El pasado 01 de abril, la ciudad de Arica en Chile sufrió un movimiento sísmico de 8,2 grados en la escala de Richter, seguido por un tsunami que cobró la vida de 5 personas y ocasionó daños materiales en las comunidades de Alto Hospicio e Iquique. Como país vecino, este suceso evidentemente, sirve a los peruanos como una llamada de alerta para reflexionar sobre las políticas de prevención y seguridad que debieran regirnos y que, visto el panorama, distan mucho de la realidad. Más aún, si tomamos en cuenta nuestros antecedentes –por poner unos ejemplos, Pisco y Arequipa-, además de nuestra vulnerabilidad geográfica al encontrarnos en una zona de alta actividad sísmica. En hora buena, la semana pasada, el presidente Humala resucitó al CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) que hasta entonces parecía ser una entidad cimentada en meras palabras. Pero pese a ello, lo cierto es que queda mucho por hacer. Por eso, para el presente editorial pretendemos analizar nuestra crítica realidad en temas de prevención con el fin de invitar a la reflexión sobre este importante tema.
Para empezar, es menester tomar nota sobre los organismos competentes en hacer cumplir estas políticas de prevención. Así, tenemos que el encargado de identificar, prevenir los daños y reducir los riesgos asociados a los desastres naturales es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); aunque es el Instituto de Defensa Nacional (INDECI) quien diseña y ejecuta las políticas y normas ante la concurrencia de emergencias y desastres. Junto a este, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) coadyuva en la materia; alrededor de 500 millones de soles serán destinados en los próximos tres años para la prevención de desastres (aunque esto se encuentra a la espera de su aprobación por el Plan Metropolitano de Prevención de Desastres). A su vez, y en menor medida, entran a tallar las municipalidades locales, especialmente de aquellos distritos cuya vulnerabilidad es más evidente para casos de tsunamis, como la Punta o el mismo Callao. Y finalmente, están los organismos militares como la Marina de Guerra, cuya función informativa es de gran utilidad al momento de alertar sobre las reacciones del mar una vez pasado los sismos y los eventuales riesgos de enfrentar algún tsunami.
Queda claro que son muchos los órganos competentes. El problema sin embargo, está al momento de enfrentar el desastre en donde es fácil evidenciar una falta de cooperación y coordinación entre todos ellos, más aún entre las mismas municipalidades. Basta mencionar como ejemplo lo ocurrido en el transcurso de la semana pasada, cuando la MML puso a disposición de las demás Municipalidades kits de ayuda humanitaria, y de los 43 municipios tan solo los responsables de 7 distritos los recogieron. Por si no fuera poco, y aún más grave, la falta de coordinación entre la Marina de Guerra y el INDECI se hizo notar cuando pasado el terremoto en Chile, al anunciarse en las redes sociales la alerta de tsunami en el Perú, el primero indicaba que la alerta era para todo la costa, mientras que el segundo lo restringía meramente a la zona sur; asimismo, cuando la alerta había finalizado para uno, el otro continuaba prolongando dicho estado.
Ahora, mucho preocupa también cómo estamos los ciudadanos preparados para reaccionar ante estos desastres. De manera general, y no hablamos meramente en casos de sismos, existe una grave falta de cultura de la prevención sobre cómo reaccionar en el momento, saber cuáles son las áreas de seguridad, qué rutas de evacuación seguir, contar si quiera con un equipamiento que nos prepare en casos de emergencia. Esto no solo se presenta dentro del hogar, sino a nivel comunal.
Por otro lado, creemos que un aspecto de suma importancia es el tema de la infraestructura y construcción. El exponencial crecimiento del denominado «boom» de la construcción ha desembocado en una expansión desordenada de inmuebles que no cuentan con los estándares que se requieren para una vivienda segura. Preocupa que solamente en Lima, alrededor de diez mil casonas estén a punto de colapsar, con lo cual tan solo basta un sismo de regular intensidad para que se derrumben. Si bien la Municipalidad tiene la potestad de fijar qué predio es habitable, la administración no está en facultad de desalojar a aquellos que habitan en los campos declarados como no habitables, por lo que queda a merced de ellos abandonar sus predios y velar por su seguridad. Ahora, una buena opción para solucionar dicha problemática podría ser imitar lo realizado con los pobladores de las riveras del Río Rímac, de modo que al ofrecerles un mejor lugar donde vivir, los pobladores abandonen estos lugares.
Así, si comparamos nuestras políticas para afrontar desastres con la de otros países, queda en evidencia la precariedad en la que nos encontramos. El caso emblemático, en cuanto a prevención, es Japón, donde los ciudadanos son educados desde la infancia sobre las medidas a seguir en caso de un movimiento sísmico fuerte, además de utilizar materiales de construcción que absorben fuertes golpes, y de revestir los edificios con amortiguadores. Ahora, no es necesario irnos tan lejos para compararnos. El caso chileno, por ejemplo, es admirable. Al igual que en Japón, sus habitantes reciben preparación desde la escuela porque son conscientes de su alta predisposición a padecer terremotos. La evidencia la pudimos constatar cuando, a través de un reportaje de televisión, los periodistas de la BBC fueron sorprendidos al observar cómo los niños conservaban la tranquilidad mientras ocurrían las réplicas del reciente terremoto. Asimismo, reciben mensajes de texto a sus celulares ordenándoseles evacuar ante un posible tsunami.
En fin, como se puede apreciar, todo es cuestión de organización, cooperación y políticas eficientes de prevención y reacción. Si bien en nuestro caso son saludables determinadas medidas adoptadas por la administración, como es la elaboración de manuales por el INDECI o la realización de simulacros de preparación; así como también, la preocupación de la MML de repartir a las municipalidades distritales kits de emergencia, la cruda realidad es que esto no basta si lo que se encuentra en el planeamiento no logra ejecutarse, quedando todo en el terreno del discurso populista o promesas que siguen flotando en el aire. Hace falta trabajar para crear una mayor conciencia, cooperación y preparación, tanto con políticas eficientes de todos los entes competentes de nuestra administración, como también un mayor compromiso y responsabilidad por parte de toda la sociedad civil para informarse de manera adecuada y no dejarse vencer por el desconocimiento frente a un acontecimiento de esta índole.
