El cuento del cambio de gabinete

Por: José Antonio Salgado
Estudiante de Derecho en la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho

Como parecía venirse ya desde hace varias semanas, el Ejecutivo ha renovado su gabinete de ministros cambiando al premier y a varios miembros del gabinete anterior. Una vez más, se busca solucionar la crisis política que aqueja al gobierno del presidente Humala con un refrescante cambio de gabinete, el cual tiene (nuevamente) como mandato imperativo encontrar una solución para los conflictos sociales. Dicho cambio, sin lugar a dudas, despierta muchas expectativas y genera mucha esperanza en un ya polarizado panorama político. Incluso, dada la forma en la cual los medios magnifican dicho acontecimiento, pareciera que se estuviese por empezar de cero la gestión de un gobierno que está a punto de cumplir un año.

Este cambio, sin embargo, no es tan drástico ni tan trascendental como aparenta ser. En realidad no pasa de ser una movida política con un fin bastante más claro del que aparenta, esto es, calmar un agitado y desgastado acontecer político poniendo los paños fríos antes de fiestas patrias, de modo tal que se nos pueda dar un más ameno y prometedor mensaje a la Nación.

¿Significa esto que no habrá un viraje programático, que los conflictos se mantendrán y que la inseguridad ciudadana seguirá sin ser solucionada? Puede ser que sí, como puede también ser que no; sin embargo, este no es el punto.

En primer lugar, debemos tener muy en claro lo siguiente: en el Perú tenemos un Poder Ejecutivo monista. De esta manera, si bien existe un consejo de ministros con funciones propias, de ninguna manera podemos subdividir (como lo hacen muchos países) al Ejecutivo en presidente, por un lado, y consejo de ministros, por el otro. En ese sentido nos debe también quedar en claro lo siguiente: el Presidente de la República no solo es el jefe de Estado sino que también es el jefe de gobierno. ¿Qué significa esto? Pues que el presidente no solo representa a la Nación sino que también es el encargado y el responsable –aunque como veremos esto de la responsabilidad no es del todo cierto– de la política gubernamental que se desarrolle a lo largo de su mandato.

Distinto sería si en el Perú tuviésemos un sistema parlamentarista. Siendo este el caso, sí diferenciaríamos entre jefe de Estado y jefe de gobierno, lo cual le daría a este último competencias y responsabilidades distintas a las del primero. No obstante, dado que el Perú cuenta con un gobierno presidencialista, ambos títulos recaen sobre el Presidente de la República.

Este ha sido un tema sumamente discutido en la doctrina nacional, ya que a lo largo de nuestra historia constitucional, si bien hemos tenido una larga tradición presidencialista, se han hecho muchas modificaciones, a veces para «parlamentarizar» nuestro sistema, y otras dándole mayor énfasis a la figura del presidente. Lo cierto es que, a causa de los intentos que se hicieron por restarle poder a la figura del presidente (entre otras razones, por supuesto), se creó el Consejo de Ministros.

Ahora, esto no quiere decir que en un sistema presidencialista no puedan haber ministros. Desde luego los hay. Incluso en E.E.U.U, donde existe desde su fundación el sistema presidencialista por excelencia, acompañan al Presidente Secretarios de Estado que desempeñan funciones sectoriales. ¿Cuál es el problema, entonces, con el Gabinete peruano? Lo que sucede es que en el Perú la figura no queda muy clara. Por un lado, la Constitución nos dice que el Presidente de la República abarca tanto la jefatura del Estado como la del gobierno; sin embargo, existe paralelamente un Consejo de Ministros con un Primer Ministro que ni siquiera tiene cartera propia. Es decir, se inserta una figura típica de los sistemas dualistas, un primer ministro (como sucede en Inglaterra, por ejemplo), en un sistema en el cual, no existiendo un órgano colegiado al cual se le atribuya la función gubernamental, parece no tener cabida.

De esta manera, lo que tenemos es que, si bien se ha insertado en nuestro sistema la típica figura parlamentarista del primer ministro, en realidad este no desempeña las funciones ni le son otorgadas las atribuciones que deberían. En primer lugar porque el primer ministro no gobierna, el que gobierna es el presidente y lo hace a través de sus ministros, pero, al fin y al cabo, encerrando en su figura unipersonal la función gubernamental. En segundo lugar porque, a diferencia del primer ministro de los sistemas parlamentaristas, nuestro premier no es designado por el parlamento; a nuestro premier lo elije el presidente para que maneje la política según su voluntad.

Lo curioso de todo esto es que, si bien parece ser que la figura unipersonal del presidente es responsable políticamente por lo que suceda durante su mandato, nuevamente la introducción de elementos parlamentaristas a nuestro sistema termina por degenerar el sistema de responsabilidad, ya que esta (paradójicamente) recae sobre el Premier. Es decir, desde que el Primer Ministro –o los ministros en general– es quien responde políticamente por lo que suceda durante el gobierno –ya sea ante el parlamento o a simple discreción del presidente–, resulta pues que la responsabilidad termina recayendo sobre el subordinado y no sobre el real ejecutor de la política estatal: el Presidente de la República.

Así que, claro, ahora tenemos un nuevo gabinete con el cual se busca aparentar un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva de un gabinete que no logró concretar los fines para los que fue convocado. Nada más falso. Un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva, sería lo que tendríamos si viviésemos bajo un sistema en el cual el Presidente tuviese responsabilidad política. Bajo este tipo de sistemas, en caso de que, por ejemplo, un conflicto social desencadenase una crisis política de tal magnitud que volviera insostenible al gobierno, la responsabilidad política la asumiría en su totalidad el Jefe de Gobierno y se convocarían a nuevas elecciones. Por ejemplo esto es lo que sucedió hace poco en Paraguay con el ex presidente Lugo. La Constitución paraguaya sí contempla la responsabilidad política del presidente, con lo cual el juicio político y la consecuente destitución fueron totalmente legítimos.

De esta manera, no se trata pues de un nuevo comienzo ni de un cambio programático intrínseco o propio del nuevo gabinete. Es decir, no importa si el nuevo gabinete quiere empezar a ver la política estatal continuando lo que dejó el gabinete que le precedió o si desea tirar todo lo hecho a la basura y empezar de cero, cualquiera de las dos opciones (y más) son posibles. Como decíamos al principio, eso no es lo importante. Lo que importa, en cambio, es reconocer que la política, si bien aparenta encontrarse dentro de un cuerpo político como el Consejo de Ministros, le pertenece únicamente al actor político con legitimidad para iniciarla (y delegarla), esto es, al Presidente de la República.