Urgencia tiene como finalidad “dar medidas extraordinarias y excepcionales” en materia financiera para lograr que la empresa no quiebre. Esto incluiría medidas como la posibilidad de renegociar algunos de los compromisos adquiridos previamente por la empresa, como el garantizar las futuras ventas de hidrocarburos.
Asimismo, el ministro de la cartera de energía y minas, mencionó que las medidas que dispondrá el mencionado Decreto no solo serán en materia de renegociación de contratos de la cuestionada empresa pública, sino que preverá un plan de austeridad. Este plan incluirá medidas como la reducción de costos operativos, una reevaluación de sus proyectos de inversión y la implementación de medidas que aseguren una mayor eficiencia en la gestión de recursos.
Finalmente, cabe recalcar que estas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo se dan días después que el directorio de Petroperú, liderado por Oliver Stark, presentará su renuncia debido a la falta de posicionamiento por parte del gobierno respecto a las medidas presentadas por el primero para hacer frente a la crisis.
2. Elio Riera, abogado del fallecido expresidente Alberto Fujimori, solicitó al Poder Judicial archivar el proceso por el “Caso Pativilca” tras el fallecimiento de su representado el pasado 11 de septiembre.
El pasado 13 de septiembre durante la audiencia del “Caso Pativilca” el abogado del ahora fallecido ex presidente, Elio Riera, solicitó ante la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia la declaración de extinción de la acción penal en contra del ex mandatario. Riera exponía ante el colegiado que el fallecimiento del señor Fujimori solicitó que en aplicación del artículo 74 del Código Penal se tenga por extinguida la acción penal. Así, el abogado del fallecido ex mandatario sustentaba este pedido en que al haberse producido el deceso del imputado corresponde hacer dicha declaración por parte de la corte.
Tras la presentación del pedido de prescripción de la acción penal del abogado de parte demandada, la fiscal Elsa Delgado Pérez no se opuso al petitorio presentado. Empero, antes de resolver indicó que sería necesario que se presente el documento que acredite el fallecimiento del procesado. Cabe resaltar que la abogada de algunos de los deudos de las víctimas de la masacre, Gloria Cano, tampoco se opuso al pedido de la defensa de Fujimori.
A pesar de ello, el Procurador de Orden Interno, Luis Alberto Casaverde, anunció que insistirá con el requerimiento de reparación civil hasta que el tribunal emita la sentencia de fondo y, de considerarlo, establecer el pago respectivo a favor del Estado peruano.
Como se recordará, el pasado 11 de septiembre, el ex presidente Alberto Fujimori falleció a la edad de 86 años a causa de una intensa batalla contra el cáncer y otras dolencias por su avanzada edad. El fenecido tenía otros procesos penales abiertos por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos se encontraba el caso de las “Esterilizaciones Forzada” y el “Caso Pativilca”.
Finalmente, cabe mencionar que el ex mandatario era procesado en el presente caso como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado en la modalidad de alevosía y en el contexto de lesa humanidad, por la matanza de 6 personas en 1992 por parte de organización paramilitar, Grupo Colina. Debido a esto, la fiscalía pidió una condena de 25 años de prisión contra Fujimori.
3. El ciudadano de nacionalidad venezolana, Sergio Tarache Parra, fue sentenciado a 26 años de prisión por el feminicidio de Katherine Gómez.
El jueves 12 de septiembre del presente año, el ciudadano venezolano, Sergio Tarache, fue condenado a 26 años de prisión por el Segundo Juzgado Penal Permanente de la Corte de Lima debido por ser el autor del feminicidio contra la víctima Khaterine Gómez. De esta manera, fue que la Fiscalía había solicitado al tribunal una condena de más de 30 años, basándose en el artículo 272 inciso 2 del Código Penal vigente; así como el pago de una reparación civil de 500 mil soles.
Como se recordará, el pasado 18 de marzo de 2023 Sergio Tarache fue acusado por el asesinato de Katherine Gómez de 18 años. Tarache la roció con gasolina para después prenderle fuego en la plaza Dos de Mayo, Lima. A consecuencia de ello, la joven sufrió quemaduras graves y falleció el 24 de marzo, mientras recibía cuidados en el hospital. En vista del crimen que había cometido Tarache decidió escapar hacia Bogotá, Colombia, no obstante, el asesino pudo ser extraditado al Perú el 30 de enero del presente año.
Durante el proceso, el por entonces imputado había aceptado su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado. Asimismo, durante la dación de la audiencia Tarache expresó sus disculpas a toda la familia de la víctima por lo sucedido. Sin embargo, fue una sorpresa para la sala cuando el ahora convicto exclamó que rechazaba la reparación civil propuesta por la Fiscalía.
Después de tomar conocimiento de la sentencia, la madre de Khaterine, Cinthia Machere, expresó su decepción con el pedido fiscal de 30 años de cárcel para el asesino, pues aseguró que solo estará tranquila cuando el convicto reciba cadena perpetua. De esta forma, la madre de la víctima, anunció la apelación a la sentencia, y mencionó que espera que el colegiado “recapacite”.
4. La División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), allanó los domicilios de tres fiscales cercanos a la ex Fiscal Suprema Patricia Benavides por vínculos con “Los Cuellos Blancos”.
En una intervención en conjunto de la DIVIAC con la Fiscalía a cargo del caso “Los Cuellos Blancos” se allanaron tres domicilios vinculados a fiscales, de quienes se tiene la hipótesis que serían parte de la reconocida organización criminal de “Los Cuellos Blancos”. La orden fue dada por el Poder Judicial hacia Abelardo Caycho, Angie Távara y Cristhian Alfaro, quienes eran considerados como personal de confianza durante la gestión de la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides. Según la orden judicial dada, se autorizó incluso el ingreso forzado a las propiedades de los fiscales en caso de resistencia de los implicados.
Sobre lo último, cabe resaltar que los fiscales implicados pudieron ser alertados del allanamiento de sus domicilios debido a la reciente reforma para la ley contra el crimen organizado aprobada por el Congreso de la República el pasado mes de agosto del presente año. De esta manera, los tres implicados recibieron notificaciones legales antes de que se ejecutarán los registros a sus residencias.
Uno de los implicados, Abelardo Caycho, según las fuentes, logró obtener la posición de que la fiscal ya que, la ex fiscal de la nación habría ejercido presión para que fuera considerado en la lista de los postulantes. No obstante, el Ministerio Público ha podido dar por terminado su nombramiento como fiscal.
Otra de las implicadas, Angie Távara también fue destituida de su puesto como fiscal. Cabe recordar que fue la fiscal que funcionó a manera de reemplazo para el anterior equipo especial que analizaba el caso de “Los Cuello Blancos”.
