Por: Wendy McElroy.
Wendy McElroy es autora de varios libros. Mantiene activos dos sitios web: WendyMcElroy.com e ifeminists.com.
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5511. Republicado con permiso.
Ley de cisne negro: una ley creada en respuesta a una situación o caso legal muy poco representativo, que se apresura a aplicar y luego se utiliza para regular la vida diaria de todos.
No confíe nunca en una ley con un nombre de una persona. Probablemente sea un acto de autoengrandecimiento de un político o el resultado de un frenesí público. La ley de Caylee es esto último. La ley de Caylee es el término genérico utilizado para describir propuestas que están siendo consideradas por al menos 16 estados por la que la omisión de padres o tutores legales de informar de un niño extraviado o muerto de manera rápida puede convertirse en un delito grave.
La ley de Caylee y las circunstancias que la rodean son un circo político con efectos lamentables: distrae a la gente de la crisis política y económica, acumula legislación redundante y promueve la ilusión de que el gobierno resuelve las injusticias.
El frenesí de la violenta reacción pública empezó el 5 de julio, cuando un jurado de Florida encontró no culpable a Casey Anthony por el asesinato de su hija pequeña, Caylee. Al principio, la opinión pública estaba estupefacta. Durante semanas, en lugar de noticias económicas o políticas, los grandes medios proporcionaron cobertura en directo del juicio de Anthony junto con análisis en el estudio de que siempre parecían llevar a su culpabilidad.
Luego pasó la sorpresa: el público empezó a reclamar sangre con una rabia que había sido avivada por la cobertura obsesiva de los medios de la depravación de Anthony como ser humano y como madre. Ahora la depravada Anthony parece estar “escapándose con un asesinato”.
No había ninguna evidencia sólida que conectara a Anthony con la muerte de su hija, los testigos se contradecían, las historias cambiaban con el tiempo, el alegato del fiscal daba carácter de asesinato. En resumen, un jurado justo no podría haber visto culpable a Anthony más allá de cualquier duda razonable. Pero nada de esto importaba a la opinión pública.
Es como si la gente hubiera seguido la “semana del odio” obligatoria descrita en la novela de Orwell 1984, que es distinta de las sesiones diarias de odio de 2 minutos. La semana del odio de Orwell consistía en discursos y desfiles, representaciones y canciones, todos diseñados para crear tal ira en la gente que estuviera dispuesta a hacer literalmente añicos a un “enemigo”. La creación de ora sirve para propósitos políticos en la novela. Aleja el enfado de Oceanía (el estado totalitario local) hacia un falso enemigo de las actividades de ese estado. Y establece al Gran Hermano como el protector contra un enemigo común.
En vísperas del juicio de Anthony, la gente empezó inmediatamente a reclamar al gobierno protección mediante nuevas leyes. Se centraban en un aspecto del “crimen” de Casey Anthony. Caylee había estado desaparecida durante un mes antes de que su abuela, no su madre, llamara a la policía para informar de la desaparición. Cuando acabó siendo interrogada por la policía, Anthony ofreció información falsa que dificultó la investigación.
Las peticiones en línea para establecer leyes de Caylee tanto a nivel federal como estatal fueron virales. La petición en Change.org muestra actualmente (2 de agosto) 1.284.908 firmas solicitando una ley de Caylee federal. (Nota: esos asuntos criminales son generalmente competencia de los estados). Las peticiones electrónicas a nivel de estado también han ejercido presión sobre los legisladores, muchos de los cuales parecen dispuestos a promover una ley popular que “proteja a los niños”.
Las leyes que se están redactando de Florida a California varían en aspectos concretos. Por ejemplo, algunas requieren que un padre o tutor informa a los tutores de la muerte de un niño en una hora, otras permiten dos horas. La propuesta de Florida, que es la zona cero para la ley de Caylee, puede considerarse como un modelo.
Bajo la propuesta HB37:
«Un cuidador que deliberadamente o por negligencia culpable no contacte o verifique de alguna forma el paradero y seguridad de un niño a su cargo que tenga 12 años o menos de edad durante un periodo de 48 horas y no informe inmediatamente de que el niño se ha extraviado ante las fuerzas de seguridad después de que expire este periodo de 48 horas sin contacto, comete: (1) Un delito grave de segundo grado si el niño sufre un daño físico grave, incapacidad permanente o desfiguración permanente mientras está extraviado o (2) Un delito grave de tercer grado en cualquier otra circunstancia.»
De acuerdo con las leyes de Florida, un delito grave de segundo grado es sancionable con una multa de 10.000$ y 15 años de prisión, un delito grave de tercer grado es sancionable con una multa de 5.000$ y 5 años de prisión. Penas similares recaen sobre quien dé testimonios falsos a la policía o ni informe de la muerte de un niño en un plazo de dos horas. (Hay algunas excepciones, como las muertes que se produzcan en un hospital).
La proposición de ley de Florida presenta enormes problemas:
Primero, aunque la ley se promueve como una forma de evitar “otra Caylee”, no hay razón para creer que hubiera salvado su vida. Tampoco podemos creer que un padre que matara a un hijo se viera disuadido de hacerlo por un límite de tiempo impuesto por el gobierno para informar del acto. El abogado Josh Balckman comentaba:
«Si un padre matara realmente a su hija, ¿creen que se lo diría a la policía para no violar alguna ley federal? El propósito de esta ley, como la de las leyes que obligan a notificar a la policía la pérdida de armas de fuego, es permitir a la policía arrestar fácilmente a alguien, sin causa suficiente para demostrar que cometió el delito subyacente.»
Segundo, requerir a un padre que informe de un acto o situación por el que puede tener una responsabilidad criminal puede ser inconstitucional. En concreto, puede violar la Quinta Enmienda de la protección contra la autoincriminación. Es equivalente a decir a un ladrón que, si no se entrega a sí mismo dentro de las 48 horas después del robo, estará quebrantando la ley. Además, como explicaba el Constitutional Law Prof Blog sobre la realización de una ley federal:
«La solicitud no indica una base constitucional para que el Congreso ejercite el poder de aprobar una ley general. Como saben los alumnos de derecho constitucional, el Congreso debe tener un poder concreto y enumerado para aprobar legislación. En general, las leyes penales están dentro del ámbito de los estados.»
Sin embargo, el Congreso ha aprobado “muchas leyes penales bajo el poder de la cláusula de comercio de la Constitución, Artículo I, sección 8, cláusula 3”.
Tercero, como comentaba el colaborador de la Fox, el juez Napolitano, la ley de Caylee es un terreno resbaladizo. Declara una “obligación afirmativa” para que la gente suministre información al gobierno, con sanciones penales por permanecer en silencio. Es un camino peligroso.
Cuarto, aprobar leyes intrusivas y de largo alcance en respuesta a la muerte de un niño se está convirtiendo en una práctica común. Estuvo la ley de Megan a nivel federal (1994) y estatal, que creó registros de delitos sexuales. Se vio complementada por la Adam Walsh Act (2006), que “creó nuevos delitos sustantivos, extendió la jurisdicción federal sobre delitos existentes y aumento las condenas legales máximas y mínimas”.
Y además están la ley de Dru, la ley de Jessica e incluso la ley de (alerta) Amber. Como comentaba Peter Finocchiaro, de Salon: “Cuando tragedias como la de Caylee Anthony generan leyes populistas, alimentadas por la ira, la legislación resultante a menudo recibe críticas por ser puramente reactiva, no discriminar descaradamente y ser contraproducente”. Mucho después de que desaparezca la ira que impulsó la legislación, la gente carga con las consecuencias no pretendidas ni previstas. Como observaba Finocchiaro:
«The Economist publicó una denuncia mordaz de las leyes estadounidenses de delitos sexuales en agosto de 2009 que se ocupaba del asunto de la legislación “con nombre”. En el momento de escribirla, 647.000 estadounidenses estaban registrados como delincuentes sexuales, pero un porcentaje alarmante eran violadores de bajo riesgo, para quienes la pena no parece ajustarse al delito.»
Quinto como observaba Radley Balko, comentarista libertario:
«No es difícil imaginar otros escenarios en que gente inocente pueda verse atrapada por la Ley de Caylee. (…) Estás de acampada con tu familia cuando se pierde tu hijo. Uno de tus otros hijos dice que le vio por última vez nadando en un lago. Pasa varias horas buscándole frenéticamente antes de descubrir que, lamentablemente, se ha ahogado. Llamas a la policía. Bajo la Ley de Caylee, ¿es un caso de “niño perdido” o de “niño muerto”? ¿Se te acusa de un delito grave por no notificar a las autoridades dentro de una hora el ahogamiento de tu hijo o se te dan las 24 horas desde que te diste cuenta de su desaparición?»
La ley de Caylee es una gran orden cisne negro. Pretende legislar la vida diaria basándose en una serie de circunstancias extraordinarias, es como insistir en que todos se mediquen contra una rara y exótica enfermedad.
Sin embargo, las leyes se están imponiendo, especialmente en los parlamentos estatales. Un deseo de venganza que se confunde con justicia está ofreciendo un poderoso combustible emocional. Añadamos a esto lo atractivo que encuentran los legisladores para su carrera medidas de alto perfil para “proteger a los niños”.
La ley de Caylee tiene el desgraciado atractivo de hacer que la gente se siente mejor al respaldarla. La gente siente como si estuvieran haciendo justicia a Caylee. No lo están: sencillamente se están haciendo sentir mejor. Caylee está muerta y su legado no debría ser tener su nombre asociado a una mala ley.
