Constitucional

La “afectación del orden público” como coartada para reprimir la protesta social

Por: Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en derechos de pueblos indígenas. Un argumento muy utilizado por los grupos de poder económico, por un sector de la prensa y por los propios operadores del sistema de justicia es que todas las protestas sociales afectan el orden público, y ,en consecuencia, deben ser rechazadas y reprimidas, y sus autores sancionados. No se reconoce que el ejercicio de la protesta implica el ejercicio de derechos constitucionales. Se desconoce los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH. La protesta social no es ilegal porque implica el ejercicio de derechos fundamentales. Parece que para la policía la protesta es un acto ilícito,

¿Hasta donde “enseña” el Estado?

En la última semana, se difundió el contenido de los textos escolares elaborados por el Ministerio de Educación, los cuales fueron altamente cuestionados. Sucede que en dichos textos se incluyen expresiones que atentan contra la libertad sexual y de género; asimismo, al desarrollar el tema del terrorismo ocurrido en nuestro país, se omiten las violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas. De igual manera, la inclusión de textos como ‘’La virginidad conservada’’ y ‘’¿Podemos resistir la tentación?’’, que reflejarían un pensamiento religioso y machista, han sido otra de las causas de las constantes críticas. [1] Estas modificaciones en el material educativo fueron discutidas con miembros de la bancada fujimorista y del colectivo “Con mis hijos no te metas”.

¿Existe un derecho al anonimato en Internet?

Por: Dilmar Villena Fernández Baca, bachiller en Derecho por la PUCP y membro de Perspectiva Constitucional y de la Liga Juvenil de Defensa de Internet Somos de la posición que, antes de reconocer y/o crear “nuevos” derechos para los entornos digitales, se debe analizar previamente los derechos ya existentes y ver si en estos pueden encajar las conductas o situaciones que se pretenden proteger en el ciberespacio. Si esto no resulta suficiente, el siguiente paso a realizar sería el de redimensionar un derecho, reentenderlo o reinterpretarlo a la luz de los cambios que las Tecnologías de la Información y Comunicación han introducido en la sociedad. A nuestro parecer, si recién luego de realizado este análisis, la situación jurídica cuya protección

¿Afecta los derechos humanos el “terruqueo”?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en derechos de pueblos indígenas. Se ha vuelto costumbre en un sector de la clase política en el Perú, acusar de terrorista -terruquear- a todo aquel que piense de manera distinta, o simplemente por que ejerce su derecho a la protesta o se opone a determinado proyecto extractivos. El gerente de una mega empresa minera que trabaja en el sur del país, acaba de sostener que las personas que se oponen a su proyecto minero tiene un “gen terrorista”. En definitiva, se acusa de terroristas, a personas que nunca han sido procesadas y condenadas por delito alguno, es más, nunca han sido denunciadas

Debida motivación, a propósito de la determinación de los puntos controvertidos

Por Paul Iriarte, abogado por la Universidad Alas Peruanas. A Celis Mendoza con aprecio. Si bien las herramientas de la teoría estándar de la argumentación jurídica permiten el control y la elaboración de la imputación en cuanto a la justificación interna como externa, como toda decisión judicial y la función acotante frente a las pulsiones punitivas, no es menos cierto la determinación de los puntos controvertidos que atañen a cada pretensión, por tanto toda motivación se realizara atendiendo a ello. La concepción moderna del derecho hace posible su comprensión y operatividad desde una perspectiva práctica: el Derecho como argumentación. En efecto, a su decir, ya no se trata de la pura concepción normativa que limitaba al Derecho a su plano

Enfoque Semanal: del 09 al 15 de abril

Ordenan liberación de Eduardo Saettone El 11 de abril la Sexta Sala Penal de Lima ordenó la liberación de Eduardo Saettone quien fue declarado culpable de homicidio culposo en el 2016. En el 2012, el ex conductor atropelló a María Elena Fidela Coronado mientras manejaba a excesiva velocidad, lo cual hizo que perdiera el control del auto y se subiera a la acera, donde se encontraba la víctima esperando el transporte público. El Poder Judicial revocó el primer fallo en el que se declaraba prisión efectiva a Eduardo Saettone y aceptó la apelación que indica el cumplimiento de la pena mediante prisión suspendida. Esta figura se halla regulada en el Artículo 57° del código penal. Los requisitos para otorgar este

¿Revolución caliente? El desafío peruano frente al Nuevo Constitucionalismo latinoamericano | Parte II

Entrevistador: Patricio Ato del Avellanal Carrera, miembro de Perspectiva Constitucional, abogado del Estudio Jurídico Ato del Avellanal y adjunto de Docencia en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Retomando la discusión respecto a los elementos para un nuevo proceso constituyente, ¿qué es lo que debería tomarse en cuenta para que este proceso pueda darse en el Perú? La única forma de volver a plantear las relaciones políticas en otro tipo de elementos que no sea si estamos a favor o en contra de un dictador, es avanzando hacia una capacidad para poder mirarse a los ojos, una suerte de proceso de paz en la sociedad peruana. Eso se tenía que haber hecho en

¿Revolución caliente? El desafío peruano frente al Nuevo Constitucionalismo latinoamericano

Entrevistador: Patricio Ato del Avellanal Carrera, abogado del Estudio Jurídico Ato del Avellanal y miembro de Perspectiva Constitucional. Nos encontramos en esta oportunidad con el Doctor Rubén Martínez Dalmau[1], en una coyuntura políticamente complicada para el país, dado que el Congreso de la República no deja de estar en constante tensión con el Gobierno; generando así grandes desgastes políticos en menos de dos años del periodo establecido para gobernar. Esta tensión no es nueva: el Perú viene teniendo una fuerte pugna entre fujimoristas y antifujimoristas por el poder. Desde el año 2000, Alberto Fujimori renunció a la Presidencia. En todos estos años, muchos de nuestros países vecinos emprendieron procesos emancipadores, los cuales conllevaron a la creación de nuevas constituciones, las cuales ponen

Enfoque Semanal: del 19 al 25 de febrero

1.- Nueva “Ley Pulpín” El 21 de febrero, se aprobó en la Comisión Permanente del Congreso el proyecto de ley que modifica la Ley de Modalidades Formativas. La propuesta de la congresista Rosa Bartra propone regular régimen que permita a estudiantes de institutos de educación superior tecnológica laboren en un centro de trabajo por un tiempo de horas determinado, pero sin recibir sueldo, seguro de vida o pasajes. Mediante el proyecto de ley denominado “Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo” se establece que los estudiantes podrán formars parte de este programa como máximo 48 horas distribuidas en 3 años y como máximo podrán trabajar 20 horas a la semana a límite de 4 horas al día. Todas estas horas

Aproximaciones sobre la importancia de pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Por Francisco Mamani y Héctor Navarro, estudiantes de Derecho de la PUCP y miembros extraordinarios de Thēmis. Durante las últimas semanas, se ha retomado el debate sobre la conveniencia de que el Perú haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y, a su vez, reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Si bien esta discusión no es nueva, dos hechos coyunturales han avivado la misma. Por un lado, varios congresistas cuestionaron que la Corte IDH revise el indulto otorgado a Alberto Fujimori mediante la supervisión de sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta[1], y que ordene al Estado archivar la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional