Enfoque Derecho conversó con el Dr. Fernando Tuesta, especialista en temas electorales y docente del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, sobre el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que buscaría transparentar el financiamiento de los partidos y fortalecer su institucionalidad.
Enfoque Derecho: ¿Cuál es su opinión sobre el Proyecto de Ley?
Fernando Tuesta: Lo primero es señalar que el proyecto de ley del ejecutivo apunta a modificar 7 artículos de la Ley General de Elecciones y 13 de la ley de organizaciones políticas. Por lo tanto, no es un paquete que tendría el objetivo de sistematizar las normas electorales y de partido. Es el grupo de trabajo de reforma política el que elaborará el informe, como máximo el 16 de mayo, como un código electoral. Código que, en pocas palabras, será la única fuente que regulará las elecciones y partidos.
Entonces, siendo interesante alguna de las propuestas, muchas de ellas en realidad no tan nuevas, pues han sido discutidas a lo largo de los años; propuestas que, por sí solas, no garantizan lo que dicen garantizar, pues terminan siendo finalmente insuficientes. Esto no quiere decir que algunas de ellas sí atacan aspectos regulares, y que presumiblemente, en el código no van a estar. Esto muestra que aquí hay un tema, que es que el Código que saldrá del grupo de trabajo es un producto del consenso de 6 partidos, y un trabajo así no es fácil. En cambio, lo del gobierno es obviamente una propuesta discutida con ellos.
ED: ¿Es excesivo el límite del 60% que la norma le exige a los movimientos regionales?
FT: Lo que pasa es que la ley de organizaciones políticas que se modificó el año pasado, permitía que un partido no postule en una elección general. Esto modificó a una ley anterior en la que obligaba a los partidos a que participen. Si lo que buscamos son partidos que perduren en el tiempo, no podemos darnos el lujo de que un partido no participe en una elección general. Porque incluso los congresistas consideran que la elección regional y municipal no es una elección general. Entonces, un partido puede participar en el 2016, no participar en el 2021 y volver a participar en el 2026; o sea, luego de diez años. Les dan la oportunidad de que sigan existiendo sin hacer prácticamente nada. Entonces, un partido tiene que competir en todas las elecciones. Pero un partido podría competir en algunas elecciones municipales pequeñas y señalar que cumplió con participar; eso sería sacarle la vuelta a la ley. Lo que se busca es tener partidos que actúen a nivel nacional. Es por eso que he puesto 60% de participación como mínimo. Sin embargo, eso es discutible: puede ser 50% o incluso un tercio, pero el punto es que debe haber algún porcentaje como límite mínimo.
ED: Sobre el voto preferencial, ¿realmente su eliminación garantiza que el dinero no sea el factor esencial que determine la candidatura de los Congresistas?
FT: No, ningún artículo por sí solo va a dar cuenta de un fenómeno creciente, ni siquiera la ley misma podría. Pero evidentemente sí retira un elemento nocivo en los partidos políticos, que es que los partidos se han fraccionado internamente porque el congresista, al recibir los votos directos, siente que su legitimidad no se la debe al partido, y por tanto actúan o sienten que el partido solo fue un vehículo del cual uno puede bajarse y subirse a otro. Eso con el pasar de los años ha incentivado el transfuguismo.
Por otro lado, en una democracia de países actuales estamos hablando de millones o cientos de miles de personas. Entonces, la competencia electoral se hace entre los miembros de un partido, originándose una lucha prácticamente fratricida. Eso impide que los partidos tengan un programa o mensaje único. Si es que todos se presentan iguales, cuál sería la diferencia entre uno y otro. La lógica del voto preferencial hace que los candidatos se vendan según sus características particulares, que pueden ir desde la experiencia o simplemente por su popularidad o recursos, le permite ofrecer más cosas. Esto se ha convertido en algo perverso para los partidos. En muchos casos, no digo todos por su puesto, llegan al Congreso un grupo de congresistas que probablemente habrían sido elegidos por el partido. Entonces la gente está en contra de que el partido elija, pero no se da cuenta de que la forma de elegir a los representantes pasa por los partidos, en ninguna parte es una suma de individuos. Es probable que muchos de sus buenos cuadros sean excluidos porque no entran en la dinámica de la competencia.
El caso más claro quizá ocurrió en el año 2000 con Acción Popular. Entraron tres congresistas de este partido. Quien encabezaba la lista era Valentín Paniagua, pero al final quedó tercero, por poco no sale elegido. ¿Por qué? Porque Valentín Paniagua hacía una campaña que no era del tipo del voto preferencial. Él tenía un discurso mucho más formal. Parecía que estaba dando su clase de derecho. Entonces, una persona que casi queda afuera fue el Presidente de la transición y un Presidente que recordaremos siempre.
Otra consecuencia del voto preferencial es que cada candidato vele por sí mismo y por su campaña. El partido no entrega dinero para ayudarlos. Al no hacerlo, esto se convierte prácticamente en un dividido de muchos más movimientos. Esto hace que los candidatos sean vulnerables a financiamiento externo, por ejemplo de grandes corporaciones. De lo contrario, cuando tienen recursos personales se hacen a los que no los tienen. Entonces, la figura del voto preferencial ha mostrado su lado perverso hace ya mucho tiempo.
ED: ¿Por qué un Senado?
FT: Históricamente el Perú ha tenido dos cámaras. Desde 1822 hasta 1992, estamos hablando de más de siglo y medio. La pregunta quizá podría ser: ¿por qué no un senado? Si lo que tuvimos históricamente fue eso.
En los años 90, el Fujimorismo, que se construye sobre la base de un discurso anti político o anti instituciones, decía que era una cámara que no hacía nada, que no aportaba con ninguna discusión técnica ni institucional. Cercenaron a la mitad de los senadores y la gente aplaudió. Si los reducían a 60 igual iban a aplaudir más, y si los eliminaban para siempre probablemente la gente hubiera pensado que eso estaba bien. Siempre bajo la idea de un Presidente salvador que los saca de todos los problemas. Es parte también de nuestra cultura política.
¿Por qué ahora? A lo largo del tiempo se ha mostrado la necesidad de una cámara sobre todo revisora. La cantidad de proyectos de leyes que pasan por la cámara única es impresionante. Además, los Congresistas se sienten en la necesidad de presentar proyectos de ley. Muchas veces hay acuerdos entre bancadas para que si se presentan, los proyectos pasen. No se bloquean entre ellos. Pero no se trata de que lo vean como un bloqueo, sino que las bancadas deben decidir realmente en qué temas se comprometen y qué tipo de proyectos presentan. Actualmente ya hay una individualización de la función parlamentaria.
Entonces, necesitamos un senado que sea funcional legislativo, que pueda revisar las leyes, que pueda elegir a las altas autoridades del Estado. Históricamente siempre hubo esta diferencia entre la cámara baja, que era una cámara más política, y la cámara alta, que es de alguna manera la cámara reflexiva. Mucha gente se ha alejado de la política peruana en los últimos años, esto ha provocado un franco proceso de baja de calidad. Mucha gente se abstuvo de participar. Obviamente la calidad no va a regresar inmediatamente, y quizá nunca se alcance plenamente, pero de hecho hay una mejor posibilidad de que vuelvan aquellos parlamentarios con experiencia, pues la experiencia es un factor importante. Lamentablemente, la reelección en el Perú es la más baja de América Latina. Aun cuando la gente crea aquí siempre están los mismos, en realidad es solo un pequeño grupo.
Otra razón para un senado tiene que ver con el origen de la forma de representación. Si la cámara baja es poblacional, cada cierto número de electores tiene un representante (que dicho sea de paso debe crecer porque estamos mal representados), la cámara alta o el senado tiene que tener su origen en las unidades subnacionales. Hoy por hoy, las regiones se comunican directamente con el gobierno regional, no hay ningún tipo de coordinación, no se discuten aspectos que ameritan discusión. En el caso de Lima, lo que se tiene son 36 congresistas, que yo creo que se deberían dividir por lo menos en doce partes. Uno jamás escucha de un Congresista decir “yo hablo en nombre de Lima”. Lo que sí pasa por ejemplo con congresistas cusqueños o de otras partes. Cuando muchos, que es 36, representan a otros muchos, que son 7 millones, los niveles de representación son laxos. No hay control político de parte de los representados. Digo esto entonces, porque necesitamos representantes en igualdad de número para todas las unidades como tiene Estados Unidos o Bolivia, para que cada población sepa más o menos mejor quién es su representante.
Esto permitiría mejores leyes, creo yo. El tema con las malas leyes es que, hoy en día, se aprueba un proyecto de ley y se le exonera de una doble votación. Pasa al ejecutivo y el ejecutivo destroza esas leyes o las observa por estar mal hechas. Entonces, creo que en ese sentido deberíamos ir a una bicameralidad.
ED: El objetivo del Proyecto de Ley se plantea como la transparencia en el financiamiento de los partidos y el fortalecimiento institucional de los mismos. ¿Con estas medidas se llegaría a cumplir con estos objetivos?
FT: No, estas medidas son parciales. Además, se necesita un Código que incorpore estas medidas y más, y ello se tendrá en dos semanas con el grupo de trabajo del Congreso de la República. Yo no pondría a este paquete del gobierno como el centro de la discusión. Lo que pasa es que como lo han presentado públicamente, aparece como el que coloca la agenda de la discusión de la reforma, pero no lo es. Faltan muchas cosas. A partir de mi experiencia en tantas reformas, pienso que simplemente se busca ajustar la transparencia, porque la página de la ONPE publica la información de los partidos. El hecho de que se sancione no resuelve el problema. El problema de fondo es que las campañas son muy caras y los partidos no tienen dinero. Si solamente se sanciona, los partidos buscarán igualmente dinero. Lo primero que se debe hacer es saber de dónde consiguen los partidos el dinero, y luego de ello se debe ajustar la transparencia y las sanciones, pero no se puede quedar a la mitad, porque no resuelve el problema. Es un tema de controles tanto horizontales como verticales. Todos los procesados o presos, pasaron estas vallas de hojas de vida y filtros. ¿Eran delincuentes y nadie se dio cuenta? No, ellos delinquieron estando en el poder, en la mayoría de los casos. A la gente le puede entusiasmar mucho, pero a la larga, este tipo de leyes no son eficaces, sino más bien terminan engañando a ingenuos.
Fuente de la imagen: lamula.pe
