Entrevista a CEO de CR Cobranzas: Marco Antonio Calderon Ramos

Enfoque Derecho conversó con Marco Antonio Calderon Ramos, CEO de Cr Cobranzas, quien nos comenta algunos consejos para realizar una gestión de cobranzas de forma efectiva.

ED: ¿Cómo entender lo que usted denomina judicialización selectiva para el cobro de los créditos impagos en el Sistema Financiero y Bancario?

MC: En concreto, significa elevar el ratio de recupero de las deudas por esta vía judicial, pero con una reducción del actual gasto que las Entidades Financieras asignan para esta etapa de la cobranza.

Claro está que el objetivo en esta etapa judicial será el mismo al que se tiene en la etapa vencida; es decir, que el beneficiario del crédito retorne el importe recibido. Sin embargo, llevar a cabo acciones judiciales implican una logística e inversión distintas; hablamos de abogados procesalistas, asistentes, Courier, gastos notariales, registrales, así como, tasas y aranceles. La cobranza judicial es onerosa.

La idea es simple y clara: con menos presupuesto debemos tener mejor resultado de recupero de las deudas impagas.

ED: Queda claro el concepto, pero ¿cómo llegamos a ese objetivo de mejorar la cobranza judicial con menos presupuesto?

MC: Lo primero es revisar los criterios para iniciar una demanda judicial. La Banca tiene portafolios con altos volúmenes de créditos impagos sin garantía de bienes inmuebles o muebles que los respalden (sea hipoteca o garantía mobiliaria).  Como el caso de la Banca de Consumo, siendo el producto emblemático la Tarjeta de Crédito; la Banca Personal; o la Banca Emergente.

Entonces, lo primero es replantear el actual criterio de iniciar una demanda judicial determinado por el importe del crédito impago o los días de mora; migrando a un concepto distinto de judicializar solo los casos con evaluación positiva para afectar bienes del deudor que ayuden a arribar a un acuerdo de pago.

Judicializar en forma selectiva y precisa implica realizar procesos de evaluación temprana de esos potenciales procesos judiciales, desde la etapa de mora inicial del crédito. Este concepto aplica a créditos con o sin garantías de bienes. Las alertas tempranas ayudan en ese objetivo.

ED: ¿Alertas tempranas? ¿Podría precisar?

MC: Cada Banca tiene sus características, pero a fin de explicarlo de forma simple dividamos los portafolios de créditos en 2 grupos; aquellos con garantía de bienes inmuebles y muebles; y el grupo de créditos sin esas garantías.

Para aquellos con garantías, es clave realizar una evaluación periódica de las partidas registrales de esos bienes; pues aun cuando están afectados en garantía preferente a la Entidad Financiera, estos bienes pueden cambiar de propietario, inscribirse nuevas afectaciones por ejemplo laborales, alimentos, que incluso podrían desplazar ese derecho primero y preferente a favor de la Entidad Financiera.

En adición a ello, hay que revisar la existencia de adeudos tributarios, laborales, tanto en el Balance declarado, como indagar si hay procesos legales en curso por esos conceptos. Tengamos presente que todas estas situaciones irregulares usualmente van sucediendo cuando el crédito está al día o muestra solamente eventuales demoras de pago.

Para aquellos sin garantías de bienes, es clave evaluar el comportamiento obligacional del cliente y su sobreendeudamiento global en el sistema financiero, proyectando el deterioro de esa situación. Hay que evaluar los bienes susceptibles de afectación para posicionar un futuro acuerdo de pago; así como, evaluar el perfil social, profesional y político del cliente, como coadyuvante en la solución de la deuda.

ED: ¿Qué recomendaciones brindaría para que las entidades financieras se apoyen de manera eficiente en este concepto de procesos judiciales?

MC: Primero recordemos que los fondos que coloca en préstamos los Bancos son del público; de allí la obligación también social de cautelar el retorno de esos fondos. A su vez, las entidades deben brindarle al cliente todas las facilidades sea vía reprogramación, refinanciamiento u otro acuerdo de pago para posibilitar la cancelación de la deuda y evitar mayores medidas legales.

Sin embargo, ese propósito de cautelar los fondos prestados, debe considerar este concepto de judicializar en forma selectiva y oportuna; que además de optimizar la cobranza, va a generar un muy importante ahorro en el actual gasto en el que incurren las Entidades Financieras. Tengamos presente que los juicios en la Banca son un medio de gestión, no un fin.

Fuente de imagen: LCM Asesoría