Editorial | ¿Cantidad sobre calidad? Viabilidad de las propuestas legislativas presentadas en el Congreso de la República

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Por Enfoque Derecho

  1. Contexto

La democracia se ha banalizado en nuestro país. Desde hace ya un tiempo en el Congreso se vienen presentando proyectos de ley de todo tipo. Populistas, inconstitucionales, necesarios, inviables, útiles o “con nombre propio” son algunos calificativos aplicables a las propuestas legislativas que ingresan diariamente a la Mesa de Partes del Congreso.  Tan solo en el año 2023 fueron analizadas 2.730 iniciativas legislativas bajo el argumento de que son de interés público o necesidad nacional.

Vale decir, el ideal de democracia deliberativa, desarrollada en su momento por Habermas[1] como mecanismo orientado a la resolución de problemas y conflictos sociales, ha sido afectado por proyectos tales como aquellos que buscan que se declare el “Día del pan peruano” (PL No. 6730/2023-CR – Perú Libre), el “Día nacional de la concha de abanico” (PL No. 6374/2023-CR – Renovación Popular), o que se cambie el nombre del Ministerio de Cultura por “Ministerio de Interculturalidad” (PL No. 8434/2023-CR – Perú Libre). Esto último, según la reciente propuesta de Waldemar Cerrón de fecha 19 de julio.

De igual modo, el pasado 15 de febrero se presentó el Proyecto de Ley No. 7046/2023-CR (Acción Popular), que propone la reapertura del penal “El Frontón” a fin de hacer frente a la inseguridad ciudadana y hacinamiento en las cárceles.  Tal alternativa, como en su momento expusimos[2], se trataría de una medida simbólica cuyos excesivos costos se podrían evitar.

A primera vista, este tipo de proyectos de ley son prescindibles y no hacen más que generar una apariencia de “arduo” trabajo en el Congreso de la República. A saber, se gastan recursos de manera innecesaria; pero, sobre todo, se trastoca la democracia y el principio deliberativo que busca garantizar un debate jurídico adecuado según las necesidades de la población.

Sin embargo, esto no es lo más grave de la situación legislativa en el país. De hecho, en el Congreso también se han venido presentando y discutiendo proyectos inconstitucionales. Por ejemplo, la Comisión Permanente recientemente aprobó la “Ley de Amnistía”, que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2002[3]; y, a fines del año pasado, se promulgó por insistencia la Ley No. 31990 que debilita el proceso de colaboración eficaz, pese a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo[4].

Ahora bien, lo mencionado son solo algunos ejemplos de los proyectos innecesarios o inconstitucionales que se han venido impulsando en el Congreso. De este modo, en Enfoque Derecho consideramos que los congresistas deben actuar con responsabilidad legislativa y ejercer una verdadera representación social mediante proyectos que de manera viable mejoren la calidad de vida de los peruanos.

  1. Desarrollo

Es de conocimiento público que el poder legislativo se encarga de la creación de leyes que serán de utilidad para el interés público. Como se ha mencionado con anterioridad, este órgano es el ente que se encarga de regular las diversas propuestas que pueden surgir a razón del contexto social, económico o político que socava a la nación. Es así que, en base a lo establecido en los artículos 51 y 107 de la Constitución y el artículo 67 del Reglamento del Congreso, los legisladores tienen la responsabilidad de plantear y crear leyes que mejoren la vida de los ciudadanos y respeten el marco constitucional vigente.

Bajo esa línea, las iniciativas legislativas deben contar con determinados requisitos, tales como una debida estructura, redacción, lenguaje y sobre todo, viabilidad y fundamentación jurídica. Con respecto a esta última, la fundamentación debe incorporar, asimismo, un análisis de la constitucionalidad o legalidad de la propuesta planteada, así como su coherencia con las demás normas vigentes en el ordenamiento jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados internacionales ratificados por el Estado.

Asimismo, se debe hacer hincapié en el análisis argumentativo de las propuestas, puesto que en los últimos años han incrementado significativamente las iniciativas legislativas presentadas por el parlamento, las cuales, en su mayoría, carecían de un sustento jurídico razonable. Es así que, tan solo entre el periodo del año 2016- 2021, se presentaron 7.602 proyectos de ley, de los cuales más del 65% de los mismos no fueron aprobados por no ser viables o carecer de sustento.

Como consecuencia de lo mencionado, el Congreso ha demostrado carecer de responsabilidad legislativa, en tanto que presentar proyectos de ley que no cumplen con estos criterios muestra una falta de seriedad en el ejercicio del poder legislativo y socava la confianza pública en las instituciones democráticas. Ciertamente,  nuestro modelo democrático no se orienta al prototipo de una democracia directa, por lo que no se podría afirmar que los congresistas son la “boca del pueblo”; sin embargo, no por ello se debería considerar al Congreso como un espacio aislado y donde el desempeño en el ejercicio de la función pública pasará desapercibido.

En ese sentido, cabe resaltar la importancia que se le debe  adjudicar a la responsabilidad legislativa, en tanto es el pilar fundamental de todo el sistema democrático. Es así que, la creación innecesaria de leyes que no solo no estén direccionadas hacia el bienestar de la población, sino que también infringen el marco constitucional vigente, refleja una desconexión con las necesidades de la población y se pierde la legitimidad en el sistema político. Sin embargo, la poca legitimidad social del Congreso no solo se debe a la presentación de proyectos de ley cuestionables, sino que también al propio comportamiento de los congresistas al afirmar, por ejemplo, que su sueldo no les es suficiente. De hecho, esta premisa motivó el aumento de la asignación por función congresal en más de S/ 3,000 en abril de este año; pasando de percibir mensualmente S/7, 617.20 a S/11,000 por este concepto remunerativo[5].

Bajo esa línea, en el año 2023, según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruano[6], 9 de cada 10 peruanos deslegitimaron al Congreso y rechazaron renuentemente su desempeño. En gran parte, esto se debe a que lo consideran como una institución que causa “gracia” por la poca seriedad que genera; tanto por el comportamiento de sus miembros como por la falta de utilidad de sus propuestas. Ahora bien, la percepción de irresponsabilidad legislativa puede fomentar un clima de inestabilidad política. Por tanto, los ciudadanos pueden volverse más susceptibles a movimientos populistas o autoritarios que prometen una acción más decisiva y aparentemente responsable.

Asimismo, la presentación de proyectos de ley populistas, ineficaces y/o inconstitucionales consume recursos significativos, tanto en términos de tiempo como de dinero público. Los recursos humanos y financieros del Congreso, que incluyen a los legisladores, asesores legales y administrativos, se utilizan en la redacción, discusión y revisión de proyectos que, al final, no aportan beneficios reales a la ciudadanía. En buena cuenta, este uso ineficiente de recursos por parte del Congreso genera distracción respecto de otras iniciativas que podrían tener un impacto positivo y tangible en la vida de los peruanos.

A saber, la gran mayoría de las iniciativas legislativas no tendrán impacto en la calidad de vida de la población, ya que ―cuanto menos― carecen de estructura, fundamentación, rigurosidad legal y, en algunas ocasiones, ha sucedido que parlamentarios plagian sus proyectos de ley en base a meras repeticiones de iniciativas pasadas o, incluso, algunos de ellos utilizaron la Inteligencia Artificial para su creación[7].

Todo lo mencionado atenta contra del principio de eficiencia, el cual si bien se trata de un principio característico del Derecho Administrativo, en este editorial consideramos que se debería aplicar para todos los órganos del Estado. De acuerdo con Vaquer,  el concepto de la eficiencia ofrece criterios de optimización para la consecución de fines diversos con medios determinados; de manera que, se logre alcanzar el objetivo (2011). Por tanto, los parlamentarios deben asegurarse de que cada proyecto de ley que presenten esté bien fundamentado, sea relevante y tenga un impacto positivo y tangible en la sociedad. Solo así se podrá garantizar un uso óptimo de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible para el país.

De lo contrario, al centrarse en proyectos de ley que no tienen viabilidad práctica o que son contrarios a la Constitución, se desvía la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país. Esto incluye cuestiones como la economía, la seguridad, la educación y la salud, entre otras. En consecuencia de lo mencionado, afirmamos que la aprobación de leyes inconstitucionales puede generar inseguridad jurídica y conflictos legales. Aquello en relación a que los ciudadanos son afectados directamente por estas medidas, lo que genera resentimiento y burla hacia este parlamento.

  1. Reflexiones finales

La preponderancia de la cantidad por sobre la calidad, e inclusive, la presentación de proyectos abiertamente inconstitucionales que eventualmente no serán aprobados por el Pleno, serán observados por el Ejecutivo o derogados por el Tribunal Constitucional, no hacen más que generar un gasto de recursos innecesario. De igual modo, la falta de responsabilidad legislativa y la desconexión social son aspectos que caracterizan al actual Congreso de la República.

Ciertamente, esto no se trata de un problema nuevo, sin embargo, esperamos que futuras generaciones se interesen genuina y honestamente por la política a fin de generar un cambio desde uno de los principales órganos llamados a forjarlo. Solo de esta manera, creemos, se podrá conciliar a la población con sus representantes legislativos y el Estado de derecho será más sólido y eficaz que nunca.

Editorial escrito por César Loyola y Marialitz Fasshauer


Referencias: 

[1] Habermas, J. (1981). La teoría de la acción comunicativa. Editorial Trotta.

[2] https://enfoquederecho.com/editorial-reapertura-del-penal-el-fronton-solucion-poco-viable/

[3] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20240705-per%C3%BA-congreso-aprueba-ley-que-prescribe-cr%C3%ADmenes-de-lesa-humanidad-pese-al-rechazo-de-la-corteidh

[4] https://elcomercio.pe/politica/congreso/en-vivo-congreso-insistencia-dictamen-que-golpea-el-proceso-de-colaboracion-eficaz-pleno-video-paso-elecciones-internas-fin-de-legislatura-noticia/

[5]https://rpp.pe/politica/congreso/congresistas-tendran-aumento-por-funcion-congresal-cuanto-ganan-y-cuantas-remuneraciones-reciben-noticia-1551234

[6]https://www.dw.com/es/iep-congreso-de-per%C3%BA-es-rechazado-por-91-de-la-poblaci%C3%B3n/a-65129170

[7]https://elcomercio.pe/politica/congreso/congresista-chatgpt-admite-que-no-leyo-proyecto-de-ley-y-culpa-a-su-asesor-por-copiar-y-pegar-texto-de-ia-paul-gutierrez-ultimas-noticia/