Por Enfoque Derecho
1. Comisión Especial del Congreso para elegir a un magistrado del TC declaró aptos a 7 de 13 candidatos
La comisión especial encargada de seleccionar a candidatos para el Tribunal Constitucional (TC) para ocupar la plaza que dejó el magistrado Augusto Ferrero Costa determinó que siete de los 13 candidatos que se presentaron seguirán en carrera. En la sesión de este martes 27 de junio, el grupo de trabajo que empezó en mayo bajo la presidencia de José Luis Elías Ávalos (Podemos Perú) votó por cada uno de los abogados que se presentaron ante el proceso y desean convertirse en el séptimo integrante del TC.
La secretaría técnica de la comisión expresó los casos en los cuales los postulantes habían cumplido con presentar la documentación necesaria, y quiénes fueron considerados como no aptos por cuestiones de forma. Casi en todas las votaciones por unanimidad se respaldó cada uno de los informes, con los votos de congresistas integrantes de la comisión especial de diversas bancadas: José Cueto, Arturo Alegría, Roselli Amuruz, Guillermo Bermejo, Francis Paredes, Víctor Cutipa y Ávalos como presidente del grupo.
Finalmente, fueron declarados como aptos para seguir con el concurso los siguientes siete candidatos, entre los cuales se encuentran Luis Alberto Carrasco García, Pedro Alfredo Hernández Chávez, Evelia Fátima Castro Avilés, Justo Fernando Balmaceda Quirós, Hernando Montoya Alberti, Walter David Luque Chaiña y Wilber Nilo Medina Barcena. Los no aptos fueron otros seis postulantes: Guillermo Sandoval, María del Pilar Tello, José Urquizo, Yolanda Gallegos, Benjamín Enríquez, Rafael Ruiz.
José Elías concluyó la sesión detallando que el listado de candidatos aptos será publicado el domingo 2 de julio en El Peruano, otro diario de circulación nacional y la página web de la comisión en el Congreso para comenzar con el periodo de tachas desde la ciudadanía.
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2. La Corte Penal Internacional autoriza reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este martes a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno del presidente Nicolas Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos nacionales. Venezuela sostiene que las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, que causaron un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.
La CPI, con sede en La Haya, indicó en comunicado que los jueces de la jurisdicción consideraron que aunque “Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”. Agregó que llegó a su conclusión “sobre la base de las observaciones y el material recibidos”. Por lo tanto los jueces decidieron autorizar al procurador Karim Khan “reanudar la investigación” sobre la situación en Venezuela.
También indicó que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa”. Según el estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, un Estado miembro puede oficialmente pedir que el procurador de la CPI se ciña a la investigación del Estado en su propio territorio. La justicia venezolana inculpó y condenó a agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante la movilización de 2017, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.
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3. Presidenta Dina Boluarte oficializa ley para despachar de manera remota desde el exterior
Este 29 de junio, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte oficializó la Ley 31810, la cual permite a la jefa de Estado realizar su funciones de manera remota desde el extranjero. Esta medida fue publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, y tiene la firma del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y de la propia dignataria de la Nación.
“En caso de que el presidente de la República deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidentes en ejercicio, de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismo de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías”, se precisa en la nueva ley.
La nueva norma también indica que la solicitud de autorización de salida del presidente de la República deberá contener la «justificación de la urgencia y necesidad de la gestión del despacho» de ejercer sus labores de forma remota. Tras ello, el Congreso evaluará «la particularidad del caso».
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4. Poder Judicial dicta impedimento de salida del país por 18 meses contra Nadine Heredia
Richard Augusto Concepción Carhuancho, juez especializado titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, retiró el permiso otorgado inicialmente por el magistrado Leodan Cristóbal Ayala para que Nadine Heredia, ex primera dama, viaje a Medellín, Colombia, para someterse a un examen médico. De acuerdo con el juez, los motivos de salud no estaban debidamente justificados en el informe médico que presentó la esposa de Ollanta Humala.
El viaje de Nadine Heredia estaba programado del 29 de junio al 2 de julio; sin embargo, la Fiscalía se opuso y se convocó a una nueva audiencia, la cual se desarrolló el último miércoles 28 junio. Por otro lado, el magistrado declaró infundado el requerimiento fiscal de apercibimiento, pero aceptó el impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses contra Heredia Alarcón, por considerar que un posible viaje de la ex primera dama aumenta el peligro procesal con relación a la investigación que afronta; y el retorno sería “incierto”.
Recordemos que el exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, son investigados por el delito de lavado de activos por los presuntos tratos económicos sostenidos con los exdirectivos de la empresa brasileña Odebrecht para otorgarles la construcción del Gasoducto del Sur. De acuerdo a la tesis fiscal, la pareja presidencial habría recibido aportes ilegales a sus campañas políticas del 2006 y 2011. En el 2017 y 2018, Ollanta y Nadine cumplían prisión preventiva por las investigaciones de estos casos, pero el Tribunal Constitucional revocó la medida.
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