Por Enfoque Derecho
El 31 de octubre del presente año se inició de manera esperanzadora la COP 26 (Conferencia de las Partes), la cual tiene sede en Glasgow. Esta conferencia está liderada por las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene como fin buscar consensos entre los diferentes países partícipes por medio de los cuales se pueda frenar el cambio climático. Se dice, además, que esta será fundamental para lograr un cambio sustancial, debido a que si no se realizan modificaciones actualmente respecto a los niveles de contaminación, se generará un daño irreversible en nuestro planeta.
En esta línea, Enfoque Derecho, en el presente editorial, analizará la situación ambiental del Perú y los compromisos, aciertos y desaciertos que se han venido realizando respecto a la COP21. Asimismo, ahondaremos en los importantes roles que poseen los representantes políticos que actualmente se encuentran en Glasgow y la inasistencia del actual presidente a esta conferencia.
- La contaminación al nivel integral y del Perú como problemática ambiental
Tras el reciente llamado de atención que se realizó por medio del video difundido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el cual Frankie, el dinosaurio, critica a los humanos por buscar su propia extinción debido a la masiva subvención de combustibles fósiles, es pertinente analizar la contaminación ambiental a nivel general y cómo esta se ha ido desarrollando a través de los años. De acuerdo con un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en nuestro planeta se evidencia una triple crisis ambiental. En primer lugar, se encuentra en un proceso de cambio climático, el cual implica un aumento de temperatura de al menos tres grados. Por otro lado, millones de especies vegetales y animales actualmente se encuentran en peligro de extinción debido a factores humanos como la caza indiscriminada y la deforestación. Finalmente, este informe evidenció que la cantidad de fallecimientos prematuros a causa de la contaminación ambiental es de un total de nueve millones.[1]
Debemos tener en cuenta que, tras la pandemia originada por el COVID 19, el consumo de plástico se ha exacerbado. Esto debido a la producción masiva de mascarillas desechables, protectores faciales, guantes, botellas plásticas desinfectantes, recipientes desechables, etc. En tal sentido, si bien se ha tenido que emplear estos suministros a fin de mitigar los contagios y evitar múltiples fallecimientos a causa de este virus, es un hecho claro que los residuos que se están generando actualmente van a ser una problemática que próximamente vamos a tener de afrontar.
Además, se debe enfatizar que la producción actual de productos de plásticos se ve favorecida por los bajos precios del petróleo, razón por la cual resulta más conveniente generar nuevos utensilios desechables que producirlos por medio de materiales reciclados. Este acontecimiento genera consecuencias contraproducentes para nuestro planeta, debido a que el plástico no es un material biodegradable, razón por la cual es posible su “desecho” a través de la incineración, práctica que genera altas producciones de CO2 y toxinas que facilitan el cambio climático[2]. Del mismo modo, son comunes las fugas que se generan en el proceso de extracción y transporte del petróleo, las cuales afectan gravemente a diversos ecosistemas.
Ahora bien, los fundamentos por los cuales es esencial que se realicen cambios para mitigar la contaminación ambiental y el cambio climático, como tema central, son las consecuencias negativas que estos generan en nuestros ecosistemas. Así, en un futuro se podría dificultar el acceso al agua debido al aumento de sequías, o la evaporación de los lagos a causa de las altas temperaturas. Por otro lado, el aumento del nivel del mar, a causa del derretimiento de glaciares, incrementaría los riesgos de inundaciones en los países costeros. Del mismo modo, los cambios de temperatura y la modificación de ecosistemas facilitan la extinción de especies animales y/o vegetales, las cuales, muchas veces, son fuentes de consumo y medios de trabajo de los humanos.
Con relación a nuestro país, de acuerdo con el reporte del World Air Quality del 2018, el Perú se encuentra mundialmente en el puesto 22 como el país con mayor grado de contaminación ambiental[3]. Cabe enfatizar que si bien, en comparación con las demás naciones, nuestro país no emite altos niveles de CO2., ello, como bien se ha afirmado, no implica que nos veamos afectados por la crisis climática. Así, Enfoque Derecho contactó con la especialista en Derecho Ambiental, Minero y Energético, Wendy León, la cual comentó que a pesar de no ser responsables de las grandes emisiones de combustibles fósiles “nuestro país es altamente vulnerable a las consecuencias de la crisis climática y una de las razones es su característica biodiversidad”.
Asimismo, una problemática fundamental en el Perú, respecto a la conservación ambiental es la deforestación de los bosques, razón por la cual aún cuando nos encontrábamos en una etapa de inmovilización debido al COVID-19, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) continuaron con sus actividades y lograron incautar grandes cantidades de madera que se trasladaba de manera ilegal por los ríos de la Amazonía.[4]
- El rol del Estado y de la empresa privada
Sin duda alguna, el rol de las empresas debe ser vital para mantener un status quo o cuando menos mitigar el impacto ambiental, en vista que según cálculos de diversos analistas la contaminación en mayor densidad es causada por las empresas en sus diversas áreas de intervención. Más aún, este impacto se denota en las capitales de los países latinoamericanos; en ese sentido, es que los stakeholders empresariales fungirán como agentes de cambio dada la política ambiental, que es de vital trascendencia para la protección ambiental.
Hoy en día, las empresas peruanas realizan diversos esfuerzos para ser sostenibles y responsables frente al impacto climático. Por ejemplo, implementan tecnología de última generación para minimizar su impacto casi a cero. En razón a ello, más de un cuarto de los inversionistas en todo el mundo ya toman como algo valioso la gestión sostenible. Así mismo, las compañías ya no se orientan a ser eco amigables por un tema filantrópico, más al contrario toman estos principios como ejes fundamentales de su desarrollo económico; es por esta estrategia de negocio que les es rentable, frente al mercado como con sus políticas de responsabilidad empresarial. Del lado contrario, también se debe indicar que las organizaciones que no se concentran en el impacto ambiental que generan, concurren en más riesgos y pierden oportunidades en el mercado.
Así como se ha resaltado las buenas prácticas empresariales y su lucha responsable para cuidar el ambiente, también debemos señalar aquellas que no contemplan ningún tipo de práctica medio ambiental, más al contrario, son estas empresas las que se centran en no cumplir ningún parámetro ni jurídico ni ético para con el ecosistema que los alberga. Ejemplos como estos los encontramos usualmente en las empresas informales, que sumados las infracciones al derecho laboral, irrespeto a las normas de salubridad e incluso en algunos casos caso omiso a las normas municipales o lo que es peor transgresiones a derechos fundamentales de las personas, suman un pastón más a su larga lista de impíos actos.
Recordemos puntualmente situaciones como la minería ilegal en Madre de Dios, actividad que viene deforestando hectáreas de selva en busca de conseguir recursos minerales escasos como el oro, mediante el uso de dragas y elementos químicos lanzados al antiguo río “amarumayo” o “río de la serpiente” nombre conocido por los antiguos peruanos, que a la actualidad viene contaminando poco a poco.
Otra situación que atañe a empresas formales son los desastres naturales que en muchos casos no son previstos o visibilizados, en esa línea, es primordial decir que la responsabilidad es directa de las empresas, las cuales deben tomar todas las medidas para reducir estos impactos.
Ahora bien, por los datos y situaciones sugeridas anteriormente, es que se prevé que tanto las empresas como los stakeholders tienen un papel que incrementa la contaminación, esto a dependencia de la actividad que realicen, pues el ambiente que nos rodea está íntimamente relacionados a la salud. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el entorno de trabajo o el interior de nuestras viviendas o las instituciones donde recurrimos tienen una gran implicación en nuestro bienestar y nuestra salud. Por ese motivo, la adecuada calidad o la salubridad de nuestro ambiente resulta vital para una buena salud de las personas y animales.
Tampoco es un secreto para la colectividad que muchas empresas no respetan la legislación pertinente al cuidado ambiental o los cuerpos normativos de aplicación a este tema, es por ello que desde este espacio es necesario hacer un hincapié de reflexión en vista que esta situación no es superficial. Al margen de lo declarado últimamente desde Glasgow en la COP 26, es casi cotidiano ver situaciones de alteración ambiental en nuestro medio, de lo cual en muchos casos son responsables las empresas. Es por este planteamiento que son necesarias políticas firmes por parte de los entes gubernamentales, sumados a la voluntad política y presión social para que estas empresas con una perspectiva negacionista cumplan con la reglamentación.
- Ley internacional y nacional: niveles de protección y sanciones actuales
Los expertos en derechos humanos de la ONU reunidos en una cumbre en Ginebra, realizada el año pasado, acogieron con satisfacción la pronta entrada en vigor del primer tratado de derechos humanos sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú; dicho acuerdo fue elogiado, además de ser considerado un pacto innovador para luchar contra la contaminación y asegurar un medio ambiente saludable.
A criterio internacional este no sería el único acuerdo de protección frente al preocupante cambio climático, más aún sabiendo que está amenazada esta ingente y palpable en la actualidad, esto ratificado por los inestables cambios de clima en la atmósfera, así como los incendios forestales incontrolables o la desglaciación en los polos o en los picos nevados presentes en los países trasandinos. Ergo, debemos recordar que los acuerdos previos tenían una característica preponderante para el momento de su elaboración, sin embargo, en ese momento, se hablaba de un futuro al que cuidar, situación que ha cambiado dramáticamente, dado que ese futuro es el presente; presente que atenta contra nuestra especie si es que no cambiamos nuestros hábitos de vida.
Es válido recordar a este punto algunos el “Protocolo de Montreal” o el “Protocolo de Kyoto”, mismos que serán analizados posteriormente. Estos esfuerzos al igual que muchos otros han sido implementados en algunos países de manera férrea; sin embargo, muchos de los otros no han tomado una posición de cuidado a la naturaleza, más al contrario, los titulares de derecho (en casos particulares) tomaron una posición de evasión a estos acuerdos priorizando el estatus económico.
Los acuerdos a los que se arriben en la COP 26 son de trascendencia y deberían tener un carácter que incluye fuertes salvaguardias para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, en un momento en que están sujetos a niveles de violencia sin precedentes, esto a razón de amenazas a su actividad e incluso a su vida.
Si bien es cierto, que el panorama que se ve en la COP 26 es de esperanza, dado que los tratados, acuerdos y políticas puedan servir de modelo para que otras regiones mejoren la cooperación y movilicen esfuerzos para una mejor gobernanza de los recursos naturales y la protección del medio ambiente a través de la transparencia, pero por sobre todo acción y voluntad política, al momento de asegurar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado y sostenible.
Un punto aparte es el papel que juega PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), mismo que se estableció por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972, teniendo como tarea dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la Conferencia de Estocolmo. Este programa, además, tiene como tareas fundamentales analizar y evaluar el estado del medio ambiente en el mundo, así como fomentar el marco jurídico internacional para implementar el desarrollo sustentable, controlando el cumplimiento de los acuerdos internacionales y los principios ambientales.
Hasta este punto queda entendido que la cooperación internacional es clave en los esfuerzos realizados para el cumplimiento de los objetivos trazados en la COP 26, dado que son hitos claves en el desarrollo de la dinámica ambiental para consolidar un medio ambiente digno para el desarrollo de la vida humana.
Poniendo en contexto lo antes dicho, también se debe indicar que estos acuerdos no tienen fuerza vinculante, más aún sabiendo que el esfuerzo de unos cuantos países en muchas ocasiones se verá aplacado por la actividad industrial o económica de las potencias mercantiles o de los polos de producción comercial, quienes a todas luces son los más llamados a cumplir con estos acuerdos, hecho que no siempre es tangibilizado.
- ¿Cuáles son los pactos que el Perú se ha comprometido a cumplir respecto a la contaminación ambiental?
Sin lugar a dudas el desarrollo medio ambiental en Perú ha sido desarrollado en vista de los cuerpos jurídicos internos, los cuales son de aplicación irrestricta, aúnque el menester de este punto es desarrollar aquellos cuerpos legales que tienen capacidad vinculante pero desde el espectro de la esfera internacional.
Como es sabido, el Perú tiene por mandato constitucional la aplicación de los acuerdos que firma bajo el amparo del art. 55 y de la IV disposición final y transitoria. Dicho esto es válido mencionar también, la teoría monista a la que el Perú hace referencia en cuanto a la aplicación de los tratados internacionales.
Por ello, Enfoque Derecho tuvo una entrevista con el profesor Juan Carlos Díaz Colchado, master en Derecho Constitucional y profesor de esta rama del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, quién hace referencia al gesto que significa la inasistencia del presidente Castillo a una cumple de tal importancia como la COP 26; “la presencia del presidente de la República en un evento como la COP 26 no deja de ser relevante, dado que es muy importante que hubiese estado ahí. Es una lectura política, por que la presencia del mandatario es quien representa a la nación, con lo que se indica el grado de interés que se tienen desde el gobierno peruano”. Ante este marco es que cabe la pena preguntarse ¿tiene algún impacto los acuerdos tomados en Glasgow dentro del marco constitucional?
Ante esta interrogante, Díaz Colchado, refiere que la importancia es directa toda vez que se enmarca en la presencia de derechos que están sumados en la constitución dentro del primer capítulo de nuestra carta magna, mas aun sabiendo que el ambiente es un bien protegido en el marco de la regulación ordinaria peruana así como de aplicación en el ordenamiento internacional. Sin perjuicio de lo antes resaltado, el profesor también hace referencia en que los acuerdos a los que arribara esta cumbre son de vital importancia, pero que en gran medida no tienen carácter vinculante, llegándose a convertir en un marco opcional, que sin lugar a dudas es una herramienta para frenar el cambio climático.
Graficado este panorama es que vale hacer una crítica puntual al gobierno de turno, en tanto y en cuanto es la responsabilidad de la administración implementar políticas ambientales que servirán como lineamientos programáticos a nivel internacional, más aun siendo nuestros principales socios comerciales, con excepción de China, los más interesados en estas políticas.
- La representatividad en la COP 26
Para nadie es un secreto que el gobierno de Castillo, que recientemente ve sus progresos de 100 días de labor, tiene un lineamiento alternativo al de sus predecesores. Así, el actual presidente, desde el comienzo de su campaña electoral, ha tenido propuestas ambiciosas respecto a las políticas ambientales, las cuales se centran en fomentar la riqueza sin generar daños en el medio ambiente. Asimismo, propuso nuevos lineamientos respecto a la consulta previa y los pueblos indígenas, los cuales suelen verse involucrados en conflictos medioambientales. Sin embargo, actualmente las esperanzas de que Castillo se presente a la COP en Glasgow son mínimas. Es por ello que nuestro país, en esta convención, está siendo representado por una delegación de Cancillería de la República, la cual está compuesta por representantes peruanos que tienen como objetivo y misión desarrollar políticas ambientales, así como compilar la información necesaria para que posteriormente sea enviada a la sede de gobierno en Lima.
Tomando esto en cuenta, salta mucho la atención la inasistencia a la cita por parte de Castillo, recordando, además, la presencia de los presidentes con mayor relevancia en el juego internacional. En buena cuenta, estas naciones tienen una relación con el Perú, sabiendo de la importancia de este en un marco geopolítico, así como comercial. En esa medida, también es de atención haber sentido un mutis total sobre este tema por parte no solo del presidente Castillo sino del gabinete en pleno, situación que aún es más preocupante por el rol que cumple el Ministerio del Ambiente.
En esta línea, Wendy León Espinoza nos expuso su preocupación respecto a la representación peruana realizada por la delegación de la cancillería en la COP 26, ya que para ella “este gesto político podría repercutir en presentar la idea de que los compromisos más importantes para enfrentar la crisis climática vienen impulsados por los sectores e instituciones que conforman la delegación, y no existe un verdadero liderazgo, lo que más que una anécdota es altamente preocupante”. Así, si bien el Perú está siendo representado en esta conferencia por un equipo multisectorial, debemos enfatizar que la importancia de la representación presidencial es más que nada un medio por el cual se puede unificar los diversos intereses respecto a los distintos sectores involucrados con las regulaciones ambientales. Es relevante, entonces, que exista una política nacional que condense las necesidades de nuestro país. No obstante, la inasistencia del presidente Pedro Castillo puede ser entendida como la poca relevancia que la política ambiental tiene en la agenda del Ejecutivo.
Ahora, si bien es relevante tomar en cuenta cuál será el destino de nuestro país tras los compromisos ambientales que se realicen en Glasgow, actualmente no se tiene un claro escenario respecto de lo que implicaría para el Perú un cambio regulatorio integral. No obstante, y como ya se ha mencionado, han sido mínimos los cambios y las medidas adoptadas por nuestro país en aras de mitigar el cambio climático tras el acuerdo de París. A fin de ahondar en este punto, Enfoque Derecho se contactó con César Ipenza, abogado con especialidad en Derecho Ambiente y Recursos Naturales, quien nos comentó que “las COP son espacios de negociación y de compromisos en los cuales los países hacen sus ofertas respecto al cambio climático, pero la situaciones siguen siendo la mismas cuando regresan a sus países”. De este modo, por lo dicho previamente por el profesor Ipenza, es que también debemos señalar que las actividades de impacto económico, en la mayoría de casos, son de más relevancia para los gobiernos que la problemática medioambiental. Es por este razonamiento que los editores de esta tribuna creemos pertinente hacer una reflexión sobre el papel de los ciudadanos, agentes económicos, actores gubernamentales entre otros para mitigar todo tipo de impacto, encaminándonos a un futuro equilibrado ambientalmente.
A esta reflexión se suma el profesor Ipenza, quien en sus palabras grafica la necesidad de la reflexión de las grandes empresas “más allá de tener medidas obligatorias, las empresas, debieran tender hacia reflexionar sobre el impacto que tienen entorno a las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre esas emisiones empezar a reducir sus niveles o neutralizarlas”. De acuerdo a ello, es que prevemos la importancia no solo de la COP 26 en su carácter internacional, sino también en el desarrollo de diversas políticas de carácter interno y nacional. Más aún sabiendo que la problemática ambiental tendrá un impacto más fuerte para los países ubicados debajo de la línea ecuatorial, por la variedad de climas, sumándose a ello las características propias de la cordillera de los andes que atraviesa nuestro país.
En tal sentido, y a pesar de no haber observado mejoras favorables sustanciales para nuestro país tras los compromisos pactados, ello no debe ser un desincentivo que genere que la agenda ambiental sea un punto olvidado por el Estado y los agentes privados. Así, en esta línea, Wendy León considera que “si bien en las leyes está escrito el escenario ideal de desincentivo para combatir la contaminación, la realidad es más compleja […]. No obstante, esto no debería ser excusa para no implementar las políticas que sean necesarias”. Las regulaciones son, entonces, mecanismos que no deben perder su finalidad directa, a pesar de que sea complicado o desesperanzador el escenario ambiental en el que actualmente nos encontramos. Así, es fundamental enfatizar que es mediante regulaciones integrales que se puede lograr mitigar la contaminación ambiental, pero para ello es necesario que exista un compromiso por parte de la ciudadanía en general respecto de las mejoras que se buscarán instituir desde el Gobierno.
- La problemática del MINAM
Llegado a este punto, debemos recordar que el ente llamado a fiscalizar y promover la política ambiental es el MINAM, el cual es uno de los ministerios con una creación más reciente a diferencia de sus pares. Hacer un análisis de esta institución es válido dado que en sus años de funcionamiento ha buscado tener una política consolidada; sin embargo, las tareas logísticas y presupuestales son un peso con el que cargan dentro del ejercicio de sus funciones, más aún sabiendo que Lima es una de los capitales más contaminados del mundo, así como problemáticas en zonas de selva donde se busca intervenir a la tala indiscriminada, acción que depreda nuestra amazonia.
La implementación de acciones y políticas para la conservación medio ambiental debería ser una política del gobierno, en vista que existe un gran sector de la colectividad nacional que se viene relacionado con algún tipo de actividad extractiva u otro análogo, mismos que dependen del impacto ambiental. Por lo que, las políticas deberían ser diseñadas a largo plazo en vista de las alteraciones normativas existentes así como sus modificatorias.
- Conclusiones
A manera de conclusión, debemos aseverar que la contaminación ambiental en todos sus extremos causa un impacto negativo para el ambiente, del cual todos somos parte, independientemente si es un ente autónomo, un agente económico, o el gobierno. En razón a ello, es que tanto la COP 26, así como los diversos foros internacionales buscan frenar esta problemática, por lo que es relevante que estos hechos sean abordados y visibilizados, ya que tienen un nivel de impacto en todos los ámbitos sociales. Como se ha venido detallando en este editorial, la tarea radica en el mundo empresarial, quienes en relación directa con sus stakeholders serán un ancla para el cambio de rumbo y el diseño de políticas internas de mitigación y conservación, al igual que el gobierno, el cual debe diseñar lineamientos programáticos así como políticas de estado que afronten de manera paulatina los efectos de la contaminación.
En esta ardua tarea aún queda por hacer y es menester de todos ayudar a salvar este espacio al que llamamos nuestro hogar, pero tratamos como ajeno a nosotros.
[1] https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-02-18/la-onu-alerta-de-una-triple-crisis-ambiental-en-el-planeta-calentamiento-perdida-de-biodiversidad-y-contaminacion.html
[2] https://news.un.org/es/story/2021/03/1490302
[3] https://gestion.pe/economia/lima-octava-ciudad-contaminada-america-latina-269614-noticia/
[4] https://es.mongabay.com/2021/01/los-desafios-ambientales-para-el-peru-en-el-2021/
