Por Enfoque Derecho
1. Miles de profesores en Lima y Callao ejercen funciones con títulos profesionales falsos
El pasado domingo, el noticiero de Latina “Punto Final” reveló que la contraloría habría detectado mil casos de “profesores” que ingresaban a trabajar a colegios públicos con títulos universitarios falsos. La contratación de estos profesores se realizó bajo la modalidad de “contratación por expediente”, mediante la cual los postulantes que no aprobaron el examen, pueden presentar certificados que acrediten su experiencia profesional.
El día lunes, Magnet Márquez, la ministra de educación, aseguró que el ministerio se encontraba trabajando para detectar todos los casos de documentos falsificados. De igual manera, iban a verificar el proceso de contratación mediante examen, pues también podrían existir irregularidades. Para lograr esta labor, la ministra agregó que se han desplazado 107 especialistas para verificar la validez de los títulos de los maestros en 41 unidades de gestión educativa locales (UGEL).
¿Qué medidas tomarán al detectar un caso? De acuerdo a Márquez, al detectarse un profesor con título falso, se procederá inmediatamente a retirarlo del centro educativo e ingresará un docente verificado a suplirlo. Esto con el objetivo de no perjudicar la educación de los alumnos. Además, los “profesores” podrían asumir una denuncia penal por la falsificación de documentos.
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2. Ministerio de Cultura se reunió con representantes de “La Resistencia”
El día lunes, el Ministerio de Cultura se vio envuelto en la polémica tras el anuncio de una reunión con el grupo “La Resistencia”. Esta agrupación, liderada por Juan José Muñico, condenado por difamación agravada contra el Instituto de Defensa Legal, ha ganado popularidad en los últimos años debido a su censurable accionar, que comprende la generación de disturbios y ataques contra personas no afines a la asociación. Así, destaca el hostigamiento a Gustavo Gorriti, miembro de “IDL Reporteros”, motivo por el cual dos de sus integrantes, incluído Juan José Muñico, están siendo investigados por el Ministerio Público.
Esta reunión ha sido duramente criticada por políticos y demás actores sociales. Entre las críticas, destacan aquellas expedidas por la congresista Susel Paredes, quien calificó la reunión como una falta de respeto a la democracia y un acto imperdonable del ministerio, y Nuria Esparch, quien calificó a los integrantes de “La Resistencia” como delincuentes que debían ser procesados. En general, las críticas se fundamentaban en la aparente falta de justificación para que el Ministerio de Cultura se reúna con un grupo que ha mostrado continuamente un carácter beligerante y extremista.
Ante estas críticas, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado señalando que la reunión fue realizada a solicitud de “La Resistencia” debido a sus inquietudes por casos de discriminación, en el marco de la estrategia “Perú sin Racismo”. En el comunicado también se señaló que, si bien rechazaban todo tipo de actos violentos, el Ministerio no podía cerrar sus puertas y negar el diálogo a quienes lo solicitaban.
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3. Preparador físico de Universitario de Deportes es detenido en Brasil por actos racistas
El día martes Universitario de Deportes se enfrentó al club brasileño Corinthians, por el partido de ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana, en el estadio Neo Química Arena, situado en Sao Paulo. Al terminar el partido, que registró una derrota del club peruano por 1 a 0, el preparador físico Sebastian Avelino fue detenido por la policía brasileña cuando se dirigía a los camerinos. La razón de su detención fue haber realizado gestos racistas -imitar de un mono con los brazos- frente a los hinchas del Corinthians. De esta forma, el preparador físico fue trasladado a una carceleta en la comisaría más cercana, donde pasó toda la noche.
Inicialmente, Universitario emitió un comunicado donde negaban que su preparador físico haya incurrido en algún tipo de acto racista. Por el contrario, eran los hinchas brasileños quienes habían insultado a los jugadores y comando técnico y que, finalmente, habían acusado antojadizamente a Sebastían Avelino de realizar actos racistas. Además, calificaron la detención de arbitraria e injustificada. Sin embargo, en las horas siguientes se difundió un vídeo donde se aprecia claramente a Sebastián Avelino realizando gestos imitando a un mono mientras mira a la hinchada brasileña.
Con el pasar de los días, la situación del preparador físico ha ido empeorando. Luego de ser detenido el día martes, la justicia brasileña dictaminó prisión preventiva contra Sebastián Avelino y se rechazó la medida cautelar pretendida por su defensa para que salga en libertad. El juez Roberto Porto, encargado para el caso, mencionó: “No veo vulneración de la presunción de inocencia, pero sí presencia de pruebas contundentes de autoría y peligro social por la gravedad concreta de la conducta imputada”. Ahora, el preparador físico deberá esperar la decisión final de la justicia brasileña, cuyo código penal establece una pena desde dos hasta cinco años de cárcel, además de una multa significativa.
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4. Gobierno amplía estado de Emergencia en la Red Vial Nacional ante la Tercera Toma de Lima
Como se sabe, días atrás se anunció la “Tercera Toma de Lima”. Se trata de una marcha multitudinaria que tiene como objetivo la destitución de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones generales. Esta marcha se llevará a cabo el día miércoles 19 de julio y contará con la participación de la población de diversas regiones.
En este contexto, el premier Alberto Otárola anunció que el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Supremo que prorroga el estado de Emergencia en la Red Vial Nacional. Otárola mencionó que el objetivo de esta ampliación es garantizar el derecho a la libre circulación de la población por Fiestas Patrias y protegerlo de actos delictivos.
A lo mencionado, el presidente del Consejo de Ministros añadió que el ejecutivo reconoce el derecho constitucional de todos los peruanos a organizar y participar de una movilización, reunión pacífica sin armas y protesta social; sin embargo, esta no puede afectar bienes públicos o la integridad de las personas.
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