Por Enfoque Derecho.
- Fiscalía abre investigación contra Guillermo Bermejo por presunto tráfico de influencias.
La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Guillermo Bermejo, en su condición de congresista, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano. Esta decisión fue tomada como parte del avance en el caso Los Operadores de la Reconstrucción.
El congresista Bermejo es acusado de haber recibido una coima equivalente al 1,5% de tres obras públicas, cuya valorización es de S/7,9 millones, por parte del exalcalde de La Unión, en Piura, Fernando Ipanaqué. Esta versión fue confirmada por dos aspirantes a colaboradores eficaces de la fiscalía a cargo del caso.
El presunto desembolso por el que la Fiscalía ha abierto una investigación contra el legislador corresponde a una compensación a Bermejo por haber logrado que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) transfiera fondos a la Municipalidad de La Unión a fin de financiar la rehabilitación de tres colegios, según refirieron los testigos.
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2. Fiscalía formaliza investigación contra Víctor Polay Campos por caso Las Gardenias.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos formalizó la investigación preparatoria contra Víctor Polay Campos, ex cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por el caso Las Gardenias. El acusado es sindicado por los presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado.
La formalización de la investigación contra Polay Campos se da luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitiera la demanda del exlíder del MRTA en contra del Estado peruano. El excabecilla argumentó que se violaron sus garantías judiciales mediante supuestos actos de tortura porque fue asignado a penales en los que se vulnera su derecho a la libertad religiosa, de estudios, entre otros.
Recordemos que, en mayo de 1989, integrantes del MRTA ingresaron al bar Las Gardenias, ubicado en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, y asesinaron a miembros de la población LGBTIQ+. El procurador público con especialidad en delitos de terrorismo, Milko Ruiz, se refirió sobre el crimen y argumentó: “Fue un aniquilamiento de personas que tenían cuestiones que los criminales del MRTA consideraban como enemigos. Estos crímenes se dieron hasta el año de 1992 por una política establecida por el MRTA cuyo autor y gestor fue el cabecilla Víctor Polay”.
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3. Colegio de Psicólogos denuncia que Minsa desactivaría departamentos de psicología en hospitales
El Colegio de Psicólogos del Perú denunció que el Ministerio de Salud (Minsa) intentaría desactivar los departamentos de psicología de hospitales e institutos especializados. De acuerdo con el doctor Miguel Vallejos, decano de dicha institución, esta situación surge luego de que el Minsa sacara un documento técnico en el que se establece que «habrá una reestructuración y que, por tanto, todos los departamentos dejarían de ser órganos de líneas para convertirse solamente en grupos de apoyo».
En consecuencia, Vallejo Flores expresó su rechazo por este cambio, puesto que, de llevarse a cabo esta modificación, existirá una «psiquiatrización de la salud mental». «Nos hemos pronunciado en contra de este documento técnico que sale desde el Ministerio de Salud sin una mirada interdisciplinaria. Si no, más bien, una medicalización de la salud», aseguró para La República.
De acuerdo con el profesional, en hospitales e institutos especializados habría una reestructuración que convertiría a los «departamentos especializados» en «grupos de apoyo», por lo que ya no se encontrarían los «servicios especializados de psicología» en los centros médicos. En sus palabras, esto resultaría contraproducente porque «la psicología ya no tendría sus propias actividades, investigación, atención, docencia, sino que sería apoyo a la medicina».
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4. Tribunal Constitucional admite a trámite demanda competencial de Fiscalía contra la JNJ
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer admitir a trámite la demanda de conflicto competencial presentada el 16 de agosto por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En la demanda, alega que la JNJ ha ejercido la potestad sancionadora que le confiere el artículo 154 de la Constitución de manera indebida y ha afectado el principio de separación de poderes, al llevar a cabo una serie de investigaciones preliminares en su contra, partiendo de incorrectos criterios interpretativos, que menoscaban las competencias que le corresponden exclusivamente al Ministerio Público, de conformidad con la Constitución y su ley orgánica.
Asimismo, afirma que la JNJ ha abierto investigaciones preliminares y, eventualmente, instaurado procedimientos administrativos e impuesto sanciones de carácter disciplinario a fiscales supremos y ha incurrido en idéntico vicio competencial.
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