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Por Enfoque Derecho.

  1. Municipalidad de Lima propone prohibir el trabajo de limpiaparabrisas.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que solicitará que se prohíba el trabajo de limpiaparabrisas en todo Lima. Ello se comunicó tras el evento lamentable del asesinato del taxista Gian Marco Caro Núñez, quien fue apuñalado por el ciudadano extranjero José Girón, luego de negarse a pagar para que limpie su vehículo.

En base a ello, con el homicidio del conductor del auto, el alcalde de Lima Metropolitana, decidió pronunciarse sobre el tema, por lo que dijo pedirá una ordenanza o acuerdo de concejo en la próxima sesión de la alcaldía para prohibir el trabajo de limpiaparabrisas en los semáforos de la capital. 

Este anuncio fue en respuesta a un usuario de Twitter, Álvaro Sarco, que le pidió al  regidor de la capital acabar con este tipo de empleo informal, pues denominó como “delincuentes” a quienes lo ejercen.

Enfatizando el caso, el ciudadano Gianmarco Caro Núñez perdió la vida a manos del ciudadano venezolano José Alberto Giró Hoyner al no dejar que el extranjero limpiara las lunas de su vehículo. Según las declaraciones de la Policía Nacional, el homicida habría ingresado al Perú de forma ilegal. Este caso ya está siendo investigado.

Asimismo, esta medida que quiere aplicarse a la capital, ha desatado una polémica. Dintintas posiciones surgen, algunas la consideran desproporcionada; mientras que otras, la apoyan. Considerando diversas aristas, una de las posiciones es sobre la regulación, a lo que Jorge Toyama indica que esta medida restrictiva es desprocporcionada y atenta contra la libertad constitucional del trabajo. 

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2. Corte IDH declara responsable al Estado peruano por la primera denuncia sobre discriminación por orientación sexual.

El martes pasado, la Corte IDH indicó que Perú es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley y protección judicial en perjuicio del Crissthian Olivera Fuentes y su pareja. Por lo que, condenó al Estado peruano por un caso de discriminación por orientación sexual ocurrida en la cafetería de un supermercado en 2004.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2004 cuando la pareja se encontraba en la cafetería de un supermercado en Lima y realizaban muestras de afecto. De pronto, un cliente del establecimiento se quejó ante la administración del establecimiento, a lo que la encargada de la tienda, junto con miembros del personal de seguridad, se acercaron a la pareja y le instaron a cesar “sus escenas amorosas por respeto a los demás clientes” o a retirarse del sitio, indica la sentencia.

Olivera presentó una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor (CPC) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alegando trato discriminatorio a causa de su orientación sexual, pero la entidad declaró infundada la denuncia, y posteriormente fueron desestimadas otras denuncias interpuestas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, la Corte Superior de Justicia de Lima y la Corte Suprema de Justicia.

La Corte IDH señaló que las autoridades administrativas y judiciales peruanas “tuvieron ante ellos fuertes indicios de discriminación en razón de la orientación sexual de Olivera y su pareja” y que no actuaron de manera adecuada. Asimismo, consideró que las resoluciones administrativas dictadas por las autoridades peruanas “apelaron a prejuicios sociales sobre actos afectivos realizados por una pareja homosexual y su alegado impacto sobre otras personas (y, en particular, niños y niñas), lo cual impidió el acceso del señor Olivera a un órgano imparcial que analizara la denuncia de conformidad con los estándares interamericanos del debido proceso”.

Por todo lo expuesto, la Corte IDH ordenó al Estado los siguiente: 

  1. Implementar una campaña informativa anual de sensibilización y concienciación a nivel nacional en los medios de comunicación respecto de la importancia de promover en la sociedad una cultura de respeto, no discriminación y garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+.
  2. Elaborar “un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual y de género, igualdad y no discriminación, perspectiva de género y derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el ámbito de consumo, el cual deberá ser incorporado en los cursos de formación regular de autoridades administrativas y judiciales”.
  3. Diseñar e implementar una política pública con el objetivo de fiscalizar que las empresas cumplan con la legislación nacional, así como con los estándares interamericanos sobre igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ+.
  4. Brindar atención psicológica gratuita a Olivera e indemnizarlo por daño material e inmaterial.

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3. Poder Judicial sentencia a Daniel Urresti a 12 años de prisión por homicidio. 

La Sala estableció que Daniel Urresti atacó con disparos a un periodista en noviembre de 1988. Tras ello, la Fiscalía quedó conforme con la resolución.  El jefe de INPE explicó que se realizará una reunión donde se tomará la decisión del centro penitenciario donde será llevado el excandidato presidencial y es congresista Daniel Urresti. Llaque Moya detalló que, por el momento, el excandidato presidencial y a la alcaldía de Lima permanece en una carceleta situada en la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dirincri) en el Cercado de Lima.

En cuanto a los hechos, durante la lectura de la sentencia, la Sala precisó que quedó prbado que Bustíos fue asesinado por militares. Con ello, se descartó la versión de Urresti, quien culpaba de la muerte a grupos terroristas. Asimismo, el Tribunal determinó como creíble la versión de una testigo del asesinato, quien fue la que señaló que los militares involucrados fueron seis y estaban vestidos de civil (polo y jean). 

Pese a que Bustíos se identificó como periodista y pidió que no le disparen, “le pusieron una granada o dinamita”; por lo que, la Sala le dio razón a la Fiscalía de que Bustíos fue emboscado por un descatamente del Ejército de la Base Contrasubversiva de Castropampa, a la cual pertenecía Daniel Urresti. El ex candidato era jefe de Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (S-2) de la base mencionada. 

Daniel Urresti fue trasladado a la Dirincri ubicada en la avenida España donde pasó la madrugada del jueves luego de una lectura de sentencia que tardó más de ocho horas. Posteriormente fue traslado a medicina legal, donde permaneció por media hora antes de ser llevado de regreso a la Dirincri. El jefe del Inpe, explicó que de acuerdo a las condiciones logísticas y de seguridad la Policía Nacional decidirá en que momento pone a Daniel Urresti a disposición del instituto penitenciario.

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4. Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentará proyecto de ley para administrar estadios del Estado.

Esta semana se mención acerca del ambiente futbolístico y la polémica que trae consigo, las cuales lamentablemente no se encuentra en buenas condiciones. Por ello, Agustín Lozano, quien es presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FDP), confirmó que están preparando un proyecto de ley para administrar los estados y que estos sean propiedad del Estado. 

La infraestructura de los escenarios deportivos en el Perú viene siendo un problema que se arrastra hace muchos años. Actualmente, los distintos fenómenos naturales, como las lluvias e inundaciones, en distintas partes del país, se ha agravado. Sin embargo, no es el único motivo. Ya antes algunas canchas, baños y vestuarios de estadios de fútbol de la Liga1 y de la Liga2 se encontraban en mal nivel.

En esa línea, Agustín Lozano dijo inicialmente que «es cierto que en el fútbol peruano tenemos infraestructura y estadios no en las mejores condiciones. Por eso, la FPF viene preparando un proyecto de ley para presentar al Congreso de la República para que se discuta y se traslade al ejecutivo, para que se permita administrar los estadios deportivos donde se juega”.

Asimismo, dijo que «si la FPF tuviera participación en la administración, cuidado y mantenimiento de los estadios de diversas provincias y regiones, que son propiedad del estado, de gobiernos regionales y provinciales, esto va a cambiar. Y que por tal motivo, trabajan fuerte y, dentro de pocos meses, conocerán cuál es esa propuesta de ley para que la administración, el mantenimiento y demás esté a cargo de la institución que promueve el fútbol en todo el país». 

Finalmente, es necesario enfatizar que  Lozano admitió que la aprobación de los estadios sí está a cargo de la FPF e hizo una autocrítica, mencionando que «hay estadios que no estan en buenas condiciones. Se ha tratado de trabajar a la velocidad. Sé que esto tiene que mejorar y vamos a trabajar para que esto mejore», demostrando una posición optimista. 

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