Javier Neves Mujica es profesor principal de Derecho Laboral en la PUCP y ha sido ministro de trabajo. EnfoqueDerecho.com conversó con él sobre los aciertos y desaciertos de la gestión de Ollanta Humala en materia laboral; así mismo, dio su punto de vista sobre algunos puntos álgidos que tendrá que afrontar Pedro Pablo Kuczynski en esta área.
EnfoqueDerecho: ¿Cómo afectó al empleo del sector público la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el Expediente 05057-2013-PA/TC o también llamado “Precedente Huatuco”?
Javier Neves: Creo que el gobierno de Humala, en materia laboral, no ha innovado, prácticamente, nada. Lo más importante ha venido de la jurisprudencia del TC, pero también de los Plenos Jurisprudenciales Supremos. Resaltaría dos sentencias importantes del TC: contra las leyes de presupuesto y del Servicio Civil, declaradas ambas inconstitucionales. Aunque tienen una eficacia diferida, son muy importantes.
Pero con la sentencia Huatuco [el TC] se desvía de la línea progresista que estaba teniendo. Deja sin contenido el derecho a la reposición de los trabajadores del Estado sujetos al régimen de la actividad privada. No obstante, en una reciente sentencia aclaratoria, ha precisado que el precedente Huatuco opera a los trabajadores públicos sujetos a la carrera administrativa. Con esto ha aliviado en algo el problema que ha generado el precedente.
ED: Muchos coinciden en que la Ley Servir (Ley Nº 30057) ha sido un gran paso en el ordenamiento del empleo público. ¿Tiene la misma lectura? ¿Por qué?
JN: Tengo la misma lectura. Al contrario de los sindicatos de trabajadores del sector público, soy partidario de la Ley del Servicio Civil. Me parece que los principios de acceso y promoción meritocráticos son valiosos porque es importante que se capacite y se evalúe, y que los mejores se queden y los insalvablemente malos salgan porque es un servicio público.
En lo que no estoy de acuerdo es en la parte de la negociación colectiva. Afortunadamente, el TC lo declaró inconstitucional, pero dio un plazo diferido que la Corte Suprema no está aplicando, sino inmediatamente; no está esperando el cumplimiento de los tiempos de diferimiento dados por el TC.
ED: Por otro lado, ¿la Ley Servir estaría dejando una bomba de tiempo presupuestaria al nuevo gobierno?
JN: Me parece que no. El Congreso deberá emitir una nueva regulación que se ocupe integralmente de los contenidos y procedimientos de la negociación colectiva económica del sector público. Podría haber una negociación colectiva centralizada, en la cual los sindicatos, a través de sus centrales, presenten un pliego que negocien con el Ejecutivo, y eso va a regir en el ejercicio presupuestario siguiente. Entonces hay que estar alerta con los montos que hay que reservar para el aumento de las remuneraciones.
Esto es manejable aunque los equilibrios democráticos son complejos. A veces parece más eficiente hacerlo por las vías autoritarias, el Estado unilateralmente dispone de los aumentos. Este mecanismo puede llegar a ser ineficaz porque no contiene consenso, entonces esto puede llevar a huelgas o movilizaciones.
ED: ¿Qué lecciones dejó la movilización contra la Ley de Régimen Laboral Juvenil o “Ley Pulpín”?
JN: La masiva y creciente movilización de los jóvenes contra la Ley, muestra a una generación valiente que no está dispuesta a ensayos que conlleven sacrificios de derechos laborales. Hay que promover el empleo juvenil mediante fuertes incentivos tributarios a las empresas.
ED: En una reciente entrevista al diario Gestión, Fernando Zavala, el flamante premier, afirmó que se va a centrar en la generación de empleo y oportunidades, antes que plantear reformas a la legislación. ¿Es una fórmula acertada?
JN: Debemos afirmar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no puede generar empleo o promover el empleo, a pesar de su denominación. Verdaderamente esto se debe a la economía. Lo que tiene el Ministerio son ciertos programas focalizados, que normalmente son precarios, temporales. Por ello, está muy bien que la preocupación esté en la generación de empleo desde el gobierno. Es un error pensar que cuando no hay trabajo es por culpa del MTPE, ellos solamente regulan y fiscalizan.
Ahora, lo que está pendiente es la Ley General del Trabajo. Al respecto, soy escéptico. No creo que vaya a haber intentos de aprobarla. Y con la correlación de fuerzas que tenemos, no veo perspectiva. Entonces si no podemos cambiar para mejor, mejor no cambiemos. Porque si no sería el segundo gran retroceso, después del visto en los 90 con Fujimori.
ED: En un informe también del Diario Gestión, se menciona que se estaría evaluando pedir facultades para establecer una nueva forma de negociar el despido arbitrario, este consistiría en elevar de 12 sueldos a 24 sueldos en calidad de indemnización a condición de no exigir la reposición. De llegar a darse, ¿ayudaría a incentivar a las empresas y la empleabilidad de trabajadores?
JN: Gestión y/o el Grupo El Comercio creo que confunden sus deseos con la realidad. Si Kuczynski ha dicho que no va a haber reforma laboral, y Zavala también, entonces esto es lo que quisiera el Diario porque, en realidad, no está en debate.
Entraría en debate si el presidente viola los acuerdos con las diferentes fuerzas sindicales. Por el momento quiero creer en la palabra de Kuczynski.
ED: El arbitraje laboral también preocupa al gobierno entrante. Buscarían que este se lleve a cabo solo cuando se pruebe mala fe del empleador o cuando se trate de la primera negociación. ¿Le parece positiva esta medida?
JN: Me parece profundamente negativa. Creo que si el arbitraje no es potestativo sin causa, se estaría empujando a los trabajadores a la huelga. Donde la Constitución prefiere los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, y el arbitraje es uno de ellos. Además, la jurisprudencia del TC ha dicho sostenidamente que el arbitraje es potestativo y no necesita ninguna causa. La Corte Suprema, por su parte, lo ha dicho en la Acción Popular contra el DS 014-2011-TR sobre el arbitraje causado: que los arbitrajes causados y los incausados pueden convivir porque son compatibles con la Constitución. Si prosperara la reforma que Gestión promueve, seguramente los órganos de control constitucional se expresarán en contra de la misma.
ED: ¿Es importante que se reactive el Consejo Nacional del Trabajo (CNT)?
JN: El CNT es una instancia de diálogo social, este es un procedimiento democrático para conseguir objetivos democráticos; una legislación consensuada será una legislación más estable. Pero este no es fácil porque cada sector tienen sus intereses que quieren que prevalezcan. Entonces es un mecanismo que necesita fortalecerse y fomentarse. Pero eso va a depender de que el Ministro de Trabajo crea en él.
Recordemos que el nuevo ministro Alfonso Grados es hijo de Alfonso Grados Bertorini, un gran concertador social en el país. Espero que honre la figura de su padre.
ED: A qué respondería que también se busque destrabar los ceses colectivos, cese por incapacidad en el trabajo, despido por disminución de la capacidad para el trabajo?
JN: Los empresarios se quejan de que esos mecanismos no operan realmente. La legislación menciona que se puede despedir a una persona por incapacidad sobrevenida o a un colectivo de trabajadores por una causa objetiva, debe funcionar realmente. No solo está en la legislación nacional, sino internacional, el Convenio 158 de la OIT prevé esos mecanismos. Y si están previstos deben funcionar. Creo que el MTPE, por razones políticas, no debe negarse a autorizarlos.
