¿Ineficiencia estatal?: Análisis de la crisis hídrica en Piura

"La respuesta del Estado frente a la crisis hídrica en Piura evidencia profundas deficiencias estructurales en la gestión pública del agua, basada en medidas temporales y reactivas que perpetúan la vulnerabilidad de la población. La falta de inversiones en infraestructura adecuada, como reservorios, redes de distribución modernas y plantas de tratamiento, incumple con la prioridad constitucional del consumo humano, que debería estar garantizado de manera progresiva y sostenible".

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  1. Introducción

En la actualidad, la región de Piura se encuentra atravesando una severa crisis hídrica con graves consecuencias en la agricultura, la educación y la calidad de la vida. Esta situación que no solo obedece a factores climáticos, posee como causa la falta de una adecuada planificación y gestión por parte del gobierno. Es así que, si bien, históricamente, esta región ha enfrentado problemas de irregularidad en las lluvias, el actual déficit hídrico supera los antecedentes, debido a un incremento en la frecuencia y severidad de las sequías, lo que afecta intrínsecamente a la población.

Lo más lamentable es que, aun contando con la información suficiente que advertía de un déficit hídrico, las autoridades locales no tomaron las medidas necesarias para mitigar esta situación. Jorge Carranza, jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), señaló que, hace dos meses, el SENAMHI envió un documento a la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional (ORSDENA) del gobierno regional de Piura, en el cual advertía sobre un déficit hídrico significativo y precisaba que no se esperaban condiciones atmosféricas favorables para que llueva hasta finales del año. Además, en enero de este año, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) publicó otro informe donde se describía la deficiencia de lluvias proyectada para el periodo 2023-2024, como consecuencia del fenómeno de El Niño, y nuevamente se advertía a la región de Piura sobre un riesgo medio de déficit hídrico.

Un caso emblemático de esta situación es el estado crítico de la represa Poechos, la cual es una infraestructura clave para el almacenamiento y distribución de agua en la región. Con una capacidad de almacenamiento de mil millones de metros cúbicos, actualmente esta represa solo alberga cerca del 2% de su capacidad total. Este hecho refleja no solo la ausencia de mantenimiento adecuado, sino también una deficiente gestión de las reservas hídricas disponibles, lo que genera un impacto directo en los sectores más vulnerables.

Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobó el decreto supremo N°117-2024-PCM que declara el estado de emergencia por 60 días calendario en 21 distritos de ocho provincias de la región Piura. A su vez, este mandato establece que el gobierno regional de Piura y gobiernos locales ejecuten medidas destinadas a reducir el muy alto riesgo existente. Bajo esa línea, el gobierno a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha dispuesto de camiones cisterna para abastecer de agua potable a los pobladores. Este suministro, aunque necesario, es insuficiente y de carácter temporal, dejando a gran parte de la población en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad. Ante este panorama, la calidad de vida de los ciudadanos se ve comprometida por la imposibilidad de contar con un acceso regular y suficiente a este recurso esencial.

Por un lado, en el ámbito educativo, la crisis hídrica también ha generado un impacto significativo. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Sullana ha decidido suspender las clases presenciales en varios distritos debido a la falta de agua en las instituciones educativas. Esta medida busca salvaguardar la salud y el bienestar de los estudiantes, pero también ha obligado a una transición hacia la modalidad virtual, lo que representa un desafío para muchas familias que no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias. De esta manera, la educación de los niños y jóvenes se ve afectada, perpetuando brechas que ya eran evidentes antes de la crisis.

Por otro lado, el sector agrícola también enfrenta una situación alarmante. La falta de agua ha imposibilitado el riego de cultivos, generando pérdidas económicas significativas para los agricultores y disminuyendo la oferta de productos agrícolas tanto para el consumo interno como para la exportación. Este impacto trasciende el ámbito local, afectando la seguridad alimentaria nacional y generando consecuencias económicas que repercuten en toda la cadena productiva. Muchos agricultores se encuentran en riesgo de abandonar sus actividades debido a la inviabilidad económica de seguir produciendo en estas condiciones, lo que incrementa el desempleo y la precariedad laboral en la región.

  1. Postura y Argumentos

El derecho humano al agua, el cual se encuentra reconocido en el artículo 7A de la Constitución Política del Perú, señala lo siguiente: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Asimismo, garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos”. Este derecho implica no solo la disponibilidad del recurso, sino también su accesibilidad, calidad y continuidad. La ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (DL N.° 1280) refuerza esta obligación, estableciendo que el Estado debe garantizar que toda persona tenga acceso a un servicio básico de agua potable y saneamiento. Sin embargo, en Piura, lo efectuado en la realidad no puede encontrarse más distante de lo estipulado en el marco normativo. Esto se debe a que, si bien la entrega de agua a través de cisternas es una disposición efectiva a corto plazo, se convierte en una medida insuficiente y precaria frente a un problema de dimensiones estructurales.

La respuesta del Estado frente a la crisis hídrica en Piura evidencia profundas deficiencias estructurales en la gestión pública del agua, basada en medidas temporales y reactivas que perpetúan la vulnerabilidad de la población. La falta de inversiones en infraestructura adecuada, como reservorios, redes de distribución modernas y plantas de tratamiento, incumple con la prioridad constitucional del consumo humano, que debería estar garantizado de manera progresiva y sostenible. Todo ello contradice el principio de precaución, que exige anticipar y mitigar los riesgos ambientales, incluso frente a incertidumbres, priorizando tanto la protección de la población como del medio ambiente. Además, expone un alarmante incumplimiento de la obligación estatal de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales en un contexto de cambio climático que intensifica las desigualdades y afecta a los sectores más vulnerables​.

No obstante, lo más alarmante de la situación es que la presente crisis ha comprometido derechos fundamentales como la educación y la salud. En varios distritos de Piura, las escuelas han tenido que cerrar debido a la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de salubridad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la falta de agua en las escuelas de Piura dificulta la asistencia regular de los estudiantes y afecta su aprendizaje, ampliando las desigualdades sociales en una región ya golpeada por la pobreza. Asimismo, el acceso limitado al agua potable ha generado un incremento en enfermedades como afecciones cutáneas y respiratorias, especialmente en niños y ancianos.

Además, el rol de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima (EPS Grau), la empresa encargada de la distribución de agua en Piura, ha sido objeto de críticas por su incapacidad para responder a la magnitud de la crisis. Esta situación pone en evidencia no solo fallas en su gestión, sino también una falta de supervisión y apoyo técnico por parte del Estado. Según la Ley Marco de los Servicios de Saneamiento, las empresas prestadoras deben asegurar la calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio; sin embargo, la falta de inversión en infraestructura y la limitada capacidad operativa de EPS Grau han exacerbado la crisis.

Mientras tanto, la insistencia del alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, en destinar S/250,000 adicionales al Parque de las Aguas, ha generado indignación entre los ciudadanos. El alcalde ha afirmado que, ante este tipo de circunstancias, es necesario contar con un proyecto que sea “atractivo para la población”. Sin embargo, la planificación y realización de este proyecto recreativo resulta desconcertante en medio de una crisis que demanda la priorización de recursos para infraestructura hídrica y soluciones sostenibles. Según el principio de uso eficiente del agua, consagrado en la Ley de Recursos Hídricos N.° 29338, las autoridades deben priorizar las necesidades básicas de la población, especialmente en situaciones de emergencia. Sin embargo, la desconexión entre las prioridades políticas y las necesidades reales de la ciudadanía evidencia una falta de criterio por parte de las autoridades públicas.

  1. Conclusión

A modo de corolario, el presente editorial ha puesto de manifiesto que la crisis hídrica que atraviesa Piura no es un fenómeno aislado, sino el resultado de la confluencia de fenómenos climáticos y, sobre todo, de una deficiente gestión del recurso hídrico por parte del Estado. En este escenario, el derecho fundamental de acceso al agua y al saneamiento ha sido gravemente vulnerado, dejando a miles de pobladores sumidos en una situación de precariedad e inseguridad.

Por todo ello, la actual crisis debe servir como un urgente llamado de atención para el Estado, instándolo a replantear su enfoque y priorizar políticas públicas que sean sostenibles y preventivas. Es momento de actuar con una visión de largo plazo, que garantice el acceso al agua como un derecho irrenunciable y esencial para proteger la calidad de vida de los ciudadanos.

Editorial escrito por Marialitz Fasshauer y Ariana Cabrera

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