Entrevista a María Ysabel Cedano, abogada y diplomada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), directora de DEMUS y coordinadora de CLADEM-Perú.
Entre los años 1996 y 2000 el gobierno de Alberto Fujimori implementó en el Perú la campaña de control demográfico con el fin de reducir los niveles de pobreza en el país. Según cifras oficiales de los informes defensoriales, se realizó un total de 272,028 (doscientos setenta y dos mil veintiocho) ligaduras de trompas realizadas entre los años 1996 y 2001 inclusive (Burneo: 2015: 7)[1], un método quirúrgico irreversible. Cifras oficiales indican que más de siete mil de estas mujeres, en su gran mayoría campesinas, indígenas y pobres, fueron esterilizadas contra su voluntad. Manipuladas, engañadas, amenazadas y llevadas a la fuerza, operadas en condiciones muy precarias e indignas, desamparadas, abandonadas a su suerte y posteriormente olvidadas y despreciadas por el Estado.
Este proceso traumático dejó en ellas secuelas físicas y psicológicas que arrastran aún veinte años después. A razón de esto, Valeria Aguado, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, conversó con María Ysabel Cedano, directora de DEMUS y coordinadora de CLADEM-Perú, sobre las repercusiones, las medidas del Estado y la decisión de no integrar este tema en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
– A raíz de las esterilizaciones forzadas realizadas en años anteriores, ¿cuáles son las consecuencias hasta el día de hoy de dichas prácticas?
Antes y durante la pandemia COVID 19, hay mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas que han muerto y padecen de enfermedades crónicas sin que el Estado cumpla con la atención pública prioritaria y reparación en salud, conforme se comprometió al suscribir el ASA de Mamérita Mestanza ante la CIDH en el 2003: Cumplir con las Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Informes Defensoríales 7, 27 y 69.
Según sus testimonios, sus proyectos de vida fueron afectados integralmente. Vida digna, integridad, salud física, mental y emocional, sexual y reproductiva, trabajo, educación, bienestar social.
La Recomendación General No. 19 sobre Violencia contra la Mujer en el tema de violencia basada en género, elaborada por el Comité de la CEDAW, explica que las esterilizaciones o aborto forzados afectan negativamente la salud física y mental de las mujeres, e infringen su derecho a elegir el número y el intervalo en el nacimiento de sus hijos.
“Es evidente que las consecuencias psicológicas de la esterilización forzada son graves y en muchos casos permanentes, y han afectado de múltiples maneras la vida de muchísimas mujeres, que han visto truncada su vida personal, familiar y social. Están también los deudos de las víctimas – de aquellas a las que ya no podemos escuchar – pero que dejaron una historia de terror y una familia huérfana que sigue esperando justicia.”
Ver: https://revistaideele.com/ideele/content/huellas-psicológicas-de-la-esterilización-forzada
“Las mujeres presionadas por el Gobierno para someterse a una esterilización, o esterilizadas sin su consentimiento previo, experimentan una forma de violencia, dado que una intervención en esas circunstancias constituye un control externo sobre sus cuerpos. Es evidente que las mujeres peruanas han sufrido de violencia física y mental como resultado de la aplicación del programa, situación que se ha visto agravada por la lentitud y complejidad del proceso de denuncias.”
Ver: https://observatorioviolencia.pe/mv_esteriliz-forzadas/
– En relación a la pregunta anterior ¿considera que el Estado ha adoptado medidas para mitigar el impacto que estas generaron en las víctimas?
El Estado adoptó una primera medida de registro y atención en salud como medida de reparación y no repetición en cumplimiento del ASA de Mamérita, cuando Pilar Mazzetti fue Ministra de salud por primera vez. García derogó esa medida.
Posteriormente, el gobierno de Humala declaró de interés público nacional la atención prioritaria de las víctimas de esterilizaciones forzadas y creó el REVIESFO para registrar a las víctimas de esterilizaciones forzadas y garantizar su derecho de acceso a la justicia.
Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-de-interes-nacional-la-atencion-decreto-supremo-n-006-2015-jus-1308828-2/
La Defensa pública debe garantizar abogadas/os a las víctimas.
En el caso del expediente 56-2029 con 1307 denunciantes, solo han reportado 300 patrocinios.
El SIS debe garantizar servicios médicos.
El MIMP debe prestar servicios psicológicos y sociales. Entre el 2016 y 2017 atendió a más de 3 mil víctimas. En el 2020, atendió apenas a 3.
Ver: https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=66
A la fecha, no hay una política de reparación integral.
El Estado peruano no ha cumplido con el ASA del caso Mamérita Mestanza ante la CIDH suscrito en el 2003.
No ha reparado en salud y no ha indemnizado a las víctimas.
– Finalmente, con respecto al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ¿considera que este atenúa o agrava el estado de las víctimas?
La CVR no atendió la demanda del MAM, plataforma feminista, de registrar y documentar las esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado interno en los 90.
Recientemente, Sofía Macher reconoce autocríticamente que fue un error.
Ver: https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/debimos-investigar-las-esterilizaciones-forzadas-en-peru-excomisionada-de-la-verdad-articulo-913278/
¿Por qué en el informe no quedaron las esterilizaciones forzadas?
“En ese momento fue una decisión purista, si puedo llamarlo de alguna manera. El mandato de la Comisión era documentar qué pasó con las víctimas en el contexto del Conflicto Armado Interno. Las esterilizaciones quirúrgicas forzadas fueron parte de una política de estado que aplicó Fujimori en el sector salud. No fueron parte de la estrategia antisubversiva. Y cuando nosotros nos negamos a incorporar la documentación de las esterilizaciones quirúrgicas forzadas era porque no obedecía a la lucha antisubversiva y pensábamos que no debía esconderse esta política de estado que implementó con cuotas de esterilización desde el Ministerio de Salud. Y esa fue la razón. Consideramos en ese momento que eso era una investigación particular y gravísima de una política de estado. Han pasado 25 años y hasta ahora los juicios sobre la esterilización forzada siguen encontrando obstáculos, no se logra la judicialización de estos casos. Ahora, con el paso de los años digo, si no hubiésemos sido tan ortodoxos, puristas, otro habría sido el destino de estas mujeres, porque de haber estado dentro del paquete de víctimas de la Comisión de la Verdad, hubiesen tenido atención y tal vez se habría podido forzar justicia. Debió investigarse porque seguramente hubiéramos encontrado algún argumento para incorporarlas.”
Fuentes:
[1] José A. Burneo Labrín
Fuente de la imagen: LUM
