Por Enfoque Derecho

  1. Poder Judicial aceptó a trámite la demanda de amparo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interpuso contra integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La titular de la Fiscalía, Patricia Benavides, presentó esta semana el recurso por un conflicto de competencias que, desde su punto de vista, interfiere en el nombramiento de fiscales provisionales, funcionarios y servidores. 

En respuesta a ello, la Corte Superior de Justicia de Lima programó la audiencia virtual para el día 26 de octubre. Acto seguido, el Poder Judicial comunicó por medio de sus cuentas en redes sociales que «El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte de Lima admitió a trámite la demanda del proceso de amparo interpuesta por la fiscal de la nación, Patricia Benavides , contra dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia».

Recuérdese que la Fiscal de la Nación ha presentado una demanda competencial ante el TC, donde acusa que la JNJ ha interferido en su autonomía como representante del Ministerio Público y habría desnaturalizado el Procedimiento Administrativo Sancionador.

En esta línea, parte de la resolución indica que “se resuelve admitir la demanda de proceso de amparo interpuesta por Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, contra la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, de conformidad con el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, emplácese al Procurador Público de la Junta Nacional de Justicia”.

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2. Poder Judicial condena a 22 años de prisión al excongresista Michael Urtecho por apropiarse de los sueldos de sus trabajadores.

El excongresista Michael Urtecho fue hallado responsable de apropiarse más de S/ 430 mil del sueldo de sus trabajadores, a quienes les retuvo las tarjetas para acceder a sus sueldos. Frente a ello, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que la pena no se cumpliría hasta que se confirme en segunda instancia.

Recuérdese que Urtecho fue acusado por sus trabajadores de su propio despacho por apropiarse de parte de sus sueldos. En un primer momento, esta acusación fue ventilada en la Comisión de Ética del Congreso, donde se inició una investigación en su contra en septiembre del 2013. No obstante, no fue rémora para que en 2014, la Fiscalía formalice la pesquisa contra el excongresista.

En palabras del juez Víctor Prado Saldarriaga, se le sentenció a Urtecho «como autor del delito de concusión en agravio del Estado, en el extremo que perjudicó a cuatro ciudadanas; asimismo, como autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado». Asimismo, se le responsabilizó con una reparación civil de 630.666 soles en favor del Estado.

Es preciso mencionar que actualmente existen 10 denuncias contra legisladores por el mismo caso. Según el portal de La República, se trata de los parlamentarios Rosio Torres, María Acuña, Magaly Ruiz, Marleny Portero, Heydi Juárez, Katy Ugarte, María Cordero Jon Tay, José Arriola, Edgar Tello y Alejandro Soto.

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3. Procuraduría denuncia a Alejandro Soto ante la Fiscalía por presunto delito de concusión

El requerimiento ocurre tras la difusión de unos chats delatores del despacho del presidente del Congreso, quien ha desestimado las acusaciones y ratificó que no dimitirá

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó este martes 22 el inicio de diligencias fiscales contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión. El requerimiento ocurre en respuesta al reportaje que Cuarto Poder difundió “unos chats que evidencian que el legislador de Alianza para el Progreso (APP) cuenta con un grupo de troles encargados de salir en su defensa en las plataformas sociales”, según indica el portal Infobae.

Soto señaló que las responsabilidades, de haberlas, se discutirán en fueros judiciales, no en instancias parlamentarias. Al respecto, ha indicado que “[Las denuncias] no van a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, he sido ungido. Cabe resaltar que Soto ha sido denunciado por nepotismo y por respaldar una ley para que prescriban los delitos de estafa y apropiación ilícita presentados por la empresa de transportes Waynapicchu y por delito contra el patrimonio.

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4. Gobierno prorroga por 30 días estado de emergencia en zonas de frontera

El Poder Ejecutivo prorrogó por el término de treinta días calendario el Estado de Emergencia en diversas provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios y Tacna.

Mediante el Decreto Supremo N° 098-2023-PCM esta prórroga tiene como finalidad “continuar con las acciones de restablecimiento del orden interno […] a consecuencia de la inseguridad ciudadana y delitos como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, minería ilegal, entre otros” como bien indica una nota del Diario El Peruano.

Como ya es de amplio conocimiento, se aplicará lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, suspendiéndose los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Asimismo, las FF. AA. tienen a su cargo el establecimiento de del uso de la fuerza en el territorio nacional.

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