Expropiación, (Teoría de Juegos) y Política Exterior: Una Respuesta a Fernando Quintanilla

El 15 de mayo pasado se publicó en Enfoque Derecho un artículo titulado «Una justificación para la expropiación de Repsol YPF desde la teoría de juegos«. El artículo señala que la expropiación de Repsol YPF por el Gobierno Argentino responde a un conflicto entre las motivaciones del Estado Argentino de promover el bien común («el interés público») y los intereses de la empresa de obtener las mayores ganancias posibles («el interés privado»). Así, según el autor, la expropiación es el resultado (lógico) del conflicto entre el interés público y el interés privado y que, por ende, Argentina ganó y Repsol perdió.

Tengo mis dudas de que este sea el real resultado en el largo plazo, incluso si asumimos que las presunciones del autor sobre los intereses del Estado y de la empresa sean correctas (y no me queda realmente claro que la teoría de juegos sea la mejor forma de aproximarse al tema). Pero esto no es a lo que quiero hacer mención en esta oportunidad. Más bien, mi preocupación va más hacia la construcción de las variables del juego; es decir, en específico, a lo que considero ha sido un análisis incompleto a la hora de determinar las motivaciones del Estado Argentino (que es, valga la pena mencionar, diferente del Gobierno Argentino).

Así, por ejemplo, cuando en el ámbito de la política internacional y la política exterior, se quiere determinar las motivaciones de un Estado en un evento en particular, normalmente se tiene que realizar un complejo análisis de diversos factores, no pudiendo reducirse estas motivaciones a que el Gobierno de ese país quiere maximizar el bien común (sea por motivaciones honestas o electoreras), como sostiene el autor. Visto de esta forma, pareciese que los Estados son entes unitarios que toman las decisiones como una persona cualquiera, pensando por su cuenta qué cosas deben hacer. Este tipo de generalizaciones pueden resultar útiles cuando se hacen apreciaciones sistémicas sobre el conjunto de Estados (piénsese en la teoría Realista, por ejemplo), pero son ineficientes para análisis específicos de las motivaciones de un Estado en particular. En mi opinión, el artículo debió ofrecer una evaluación más elaborada antes de poder describir las motivaciones de Argentina en el caso concreto de la expropiación. Así, por ejemplo, si se estudiase la expropiación como un acontecimiento en el marco de las relaciones entre Argentina y la Unión Europea, la determinación de las preferencias argentinas habría tenido que atravesar la evaluación no de uno, sino de tres factores principales: (i) El Sistema Internacional; (ii) los Grupos Domésticos y (iii) el Contexto Internacional. Veamos:

• El Sistema Internacional

El Sistema Internacional es aquel que está conformado por todos los Estados y sujetos de Derecho Internacional. Es un Sistema que tiene reglas determinadas de comportamiento en donde los Estados no pueden hacer simplemente lo que se les da la gana. Es decir, las relaciones de poder entre los Estados determinan que algunas reglas no escritas deban respetarse. Por ejemplo: a pesar de ser un aliado de Georgia, Estados Unidos tuvo que abstenerse de apoyarla durante la invasión rusa de 2008, para así evitar una Tercera Guerra Mundial. Es más, Las constricciones del Sistema Internacional sobre el comportamiento de los Estados son manifiestamente evidentes cuando un líder «radical» se modera al llegar al poder. No es que haya cambiado de opinión, es simplemente que el sistema le impide hacer ciertas cosas que él querría hacer.

• Los grupos domésticos

En este rubro se encuentran principalmente los altos mandos del gobierno de turno, sin embargo, no son los únicos. Otros grupos domésticos influencian también lo que los Estados terminan haciendo. Pensemos, por ejemplo, en sindicatos, frentes de defensa, ONGs, medios de comunicación, familias adineradas, lobbies, etc. Así, si bien en ciertas ocasiones los gobernantes son el grupo doméstico más poderoso (piénsese en las dictaduras como Cuba y Corea del Norte), muchas veces los líderes de un Estado tienen que ceder ante la presión de otros grupos (y eso lo vemos aquí todos los días cada vez que alguien bloquea una carretera).

• El Contexto Internacional

Finalmente, las relaciones interestatales no suceden en el vacío. El contexto en el que actúan es importante. Por ejemplo, hace cien años, muchas de las cosas que hoy los Estados no pueden hacer gracias a la existencia de tratados de derechos humanos (o que por lo menos ya no pueden admitir abiertamente), hubiesen estado permitidas. Las reglas del Sistema Internacional no han cambiado mucho desde entonces y no todos los grupos domésticos de todos los Estados son favorables a los Derechos Humanos. Por ende, la explicación más razonable es que el Contexto ha cambiado y que ello influencia la conducta de los Estados.

Si entendemos las motivaciones estatales como el resultado de un tira y afloja entre estos tres conceptos, veremos que el resultado puede ser bastante diverso: dos Estados demográfica y culturalmente similares como Ecuador y Colombia pueden tener motivaciones bastante diferentes gracias a la diversa configuración de sus grupos domésticos (por ejemplo, la diferencia entre Juan Manuel Santos y Rafael Correa). De forma similar, un mismo Estado, con el mismo Presidente, puede tener una política marcadamente diferente dependiendo del Contexto en el que se encuentre (piénsese en el Perú de Alan García en 1985 y el Perú de Alan García en 2006). Finalmente, si pudiésemos colocar a un mismo líder en dos países diferentes, su comportamiento seguro sería también marcadamente diferente; es decir, si hubiésemos podido colocar a George W. Bush como Presidente del Perú, difícilmente hubiésemos podido invadir un país vecino en respuesta a un ataque terrorista, porque las situaciones de ambos países dentro del Sistema Internacional son marcadamente diferentes.

Así las cosas, toda determinación de las motivaciones detrás de la conducta de un Estado requiere de sustento porque lo que se está haciendo en realidad es tratar de predecir qué dijeron los altos mandos decisorios del Estado en sus reuniones ministeriales, y quien afirma algo, debe probarlo.

De esta forma, en ausencia de este sustento, el análisis de las preferencias argentinas en el artículo deviene en simplista, pues parte de una suposición abstracta de que los Estados buscan el bien común (y punto). Como mencioné antes, este tipo de presunciones es útil cuando se estudia a los Estados en conjunto, pero no cuando se los estudia individualmente considerados. Desde una perspectiva internacional, este tipo análisis a lo mucho se estaría concentrando en una porción de las reglas del Sistema Internacional (pues podría decirse que, en efecto, los Estados son creados para defender el bienestar de sus ciudadanos), pero el análisis no puede quedar ahí. Después de todo, faltaría, por lo menos, analizar qué es lo que se entiende por «bien común» a la luz de la opinión de los grupos domésticos argentinos (es decir, qué entienden Cristina Kirchner y sus Ministros cuando piensan en el bien común). Esta determinación es importante, porque el concepto de «bien común» puede variar -y en efecto varía- de persona a persona. Basta nada más preguntarnos qué responderían a esto personas tan diversas como PPK y Gregorio Santos.

Así, el artículo asume muy fácilmente que todo lo que haga el Estado argentino es por definición un premio en la matriz de pagos y que simplemente no puede equivocarse («todo lo q haga es un plus al bien común»). Esta determinación simplista lleva al autor a concluir que la expropiación es necesariamente una defensa del bien común y por lo tanto una victoria del Estado, descartando la posibilidad que sea una imposición de un grupo doméstico (el gobierno y algunos grupos de presión) en contra de lo que dictaminaría una evaluación concienzuda de los costos de la expropiación. Por ejemplo, en el ámbito internacional, el Sistema Internacional y el Contexto actual son marcadamente desfavorables a las expropiaciones, lo que puede (y en efecto le está) generando perjuicios a Argentina en la forma de aislamiento internacional e incluso la amenaza de expulsión del G20. Bajo este punto de vista, entonces, la expropiación sería más bien una movida ideologizada que no ha tomado debida y racionalmente en cuenta todos los costos (internacionales) de dicha decisión y que, por ende, tiene las de perder en un análisis de tipo teoría de juegos.

De igual forma, en el ámbito doméstico, no puede considerarse que todo lo que haga Argentina es una afirmación del bien común; más bien, este análisis simplemente omite los factores económicos y jurídicos que aconsejan el respeto por la propiedad privada como mecanismo de asignación eficiente de recursos. Por ende, sea como sea que se quiera elaborar la matriz de pagos del juego específico entre Argentina y Repsol, es imperativo que se tenga un panorama claro de por qué tomó Argentina la decisión que tomó y qué efectos pueden generarle al corto, mediano y largo plazo. De otro modo, la única conclusión lógica a la que podría llegarse, es que cualquier acción que tome un gobierno, sin importar cuán irracional o desquiciada, sería una victoria del “bien común” en contra del “interés privado”.