Por Enfoque Derecho

  1. Gobierno promulga nueva ley de pensiones con pensión mínima de s/600 y afiliación obligatoria

El Gobierno de Perú ha promulgado la Ley de modernización del Sistema Previsional, que establece una pensión mínima de S/600 y la afiliación obligatoria para todas las personas mayores de 18 años, independientemente de si tienen vínculo laboral o no. Esta reforma, impulsada por el Congreso y respaldada por el Ejecutivo, unifica tanto el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como el Sistema Privado de Pensiones (SPP) bajo un único esquema previsional, diseñado para ser «universal, igualitario, inclusivo y multipilar», administrado tanto por entidades públicas como privadas.

Entre las principales disposiciones, se encuentra la creación de cuatro pilares: no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario. El pilar no contributivo, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, será financiado y administrado por el Estado, mientras que los otros pilares combinarán la administración pública y privada. El pilar semicontributivo garantiza una pensión mínima a quienes cumplan con los requisitos, mientras que el contributivo cubre pensiones por jubilación, invalidez y otros beneficios.

Además, se establece el «aporte por consumo», un mecanismo complementario que asigna el 1% del IGV de las compras realizadas por los afiliados al fondo de pensiones, con un límite anual de 8 UIT. La reforma también prohíbe el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales del SPP, y fija la edad de jubilación en 65 años, permitiendo jubilaciones anticipadas desde los 55.

La promulgación de esta ley representa un cambio significativo en el sistema previsional peruano, favoreciendo la competencia entre AFP, bancos, cajas y otras entidades financieras, y obligando a la afiliación de todos los mayores de 18 años.

Fuentes:

2. Justicia argentina ordena la captura internacional de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por crímenes de lesa humanidad

La Justicia argentina, a través del juez federal Sebastián Ramos, ordenó la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su aliado Diosdado Cabello, acusados de crímenes de lesa humanidad. La decisión se tomó en cumplimiento de un fallo de la Cámara Federal de Buenos Aires, que instruyó la detención de los altos funcionarios venezolanos y de otros 14 militares por torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela, en el marco de una causa que sigue el principio de jurisdicción universal.

La resolución, emitida por el tribunal argentino, considera que los crímenes denunciados constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos, impulsadas desde el Estado venezolano. La orden de captura se gestionará a través de Interpol con fines de extradición a Argentina, donde Maduro y Cabello deberán enfrentar un proceso judicial. La decisión fue celebrada por organismos de derechos humanos en Argentina, que calificaron el fallo como un hito en la lucha contra la impunidad de líderes autoritarios.

En respuesta, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de detención contra el presidente argentino Javier Milei y otros altos funcionarios de su gobierno, acusándolos de robo agravado y otros delitos relacionados con la retención de un avión venezolano en Argentina. El gobierno de Maduro condenó la decisión judicial argentina, señalando que viola las inmunidades de los jefes de Estado y representa una interferencia en asuntos internos de Venezuela.

Estas tensiones judiciales entre ambos países se enmarcan en un contexto político complejo, con Argentina acogiendo a opositores venezolanos y el presidente Milei denunciando un fraude en las recientes elecciones en Venezuela. Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se encuentran en un momento crítico, mientras continúan las acusaciones cruzadas.

Fuentes:

3. Paro de transportistas: Gremio suspende medidas de fuerza mientras exige acciones efectivas del Gobierno ante la inseguridad

El 27 de septiembre, los transportistas de Lima y Callao decidieron suspender el paro que habían acatado debido a la creciente ola de extorsiones y sicariato, brindando “una tregua” al Gobierno tras el anuncio de medidas para combatir la inseguridad. Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra), confirmó que se realizará una reunión de asamblea para evaluar los avances en las promesas del Ejecutivo. A pesar de la suspensión del paro, algunos transportistas han llamado a nuevas medidas de fuerza, indicando que continuarán con un paro el 3 de octubre si las condiciones de seguridad no mejoran.

El Gobierno, liderado por la presidenta Dina Boluarte, oficializó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y el Callao por un periodo de 60 días. Esta medida incluye restricciones a los derechos constitucionales, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se crearán equipos especiales para investigar la extorsión y se establecerán mecanismos de seguridad en paraderos y rutas. Sin embargo, algunos transportistas consideran que las acciones del Gobierno son insuficientes y han solicitado un patrullaje constante para garantizar su seguridad.

Las congresistas del Bloque Democrático Popular han exigido la destitución del ministro del Interior, Juan José Santivañez, por la falta de resultados en la lucha contra la inseguridad. Por su parte, Santivañez ha anunciado que, si no se obtienen mejoras, no descarta renunciar y ha propuesto enviar al Congreso una ley que clasifique ciertos delitos como terrorismo urbano, así como la expansión del penal de Challapalca para aquellos condenados por crímenes relacionados con la extorsión y el sicariato.

Fuentes:

4. SUNEDU extiende el bachillerato automático hasta el 31 de diciembre de 2024 por falta de reglamentación de la Ley Nº 31803

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha decidido, a través de la Resolución del Consejo Directivo n° 0029-2024, extender el periodo de bachillerato automático hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida se implementa debido a la falta de reglamentación de la Ley N° 31803, que establece la obligación de que los estudiantes aprueben un curso de trabajo de investigación en su último semestre de estudios de pregrado.

El Consejo Directivo de Sunedu, en su reciente resolución unánime, señaló que muchos estudiantes han enfrentado dificultades para acceder a su grado académico de bachiller debido a que varias universidades e instituciones no han adecuando sus planes de estudio conforme a los nuevos requisitos. Esta situación ha perjudicado a los estudiantes, quienes no pueden obtener su grado o ver sus títulos registrados, ya que no se cumplen los requisitos mínimos establecidos por la Ley Universitaria y la Ley N° 31803.

A partir del 1 de enero de 2025, todas las universidades, tanto públicas como privadas, deberán tener sus planes de estudio adecuadamente implementados, bajo supervisión de Sunedu. Mientras tanto, los estudiantes que acrediten el curso de trabajo de investigación o su equivalente podrán acceder al bachillerato automático hasta la fecha límite establecida.

En paralelo, el congresista del Bloque Magisterial, Óscar Zea, ha propuesto una ley para establecer un bachillerato automático permanente, exonerando a los estudiantes de presentar el trabajo de investigación, siempre que cumplan con los demás requisitos de su plan de estudios. Esta iniciativa busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, en un contexto de alto desempleo juvenil.

La resolución será publicada en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional de Sunedu, asegurando así su difusión y conocimiento público.

Fuentes:

Artículos relacionadosMás del autor