Por Enfoque Derecho.

  1. Introducción

Hoy, 21 de setiembre, los miembros de la Junta Nacional de Justicia han sido convocados para responder una serie de preguntas de los parlamentarios del Congreso en el marco de la investigación preliminar que busca removerlos de sus cargos. Por ende, en el presente editorial presentaremos un resumen de los hechos que enmarcan esta situación y nuestra postura frente a diversos intereses políticos.

Este 24 de agosto, Patricia Chirinos, representante de Avanza País, presentó la moción número 7565 , la cual incluye dos propuestas: encomendar a la Comisión de Justicia llevar a cabo una investigación sumaria en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (en adelante, JNJ) y destituir a todos los integrantes de este organismo fundamental en el sistema de justicia peruano. Así, la mañana del 04 de setiembre el Consejo Directivo del Congreso tomó la decisión de incluir esta moción en la agenda del Pleno.

Ahora bien, esta decisión ocurrió simultáneamente con el reciente “blindaje judicial” que, como se menciona en el diario La República, por el momento, está obstaculizando el avance de las investigaciones preliminares que se están llevando a cabo en contra de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Así, según la moción en cuestión, son cinco las supuestas faltas que han sido identificadas al momento de plantear la investigación contra la JNJ:

  1. Haber emitido un pronunciamiento donde piden al Congreso mayor reflexión sobre la sanción que iban a imponer a la fiscal Zoraida Ávalos.
  2. La supuesta presión atribuida a algunos miembros de la JNJ sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncien sobre el caso de Zoraida Ávalos.
  3. La decisión de octubre del 2020 de interpretar que el límite legal de los 75 años es solo para el acceso a la JNJ y no para el cese.
  4. No cumplir con presentar el informe anual ante el Congreso.
  5. La supuesta filtración de la investigación sobre Patricia Benavides al sitio IDL Reporteros

Bajo esta línea, habiendo precisado qué plantea la moción 7565, anunciamos que el presente editorial buscará analizar la situación y tomar postura al respecto. Por lo que, anunciamos desde ya que rechazamos las decisiones arbitrarias del Congreso, las cuales buscan vulnerar el principio de separación de poderes aplicando indebidamente el artículo 157° de la Constitución, el cual lo faculta a remover los miembros de la JNJ por causa grave.

  1. Sobre la investigación sumaria 

En el contexto proporcionado, el Pleno del Congreso de la República ha otorgado la autorización a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para llevar a cabo una investigación sumaria sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta investigación sumaria se ha iniciado debido a supuestas faltas graves que se les imputan en el ejercicio de sus funciones. En caso de confirmarse estas faltas, las atribuciones conferidas por el Parlamento podrían llevar a la destitución de los siete integrantes de la JNJ.

Por su parte, la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, ha defendido a los miembros de la junta, sosteniendo que no existen indicios de que hayan incurrido en las faltas atribuidas por el Parlamento. En su opinión, detrás de la intención de destituirlos se esconden motivaciones políticas poco transparentes.

Es importante destacar que la JNJ es una institución de gran relevancia en el ordenamiento democrático peruano, creada como respuesta a un escándalo de corrupción que involucró al desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Entre sus funciones clave se encuentra el nombramiento de jueces y fiscales, así como la investigación y sanción de irregularidades y actos de corrupción en el sistema judicial.

En este contexto, es crucial que cualquier investigación llevada a cabo cumpla con todas las normativas relativas al debido proceso y garantice el derecho a la defensa de los integrantes de la JNJ. Esto es esencial para mantener la transparencia y la integridad en el funcionamiento de las instituciones públicas y para fortalecer el sistema democrático del país. Por lo que, no podemos ni debemos olvidar que toda acción de los poderes públicos debe estar orientada hacia el fortalecimiento institucional y el bienestar de los ciudadanos.

Con el propósito de ocultar la debilidad de sus fundamentos y de no ser catalogados como arbitrarios, el Congreso busca refugio en una seudo formalidad. En ese sentido, la moción planteó la ejecución de una investigación sumaria para recabar información que le permita justificar una eventual desarticulación de la Junta Nacional de Justicia. Inicialmente, se esperaba que esta contara con un plazo de 7 días para emitir su informe; sin embargo, a pedido de Martha Moyano, fue extendido a 14 días.

Tal como su denominación indica, la investigación sumaria se caracteriza por su celeridad. Sin embargo, dada la seriedad del asunto, esta clase de proceso es inapropiado, por lo que el Congreso, desde un inicio, ya fracasó con no parecer arbitrario. Dicha insuficiencia del plazo fue corroborada ayer 20 de septiembre, fecha en la que se aprobó la solicitud de la comisión con respecto a extender su plazo a 14 días más a razón de que “aún se encuentra pendiente la ejecución de sesiones programadas para escuchar los fundamentos y posiciones de las partes, de los testigos y expertos en el tema”.

La seudo formalidad a la que se hizo referencia al comenzar el acápite responde a que, tal como señala el abogado constitucionalista Diego Pomareda, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, “la Junta Nacional de Justicia sí puede ser procesada por un juicio político”. Sostiene, asimismo, que la investigación sumaria oculta intereses políticos, y sólo es legítima en tanto hayan indicios contundentes de incurrencia en falta grave, tal como sí hubo en el caso de la desarticulación del Consejo Nacional de la Magistratura en el 2018.

  1. Sobre la situación de la fiscal Zoraida Ávalos

Entre los fundamentos de hecho de la moción, se encuentra la teoría de que la Junta Nacional de Justicia ha actuado con fines políticos. En ese sentido, los legisladores que buscan su desarticulación sostienen que los magistrados de esta institución se pronunciaron en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos. Cabe precisar que, también se menciona una supuesta intromisión ante la Corte Suprema de Justicia para que esta instancia se pronuncie en contra de la decisión de inhabilitar a Ávalos de la función pública.

Con respecto al presunto blindaje a Zoraida Ávalos, a quien se acusa de haberse rehusado a investigar al expresidente Pedro Castillo, es menester señalar que, en el pasado, sus antecesores archivaron las denuncias de los presidentes en funciones, y esto no implicó su inhabilitación. A diferencia de ellos, Ávalos sí inició investigaciones contra los presidentes, como, por ejemplo, Martín Vizcarra tras el escándalo que versaba sobre la desproporcionada remuneración de servicios a Richard Swing. Como señala Ávalos, “por criterio jurídico jamás ha habido una destitución a un funcionario”, por lo que no cabría inhabilitar a una fiscal por la forma en la que desarrolla sus investigaciones.

  1. Sobre la situación de Patricia Benavides 

Ahora bien, como se menciona por medio del portal web de La República, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, enfrenta tres investigaciones a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La primera se centra en su presunta relación con la red delictiva Los Cuellos Blancos del Puerto, a raíz de llamadas registradas con el empresario Antonio Camayo y su reestructuración del equipo de investigación en este caso. La segunda investigación indaga las irregularidades en su tesis universitaria en la Universidad Alas Peruanas, señaladas por la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Por último, la tercera pesquisa se originó tras recibir una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el Día de la Mujer, planteando cuestionamientos sobre su independencia como fiscal de la Nación.

Sin embargo, el 29 de agosto del presente año se anunció que el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia suspendió las investigaciones de la JNJ contra la fiscal de la Nación tras la presentación de una medida cautelar por parte de ella hasta establecer si sus miembros Inés Tello y Aldo Vásquez son separados por falta de idoneidad. Pese a esto, lo más preocupante no es la separación de sus miembros, sino la filtración del avance del proceso. De hecho, el oficio del Poder Judicial menciona lo siguiente:

“Los argumentos vertidos por la recurrente resultan suficientemente verosímiles a primera vista y dado que inciden directamente en el derecho a un agravio personal. En vista que lo vertido por IDL Reporteros, sobre la existencia de un informe final de la investigación preliminar instaurado contra la actora ha infringido la neutralidad e imparcialidad”.

Esto nos permite entender que la supuesta filtración de la investigación sobre Patricia Benavides al portal IDL Reporteros no sería algo menor por el que se estaría cuestionando el accionar de la JNJ. No obstante, pese a lo relevante que es el caso de Patricia Benavides dentro del contexto de la investigación sumaria ella misma ha pedido a los parlamentarios que este no lo tomen como argumento para una posible destitución de los 7 integrantes de la junta. Asimismo, como lo señala el portal de Infobae, la fiscal ha aseverado que: “Resulta ingenuo y malicioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides. No me involucren en las decisiones del Congreso, ni me utilicen con pretextos de intereses ajenos”. Intentando demostrar así que las decisiones del congreso no están ligadas a un interés en común.

Cabe precisar en este punto que, si bien a lo largo del año hemos presenciado múltiples investigaciones contra personajes de nuestra política peruana, “desbaratar” la JNJ empleando como argumento únicamente el caso de la Fiscal de la Nación no es lo suficientemente razonable ni proporcional. Es así como únicamente queda en evidencia que el Congreso busca alcanzar intereses políticos de personas específicas, disfrazándose como parte del interés general.

  1. Sobre las eventuales injerencias a organismos constitucionales autónomos

Si el Congreso consigue su objetivo –desarticular a la Junta de Nacional de Justicia–, podrá influir en la elección de sus nuevos integrantes, en tanto ya tienen injerencia sobre algunos de los sujetos que los eligen: Defensor del Pueblo, presidente del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Presidente del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

De ocurrir ello, el Congreso podría interferir en la elección de otros funcionarios, para cuyas elecciones se requiere de la emisión de voto de esta institución. Tal es el caso del jefe de la ONPE y la jefa de la RENIEC, cuyos titulares, próximamente, serán evaluados por la JNJ para decidir sobre su continuidad en dichos cargos. Recordemos que se trata de organismos constitucionales autónomos, por lo que cualquier clase de eventual injerencia proveniente del Congreso vulnera al sistema electoral peruano y, por consiguiente, a la democracia.

  1. Conclusiones

En base a todo esto, únicamente nos queda comentar que, independientemente de si las acciones de la Junta Nacional de Justicia son cuestionables, el Congreso debe respetar el debido proceso, propio de un Estado de Derecho. Por lo que, en la medida en que continúe actuando arbitrariamente en pro de sus intereses políticos sólo alcanzará la destitución de los miembros de la JNJ y su reemplazo por individuos alineados con los intereses políticos de las distintas bancadas del Congreso.

En suma, a pesar de que la Constitución otorga al Congreso la facultad de supervisar y destituir a los miembros de la JNJ, en este caso, no puede ni debe ser una carta libre para actuar sin tomar en consideración el debido proceso. De hecho, es aquí donde la falta de claridad en la definición de «causa grave» y la evidente interferencia en las instituciones democráticas plantean serias preocupaciones sobre el debido proceso. Además, este atentado contra la JNJ no solo obstaculiza investigaciones sobre el sistema judicial sino que también amenaza con influir en la elección de autoridades electorales, lo que socava la integridad de los procesos electorales y, en última instancia, la democracia misma.

 


[1] https://larepublica.pe/politica/congreso/2023/09/04/congreso-priorizan-mocion-de-chirinos-para-investigar-y-remover-a-miembros-de-la-jnj-318504

[2] https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-comision-justicia-realizara-investigacion-sumaria-a-miembros-de-jnj-954449.aspx

[3] https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-justicia-aprobo-solicitar-ampliacion-de-plazo-para-investigar-a-miembros-de-la-jnj/

[4] https://www.youtube.com/watch?v=JtWRBJFJsCk

[5] https://ojo-publico.com/politica/zoraida-avalos-sector-del-congreso-busca-quebrar-sistema-justicia

[6] https://larepublica.pe/politica/judiciales/2023/08/29/patricia-benavides-suspenden-investigaciones-de-la-jnj-contra-fiscal-de-la-nacion-junta-nacional-de-justicia-1925397

[7] https://www.infobae.com/peru/2023/09/14/jnj-desmiente-imparcialidad-con-patricia-benavides-y-asegura-que-ya-archivo-19-denuncias-en-su-contra/

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