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Derechos ambientales en debate. Los alcances del Acuerdo de Escazú a la luz de la regulación nacional

Naturaleza Jurídica 5 agosto, 2020 15:55

Por Milagros Mutsios y Camila Masini, asociadas del Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, especialistas en derecho minero y del medio ambiente, y ex miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho En setiembre de 2018, Perú formó parte del grupo de países que firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Para que éste entre en vigor, se requiere que sean 11 países los que ratifiquen el Acuerdo. A la fecha, 9 Estados lo han ratificado. Perú sería el décimo, en caso el Congreso de la República lo decida así. Mucho se viene comentando

La importancia de la incorporación de las obligaciones ambientales al compliance para cooperar con el cumplimiento de las NDC en el Perú

Regulación Ambiental 5 agosto, 2020 12:25

Andrea Morón Vera Portocarrero, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur El 2020 es un año importante y estratégico que persigue alcanzar los objetivos propuesto en el Acuerdo de París. En este escenario, los países tienen el compromiso de enfrentar el cambio climático, fijándose metas para la adaptación y mitigación de este problema global, las cuales deben estar establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC[1], por sus siglas en inglés). Las NDC son una razón más para desarrollar nuevos instrumentos con el fin de que se cumpla cabalmente las obligaciones ambientales de las personas jurídicas. Entre tales instrumentos destacan aquellos de naturaleza preventiva, es decir, los destinados a evitar un daño o

COVID en la oficina: ¿Quién es responsable si enfermamos?

Compliance: más allá del papel 5 agosto, 2020 10:00

Por Ximena Schmiel Balarezo, asociada de García Sayán Abogados. La verdadera cultura de prevención de delitos no solo se ocupa de aquellos delitos que podrían generar responsabilidad penal para la compañía, sino de todas aquellas conductas delictivas y malas prácticas que, de una u otra forma, afectan la esfera de la compañía. Ahora bien, la consulta que cae por sí sola, sobre todo ahora en el contexto que nos encontramos con una enfermedad de fácil contagio rondando en el aire, es la siguiente: ¿Como empleador hasta dónde soy responsable de la salud de mis trabajadores? ¿Podría tener ello alguna implicancia penal? Para responder esta pregunta, debemos entender que el empleador (en Perú) tiene el deber de Garante, que consiste en

El Impuesto a la Renta de las personas no domiciliadas en el Perú: buscando justicia tributaria para las personas migrantes en situación de vulnerabilidad

Espacio Sostenible 2 agosto, 2020 21:58

Por Daniella Guerrero, Gabriela Ochoa y Eduardo Rumaldo, estudiantes de la Clínica Jurídica de Personas Migrantes y Refugiadas de la PUCP, bajo la edición y supervisión de Jazmine Morales y María José Barajas, adjunta y docente de la Clínica Jurídica, respectivamente. Para agosto del año 2019, el 92.5% de migrantes venezolanos trabajaba sin percibir sus derechos laborales (1), es decir, en condiciones de informalidad. Esta, a su vez, se ve acrecentada por diversos factores, uno de ellos -desconocido por muchas personas- es el tratamiento tributario que enfrentan las personas no domiciliadas en nuestro país. Veamos la situación con mayor detenimiento: ¿Cuál es la situación actual de las personas migrantes en el Perú? Debido a la crisis económica y política que

La defensa de la justicia (ambiental) frente a las falacias

Regulación Ambiental 29 julio, 2020 11:59

Por Diego San Martín Villaverde, profesor de Derecho de la Universidad Científica del Sur La carrera de Derecho es una elección motivada por un sinnúmero de decisiones, sobre todo, pero no exclusivamente, en la época de la adolescencia. Siempre estará el clásico “no me gustan las matemáticas, entonces voy a letras” o me gustan las series televisivas sobre casos sin resolver y de tribunales, etc. Pero luego, de corte sumamente romántico, está la decisión de buscar y encontrar justicia. Para esto último ciertamente requerimos herramientas, conocimientos, experiencia y formación. Bueno, también hay que ser creativos y críticos. La justicia es un término profundo, pero el sentimiento de conseguirla a través de la argumentación es un producto del aprendizaje y de

Retos de la reactivación económica: evitar la feminización de la pobreza

La Otra Regla 28 julio, 2020 15:50

Por Marcela Paliza, egresada por la PUCP y miembro de la Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo Diversos organismos internacionales como la ONU[1] y la CIDH[2] se han pronunciado respecto al impacto diferenciado de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres, especialmente en relación al ámbito económico y al riesgo de experimentar mayores índices de violencia. Las recomendaciones que han emitido respecto al primero están ligadas a la adopción de políticas orientadas a mitigar la feminización de la pobreza. ¿Qué entendemos por ‘feminización de la pobreza’? De acuerdo con Sylvia Chant, este concepto hace referencia a “la proporción cada vez mayor de la pobreza que soportan las mujeres”[3]. Su aplicación como una herramienta para

Sobre los bienes del Estado y la posibilidad de transferir por Ley un bien de Propiedad Municipal: Comentarios de sentencia del Tribunal Constitucional

Bitácora Inmobiliaria 27 julio, 2020 16:19

Por Franco Soria Palacios, socio del área Inmobiliaria y Saneamiento de Tierras de Rubio, Leguía, Normand & Asociados ANTECEDENTES 1.1.- Respecto de la Ley N° 29674 La Ley 29674 fue publicada en el diario Oficial El Peruano el 9 de abril del 2011 y dispone: La transferencia gratuita a favor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN del terreno de propiedad de la Municipalidad de Villa El Salvador, ubicado en el Lote 1, Mz. K-3, Parcela II, urbanización Parque Industrial del Cono Sur, Villa El Salvador e inscrito en la Partida N° 12332049 del Registro del Registro de Predios de Lima. Que la SBN deberá transferirlo a favor de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la

Estereotipos de género y de discapacidad: Su impacto en el ejercicio del derecho a la salud reproductiva de las mujeres con discapacidad

La Otra Regla 23 julio, 2020 18:46

Pamelhy Valle Chacaltana, Investigadora del Grupo de Investigación en Derecho, Género y Sexualidad (DEGESE) y del Grupo de Investigación sobre la Protección Internacional de los Derechos de las Personas y de los Pueblos (PRIDEP) de la PUCP. La salud reproductiva “se refiere a la capacidad de reproducirse y la libertad de adoptar decisiones informadas, libres y responsables”[1]. De manera específica, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la CDPD)[2] incluyó una referencia explícita sobre los derechos reproductivos. El literal b del numeral 1 del artículo 23 de dicho tratado señala que los Estados deben asegurar el respeto al derecho a “decidir libremente (…) el número de hijos que quieren tener y el tiempo que

La protección del Deal en tiempos de COVID-19

Closing The Deal 22 julio, 2020 16:07

Javier García Vélez es bachiller (2013) y abogado (2015) por la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención summa cum laude, asociado del Estudio Miranda & Amado y ganador del premio Robert D. Cooter (2013) en la XVII Conferencia Anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE). El contexto actual presenta un reto para la realización de transacciones de fusiones & adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés). La incertidumbre que ha generado el COVID-19 en diferentes planos y aspectos de la economía en el país no es ajena a escenarios donde un potencial comprador decide iniciar las negociaciones para adquirir una sociedad o cuenta con un contrato firmado cuyos efectos se encuentran sujetos a la

Normas ambientales en medio de la pandemia (tercera parte): La suspensión de los plazos de las acciones de fiscalización del OEFA. El dilema del “reinicio”

Naturaleza Jurídica 21 julio, 2020 19:07

Por Cyndel Caballero, asociada en Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y especializada en temas de medio ambiente Como se ha explicado en anteriores artículos, el Decreto Legislativo Nº 1500 (el “DL 1500”) aprobó distintas medidas dirigidas a, entre otros, reactivar los proyectos de inversión pública, privada y público privada, en el marco del Estado de Emergencia declarado por el COVID-19. Precisamente, y considerando las exigencias del DL 1500, en estas últimas semanas el OEFA emitió resoluciones dirigidas a regular el aplazamiento en el pago de las multas, así como el reinicio del cómputo de los plazos administrativos suspendidos a razón de la declaración del Estado de Emergencia; en específico, los plazos de los procedimientos administrativos sancionadores (los “PAS”). En este artículo

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Entrevista | César San Martín: Tensiones sobre la prueba prohibida al interior del proceso penal

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