Uno de los personajes secundarios más recordados de las caricaturas, es sin duda Pilón, aquel gordito que aparecía en “Popeye, el marino”, el cual tenía por costumbre, llegar a restaurantes, pedir unas cuantas hamburguesas, comer, solicitar la cuenta, y al final decirle al cajero: “Con gusto le pagaré el martes”, generando una persecución de la que siempre salía ileso.
Con seguridad, la conducta del personaje no resulta agradable para mucha gente, de hecho, usted educará a sus hijos de forma que no se conviertan en futuros Pilones. Sin embargo, hay otros para los cuales la conducta del mismo, parece ser digna de emular y de convertir en Ley.
Aunque usted no lo crea, el congreso de Colombia está a punto de aprobar una ley por medio de la cual se reforma la Ley general de Educación, la que institucionalizará el “derecho a no cumplir los contratos educativos en los términos fijados”, ello en razón a que, deja claro la prevalencia del derecho a la educación de los estudiantes sobre los derechos económicos de las instituciones educativas (IE).
En este sentido, el proyecto, estipula que, la entrega de títulos dependerá única y exclusivamente del cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por las IE; prohíbe la retención de títulos en caso de que el estudiante tenga deudas, si por ”justa causa” no pueden pagar; para ello deberá demostrar que: ocurrió un hecho que afecte económicamente a quien paga la matrícula, probándolo por cualquier medio probatorio, excepto la confesión; y demostrar que adelantó las gestiones necesarias para lograr el pago de la deuda.
El proyecto se fundamentó en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional que en varias ocasiones ha amparado el derecho a la educación de forma excepcional cuando los estudiantes no han podido cumplir con sus obligaciones pecuniarias, permitiéndoles obtener sus títulos, pero salvaguardando el derecho de las IE a recaudar sus acreencias, lo que según los congresistas, se podría hacer por medios judiciales; con lo cual, parecen olvidar ellos, se aumentarían los costos de transacción de las IE, al tener que verse forzadas a acudir a la justicia para cobrar algo legítimo. Lo peor, con esta ley, aquello que se concibió como algo excepcional vendría a ser la regla, lo cual lejos de beneficiar a los estudiantes los perjudicará.
La ley a nuestro juicio, además de no ser precisa en temas como, qué se entiende por justa causa, como lo hace la ley laboral, o qué son gestiones necesarias para el pago; generaría incentivos incorrectos, pues en primer lugar, favorecería comportamientos oportunistas de quienes se matriculen y luego traten de justificar el no pago, lo que generalizaría la idea de que cumplir los contratos no es importante, un desvalor socialmente indeseable, que afecta a las IE al reducirles su capacidad de recaudo y por tanto de brindar una mejor educación, y que de otro lado, hace que la educación, en especial la privada, se vuelva más cara, impidiéndoles a más personas acceder a ella, pese a los valores agregados que la misma pudiera ofrecer.
Frente a esto último, es evidente que de aprobarse la ley, el sector educativo privado tomará medidas frente a potenciales incumplimientos, pues incurrirá en nuevos costos financieros, los cuales serían pagados por todos los estudiantes, cumplidores o no, quienes verían subir el precio que pagan por sus estudios, pues las instituciones para evitar las mermas de sus recursos, podrían exigirles, por ejemplo, que adquieran un seguro de cumplimiento, para que en caso de no pago el riesgo se traslade a las aseguradoras, las que por no estar cobijadas por la ley podrían recobrar inmediatamente los valores adeudados por los estudiantes.
Lo dicho, muestra la inconveniencia de esta ley, y como la misma carece de un estudio de la relación costo – beneficio, pues con ella, como lo dice el tratadista peruano Alfredo Bullard se establece “un financiamiento forzado, que limita la libertad y, sobre todo, nos invita a la irresponsabilidad”.
En definitiva, creo que nuestro país requiere más gente cumplidora y menos Pilones, para generar confianza y respeto entre las partes de un contrato, a fin de lograr transacciones más eficientes. Así, si el Estado, como es su deber, quiere garantizar que todos tengamos a una educación de calidad, debería crear un fondo que se dedique a pagar los saldos pendientes de los estudiantes morosos con las IE, y luego recobrárselos, en lugar de afectar a los participantes del sistema con medidas como las de la futura ley.
