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El derecho contra la barbarie: una aproximación desde el poema “El viaje” de Charles Baudelaire

Por Carlos Valverde Reyes, egresado de la Facultad de Derecho de la PUCP En el texto “Derecho y Literatura: aspectos teóricos”[1], el profesor Lorenzo Zolezzi sostiene que la atracción que sentimos por los juicios podría tener tres causas[2]. La primera, relacionada al placer morboso que los seres humanos sentimos por el dolor ajeno. La segunda, vinculada a la vida como un proceso: un espacio donde nuestros pensamientos más profundos afloran, más allá de las normas que nos gobiernan. Y la tercera, tomada de Richard Posner, ligada a la escisión que existe entre las leyes y la realidad que vuelve al Derecho un fenómeno impredecible, tal como la existencia misma. Además de estas tres posturas que sugiere el profesor, queremos agregar

Sesgos de la meritocracia: el perfil del puesto y la evaluación de su cumplimiento

Por Gustavo Richarte, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), máster en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Estudios en Modernización del Servicio Civil (CEMSCI), adscrito a la Facultad de Derecho de la PUCP. Cuando Michael Young escribió en 1958 “The rise of Meritocracy”, introduciendo el término “meritocracia”, no lo hizo en términos positivos. Por el contrario, Young describía el sistema meritocrático como uno elitista y sombrío. A pesar de ello, diversos países, el Perú incluido, han ido implantando el referido sistema, entre otros momentos, para el acceso al servicio público. Así, el mérito se ha establecido como uno de los principios de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; e

La protección jurisdiccional de los intereses difusos

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) ¿Tienen protección jurisdiccional bienes jurídicos como la seguridad ciudadana, el patrimonio histórico o la lucha contra corrupción, el medio ambiente, etc.? ¿Qué son los intereses difusos? ¿Cómo se protege los intereses difusos? ¿Cuál es el fundamento o la cobertura normativa de los intereses difusos? ¿Son idóneos los procesos constitucionales para proteger los intereses difusos? Un caso concreto reciente A fines del año 2018 diversas organizaciones de derechos humanos, presentaron una demanda constitucional de amparo contra el titular de la Fiscalía de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, y Luis Alberto Germana Matta, Fiscal Superior, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, por la constante hostilización

¡Pero, no fue mi culpa! La responsabilidad objetiva en el Derecho Tributario Sancionador

Por Talía Díaz Rodríguez, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada de Miranda & Amado. El primer párrafo del artículo 165 del Código Tributario[1] regula la forma de aplicación de la infracción tributaria y dispone lo siguiente: “La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos”. (Énfasis nuestro). De esta manera, a diferencia de lo que ocurre en Derecho Administrativo Sancionador y en el Derecho Penal, en materia tributaria, se ha establecido expresamente que no

Due Diligence: Cuestiones corporativas básicas

Jorge Calle, asociado senior del estudio Garrigues con Maestría en Derecho Corporativo por IE Law school Cuando un estudiante de Derecho comienza a hacer sus prácticas pre-profesionales, uno de los primeros trabajos que generalmente hace es participar en procesos de auditoría legal o due diligence. Dependiendo de la entidad a la cual se le realiza el due diligence, el trabajo puede ser bastante arduo si es que hay mucha información por revisar y dependiendo del alcance de la auditoría. El objetivo de un due diligence es conocer la situación legal de una entidad a un momento determinado, para poder identificar y mitigar los riesgos generalmente en el marco de una transacción financiera o corporativa. De manera general, en lo que

Reseña de Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático, de Sara Mesa (Anagrama, 2019)

Oscar Alejos, asociado de CMS Grau e integrante del equipo de Derecho Administrativo y Regulación Sara Mesa no es abogada, ni escribe sobre Derecho; es periodista, cuentista y novelista. Sin embargo, ello no le impide describir descarnadamente y con precisión las vicisitudes que sufren los ciudadanos cuando encaran al aparato estatal. «Silencio administrativo» no es un manual de derecho administrativo. Es – como lo explica su autora – una crónica personal que describe las peripecias por las que tiene que pasar una persona en situación de extrema pobreza que se enfrenta a la burocracia del Estado. El título del libro puede llevar a equívocos. Como ya indiqué, no se trata de un manual de derecho administrativo. Siendo honestos, es un

¿Tiene una comunidad nativa derecho a beneficiarse de la extracción de hormigón en canteras dentro de su territorio?

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Marco Antonio Sangama Cachay, asesor legal de CEPKA ¿Tiene una comunidad nativa derecho a beneficiarse de la extracción de hormigón y de otros materiales de construcción en canteras dentro de su territorio? Esa es la pregunta que se hace un presidente de una comunidad nativa de la región San Martín, perteneciente al pueblo indígena kichwa, de donde el Municipio saca materiales de construcción. La respuesta es que sí. Se trata del caso de la Comunidad Nativa Kichwa Shapajilla[1], cuyo territorio cubre una superficie de 5814.27 ha.(58.14 km2). Como acá explica el Apu de la comunidad de nombre Alen, el municipio distrital del Pongo de Cainarachi, en la provincia de

Lo que nos dejó el Tribunal Constitucional en el 2019

Por Alberto Cruces, abogado por la PUCP, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y miembro de Perspectiva Constitucional y Claudia Lovón, bachiller en Derecho por la PUCP, asistente de investigación del IDEHPUCP y miembro de Perspectiva Constitucional El Tribunal Constitucional (TC) concluyó el 2019 realizando cambios en su gestión institucional y siendo parte nuevamente de la agitada coyuntura política de nuestro país. Así, junto al cambio en su mesa directiva y la decisión de que los ponentes de los casos fueran públicos, las audiencias y pronunciamientos a raíz del proceso competencial entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por la cuestión de confianza, y del proceso de hábeas corpus por la prisión preventiva de Keiko Fujimori fueron parte de la agenda

Balance constitucional de la crisis política del 2019

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La crisis política, derivada del conflicto entre el gobierno y la oposición parlamentaria, terminó siendo resuelta mediante la disolución del Congreso de la República. La decisión presidencial de disolver el Congreso fue consecuencia del rechazo de la mayoría parlamentaria a la cuestión de confianza planteada por el premier Fernando Zavala en el 2017 y por el premier Salvador Del Solar en el 2019, pues, tras ello, el Presidente, en uso de las facultades constitucionales, disolvió el Congreso, revocando el mandato de los congresistas, salvo el de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, y, convocó a elecciones

Entre aclaraciones y razones: a propósito de la Casación N°7086-2019-LIMA

Por Oscar Alejos, asociado de CMS Grau e integrante del equipo de Derecho Administrativo y Regulación. Existe una tendencia a realizar precisiones y aclaraciones por vía normativa. La mayoría de veces, dichas precisiones se producen respecto de aspectos evidentes, de manera que se aprueban normas con declaraciones innecesarias o superfluas. Ello sucede así con varias declaraciones de principios que son bastante obvias. Por ejemplo, cabe preguntarse: ¿era necesario regular el principio de buena fe? Sin dicha norma expresa, ¿era legítimo actuar de mala fe? Igualmente me pregunto: ¿era necesario prever expresamente el principio de razonabilidad? Antes de eso, ¿podía la administración actuar irrazonablemente?. Lamentablemente, la inercia de algunos funcionarios confirma la necesidad de dichas normas. Aun cuando estas parezcan superfluas,