Por Enfoque Derecho.

  1. Introducción

El viernes 2 de febrero, el Congreso reafirmó su decisión a la ciudadanía una última vez: el adelanto de elecciones no sería una realidad, ante la clara incapacidad de arribar a consensos entre bancadas, puesto que sus intereses y prioridades sobre cómo enfrentar la crisis primaban por encima de las demandas de la población. Desde la vacancia del expresidente Pedro Castillo, el debate en el Pleno ha oscilado constantemente entre realizar el adelanto de elecciones generales para 2023 y 2024, con ciertas modificaciones a su planificación y ejecución, pese a que el pedido se remonta a inicios del año pasado. Lo cierto es que la división política y el desacuerdo entre nuestras propias autoridades ha entrado en auge, a medida que las movilizaciones han increment​​ado en nuestra capital y en varias regiones del país. Por ese motivo, desde Enfoque Derecho, analizaremos ambas alternativas de reforma constitucional a miras de comprobar su viabilidad y constitucionalidad en vista de nuestra gobernabilidad democrática.

2. Contexto político

Como se recuerda, el 15 de diciembre del año pasado, el ministro de Justicia, José Tello, sustentó el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones para el 2023 ante el Pleno del Congreso, con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el presidente de la ONPE; no obstante, el Congreso, a primera instancia, no aprobó la reforma constitucional. Pese a ello, se presentó una reconsideración de la decisión. En ese sentido, el 20 de diciembre, el Pleno aprobó dicha reconsideración, pero, esa misma tarde, en un segundo plano, decidió aprobar alternativamente el texto sustitutorio que disponía el adelanto de elecciones para el 2024, el cual había sido propuesto por el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado 26 de enero, Guerra García planteó que el adelanto de elecciones se llevase a cabo en octubre de 2023, a raíz de las movilizaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Es en ese sentir que, al día siguiente, el Congreso rechazó de plano el nuevo texto sustitutorio para realizar los comicios en octubre de este año; aún así, se volvió a presentar una reconsideración, la cual terminó por ser aprobada a la mañana siguiente, con lo cual se suspendió la sesión. El presidente del Congreso, José Williams pospuso en tres ocasiones el debate, ante la búsqueda de consensos sobre la fórmula de adelanto a debatir[1].

En esa línea, varios proyectos alternos resaltaron en ese lapso de tiempo, los cuales fueron posteriormente rechazados al igual que los anteriores. Por un lado, el proyecto presentado por la congresista Adriana Tudela de la bancada de Avanza País, planteaba que se convoque a elecciones generales complementarias para abril de 2024 y así, se completaría el período constitucional 2021-2026 que le corresponde[2]. De esta manera, también se proponía modificar el artículo 34-A de la Constitución, para que quienes cuentan con una sentencia condenatoria por delito doloso se vean impedidos de postular a cargos públicos[3]. Por otro lado, el proyecto del congresista Jaime Quito de la bancada de Perú Libre planteaba la convocatoria a elecciones generales para el segundo domingo de julio de 2023. Tanto los congresistas como quien asumiría el cargo de la presidencia culminarían su periodo en julio de 2026. No obstante, el proyecto también presentó la incorporación de una quinta Disposición Transitoria Especial que planteaba convocar a Referéndum Nacional para consultar sobre la aprobación a una convocatoria a una Asamblea Constituyente[4].

Finalmente, frente a todas estas propuestas, el Ejecutivo anunció, a través de un mensaje a la Nación, que plantearían una propuesta propia. El proyecto planteaba modificar el mandato de la presidencia, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en elecciones generales del 2021. De esta forma, el Congreso y la Presidencia de la República concluirán su mandato en julio de 2028; sin embargo, el proyecto fue debatido por la Comisión de Constitución y, posteriormente, rechazado el viernes 3 del presente mes.

3. Análisis.

a. Adelanto de elecciones para el 2023.

Como se ha mencionado en el acápite previo, en los últimos meses hemos visto tanto propuestas de adelanto de elecciones generales para el 2023, como para el 2024. Para poder plantear un análisis sobre lo que el presente portal de actualidad jurídica considera idóneo dada la coyuntura, debemos iniciar planteando un análisis sobre el adelanto de elecciones para el 2023. Por un lado, jurídicamente se ha mencionado que sí es viable llevar a cabo las elecciones en el presente año siempre y cuando se apruebe el adelanto de elecciones vía reforma constitucional. Tal cual lo menciona el ex secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electoral, Fernando Velezmoro, “si hay voluntad política del Congreso, pueden realizarse las modificaciones constitucionales para el acortamiento del periodo de gobierno”. Es decir, existe la posibilidad de que —a través de la realización de reformas electorales y políticas necesarias— se lleve a cabo el adelanto de elecciones para el 2023, pero esto no es todo lo que debemos analizar si de legalidad hablamos.

Nancy Vidal Rodríguez, abogada constitucionalista de la PUCP, sostiene que es una preocupación que no solo muchos constitucionalistas tienen, sino una premisa que ha preocupado a la población en general. Ella asevera que constitucionalmente corresponde convocar a elecciones generales según establecido por ley con una anticipación no menor a 9 meses (270 días) a la fecha del acto electoral. Todo esto bajo un contexto de una situación ordinaria; empero, frente a una situación extraordinaria como la actual, es sumamente necesario analizar todas las posibilidades existentes y de reforma para poder convocar elecciones y acortar plazos, tal cual lo menciona la constitucionalista para el diario La República[5].

Por otro lado, aunque jurídicamente se considere menos relevante, socio-políticamente el clamor ciudadano es importante y debe ser tomado en cuenta. Pues el adelanto de los comicios electorales es algo que se ha venido escuchando desde hace ya bastante tiempo y; de hecho, se ha intensificado. Plantear un adelanto de elecciones generales permitirá aliviar la presión que existe actualmente en el sistema político debido a las crecientes protestas sociales. Como lo menciona el portal BBC[6], las protestas que se vienen dando a lo largo de todo nuestro territorio tienen diversos pliegos de demandas que coinciden en una sola frase: “Que se vayan todos”. El mismo portal cita al IPE, Instituto de Estudios Peruanos, quien asevera que casi un 75% de la población quiere que las elecciones tengan lugar lo más pronto posible.

b. Adelanto de elecciones para el 2024

“Sin reformas, no puede haber elecciones”, es el dicho de quiénes se oponen flagrantemente al adelanto de elecciones durante este año. En principio, la razón radica en sostener que la crisis política debe ser resuelta mediante el fortalecimiento de nuestras instituciones a través de reformas constitucionales que atiendan la crisis política. En ese sentido, de acuerdo con el congresista no agrupado Edward Málaga, la modificación de los plazos por parte de la bancada de Fuerza Popul​​ar en su momento, impediría que se lleven a cabo las reformas electorales y políticas que garantizarían la gobernabilidad. “Cuando hablábamos hace unos meses sobre cómo salíamos de la crisis, estaba todavía el señor Castillo en el Gobierno y yo decía que teníamos que observar tres pasos: la vacancia, las reformas y el adelanto de elecciones. La prioridad son las reformas”, indicó Malaga[7].

Lo cierto es que también no sólo debemos c​​aer en cuent​​a de la necesidad de reformas, sino en la propia imposibilidad de realizar elecciones en 2023 sin reformas. De ese modo, el constitucionalista Heber Joel Campos, señaló que según el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, l​​as elecciones se convocan con 270 días de anticipación; por lo que obligatoriamente el adelanto tendrí​​a que ser aprobado antes de marzo de este año. Por ello, cabe preguntarnos, ¿existe consenso parlamentario para que se apruebe el adelanto para ese entonces? Tan solo revisando el segundo acápite del presente Editorial, damos cuenta que seis de varios proyectos de reforma constitucional para un posible adelanto han ‘quedado en el aire’ ante los intereses difusos de las bancadas.

En esa línea, Fernando Velezmoro, ex secretario general de la ONPE,  mencionó que las elecciones complementarias pueden servir como ejemplo, puesto que se realizaron en un periodo de cuatro meses – desde el 30 de septiembre de 2019 (disolución del Congreso) hasta el 26 de enero de 2020 (elecciones congresales); no obstante, Velezmoro opinó que, para ello, deben existir etapas mínimas que aseguren resultados mínimamente legítimos y aceptables, lo cual puede tomar más de cuatro meses (incorporación de nuevos partidos, plazos para renuncias y nuevas afiliaciones, y un proceso democrático interno de elecciones). Evidentemente, lo mínimamente legítimo y aceptable solo terminaría agravando más la crisis política, ante un escenario en el que los partidos no gocen de elecciones primarias y se orienten por cúpulas partidarias[8].

Por otro lado, Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, opinó que no son viables las elecciones en 2023, puesto que un proceso electoral requiere como mínimo un año entre su convocatoria y realización, tomando en cuenta el diseño institucional, normas y plazos de ley. De esa manera, con los factores de la ampliación de la legislatura, la aprobación y publicación de la reforma constitucional, y la convocatoria a elecciones, no se está calculando que mientras más se demore el Congreso, la viabilidad del cronograma electoral para 2023 peligra. De ese modo, Tuesta y Martín Cabrera, especialista de 50+1, coincidieron en que las elecciones para 2024 serían más viables, puesto que habrían reglas claras en el transcurso del calendario electoral, así como un proyecto con reformas pertinentes, consecuentes y necesarias[9].

4. Reflexiones finales.

En suma, consideramos que ante la propia legislación electoral, la democratización interna y la estabilidad de las agrupaciones, y, más importante aún, la realización de reformas políticas y constitucionales que respondan adecuadamente a la crisis que venimos viviendo desde 2016, lo ideal hubiera sido tener las elecciones generales en 2024; no obstante, nuestra realidad es otra. El clamor social que reclama cambios estructurales, la permanente incapacidad de nuestros representantes de alcanzar consensos y su vigente desaprobación desde su inicio de gestión, nos lleva a concluir que se deben llevar a cabo las elecciones lo antes posible.

Evidentemente, ello implica que se respeten los plazos electorales paraque los resultados sean legítimos, democráticos y representativos; así como el re​​alizar reformas mínimas que permitan a los partidos operar su oferta política mediante elecciones primarias y restringir a las personas sentenciadas por delitos dolosos graves o con procesos en curso, no puedan postular a cargos públicos, puesto que es momento que las instituciones retomen la confianza de la población a través de un esfuerzo conjunto que fortalezca nuestro Estado de Derecho.

Asimismo, consideramos relevante mencionar que las elecciones no deben gozar de un carácter complementario, ante las propuestas que los mandatos de los nuevos funcionarios acaben en 2026. Esto se debe a que si son reformas lo que necesitamos para enfrentar la crisis, un periodo presidencial y parlamentario de menos de tres años no es suficiente para atender adecuadamente las demandas sociales y la crisis política. Es sumamente necesario que se goce del periodo previsto por nuestra Carta Magna para consolidar nuestra gobernabilidad, ante un escenario extraordinario, irreversible e irresistible. Es incierto lo que le depare a un posible adelanto de elecciones, pero lo cierto es que la voz de la población, por más que estemos de acuerdo o no, debe ser canalizada como la finalidad de nuestro ordenamiento jurídico.


Fuentes:

[1] Publicación de Enfoque Derecho del 31 de enero.

[2] https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/02/03/adriana-tudela-presenta-proyecto-de-adelanto-de-elecciones-generales-complementarias-abril-de-2024-284808

[3] https://www.infobae.com/peru/2023/02/02/avanza-pais-propone-adelanto-de-elecciones-y-referendum-para-evitar-que-sentenciados-por-terrorismo-secuestro-u-homicidio-postulen-a-la-presidencia/

[4] https://larepublica.pe/politica/congreso/2023/02/02/jaime-quito-propone-adelanto-de-elecciones-en-julio-de-2023-referendum-asamblea-constituyente-135282

[5] https://larepublica.pe/politica/2022/12/20/adelanto-de-elecciones-es-viable-para-este-2023-dina-boluarte-congreso-de-la-republica-pedro-castillo-atmp

[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64498215

[7] https://rpp.pe/politica/congreso/edward-malaga-en-contra-de-adelanto-de-elecciones-para-2023-porque-impediria-realizar-reformas-noticia-1462791?ref=rpp

[8] https://larepublica.pe/politica/2022/12/20/adelanto-de-elecciones-es-viable-para-este-2023-dina-boluarte-congreso-de-la-republica-pedro-castillo-atmp

[9] https://elcomercio.pe/politica/adelanto-de-elecciones-2023-o-2024-que-reformas-minimas-deben-realizarse-analisis-dina-boluarte-congreso-noticia/?ref=ecr

 

Editorial escrito por Adriana García Montoya y Felipe Núñez del Prado Chaves.

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