Enfoque Derecho entrevista a Jorge Toyama, socio del Estudio Miranda & Amado, acerca de temas laborales actuales como el proyecto sobre la nueva «Ley General del Trabajo», la eliminación del régimen CAS, entre otros.
¿Cómo han evolucionado, ya sea para mejor o peor, las condiciones laborales en el Perú desde que comenzaron los años de bonanza económica? ¿Esto se debe a razones económicas o más bien a cambios legales?
Yo creo que la ley no cambia la realidad; crea el marco, el escenario. El sistema jurídico crea el ambiente propicio más no define la inversión, la cual está determinada por otras variables.
En los años 90 se hicieron unos cambios estructurales radicales, algunos buenos, algunos no tan buenos y otros malos seguramente, pero esos cambios al final lo que hicieron fue crear el ambiente necesario –en mi opinión– para la inversión. El gran problema de esos cambios es que fueron muy liberales, abiertos, sin establecer muchos mecanismos de control, dentro de ellos lo laboral. Creo que los cambios han evolucionado y se pueden dividir en tres grandes momentos: Hasta el 91 la regulación laboral era más cercana al trabajador, del 91 hasta el 2001 la regulación laboral estaba claramente orientada hacia empleador, flexibilización; y del 2001 o si se quiere de marzo del 2002 en adelante ya hemos cumplido diez años de contrareforma laboral y todas las normas han ido más hacia el lado del trabajador.
En general, entrando al tema de la Ley General de Trabajo que se está debatiendo, ¿qué parte considera que se vería más beneficiada: el empleador o el trabajador?
Yo creo que el proyecto tiene normas que pueden beneficiar al trabajador, como por ejemplo: las indemnizaciones en los ceses colectivos, una mejor protección frente a las modificaciones de condiciones de trabajo, los temas colectivos y sindicales; pero también tiene algunos temas a favor del empleador como lo referido a las vacaciones, que pueden ser de un día o se pueden fraccionar. Lo relevante es que las partes traten de solucionar sus diferencias, claro ya vienen 8 o 9 años negociando y no se llega a un acuerdo.
Sin perjuicio de eso, lo más importante en mi opinión es cómo hacer que esos 3 peruanos de cada 4 que están en la informalidad entren a la formalidad, cómo hacer que la informalidad laboral en el Perú se reduzca, es decir, cómo hacer que ese boom económico contagie lo laboral, y este proyecto no tiene nada de eso, este proyecto es para los que están en planillas. Considero que más que si se protege o no al empleador es importante la creación de una segunda ley; más necesario que Ley General del Trabajo son normas de fiscalización, promoción, control e incentivos hacia la formalidad, hacia la protección social, porque de cada 4 trabajadores la ley general del trabajo solo va a regir a uno y para los otros tres esta ley va a ser irrelevante.
En el tema del rol que los economistas van a jugar dentro de la creación de la Ley General del Trabajo, ¿usted considera que existe una participación de parte de los economistas o que no son tomados en cuenta?
Bueno, este proyecto es como un Código Laboral, entonces los economistas no son necesarios en tanto el proyecto de ley lo que busca es regular, modernizar o crear un Código Laboral, que se llama Ley General del Trabajo. Normalmente en ese proceso no participa un economista, pero para la otra cara de la moneda, que son los que no están en planillas, sí se requiere participación de los economistas, porque la ley no va a generar la formalidad. Lo que va a generar formalidad es sobre todo mecanismos que la hagan atractiva o que hagan inevitable que la gente se formalice.
Yo creo que para la primera parte no son necesarios los economistas. Estos serían importantes en la creación de una segunda ley –que ya comenté– que se ocupa de cómo atraer a los independientes para que sean formales, cómo hacer que las microempresas sean formales, cómo hacer que haya una cultura de formalidad, cómo hacer que el Estado incentive la capacitación, la productividad, las buenas prácticas… Hay mil cosas por hacer ahí, y ni este gobierno ni el anterior han trabajado en eso más allá de la ley de micro empresas que no ha servido casi de nada pese a los esfuerzos. Falta ahí una participación relevante del Estado para jalar hacia la formalidad a esos tres de cada cuatro trabajadores.
Las grandes empresas muchas veces establecen su sede central en países donde los costos de contratación no sean tan altos y traen a largo plazo grandes beneficios a la inversión y a la contratación, pero por otro lado, también malas condiciones laborales. ¿Usted cree que la nueva legislación del trabajo va a desincentivar la inversión porque los costos serían mayores?
Los países en Sudamérica que están tomando relevancia económica son Colombia, Brasil, Chile y Perú. Al comparar la regulación peruana con la chilena, la colombiana y la brasileña, Brasil y Perú son las que tienen más rigidez, pero Brasil es un monstruo económico; sin embargo si te comparas con Colombia y Chile, el Perú es más rígido, entonces si un inversionista quiere poner su sede central ¿a dónde va? Va a un país en donde más o menos la regulación laboral sea amigable, se va a Colombia, se va a Chile. Hay muchas transnacionales donde la sede central de toda la región no es Perú, que por su posición geográfica estratégica debería ser “el punto” y no es así, sino que es Colombia, es Chile. Lo que tenemos que traer al Perú no son oficinas comerciales, son las fábricas ya que éstas generan mayor valor agregado, contratan a los obreros y por lo tanto traen más beneficio.
Hace unos años en Panamá se dio una norma que decía “todas las transnacionales que tengan sus sede regional en Panamá pagaran menos impuestos, tendrán facilidades migratorias”. Por ejemplo Procter & Gamble tenía su sede en Venezuela y se pasó a Panamá. Todos los expatriados van a Panamá, entradas y salidas, valor agregado.
Entonces ¿usted promovería buscar una mayor flexibilidad en la legislación para atraer la inversión privada?
Aunque en estos momentos no están dadas las condiciones, considero que la regulación laboral debería ser menos rígida pero hoy en día eso es antipopulista y no es dable políticamente hablando. Técnicamente creo que sí debe haber un poco más de flexibilidad y no rigidez; sin embargo hay otros frentes por trabajar que no tienen nada que ver con esta Ley General del Trabajo, como la situación de los que no están en planillas, de los que no tienen seguro. ¿Cómo hacer para que tengan seguro? El reto del Estado en pleno boom económico es la inclusión social y esto es inclusión en la seguridad social.
En el tema de la competitividad y productividad ¿usted considera que la legislación laboral es un componente fundamental?
Yo creo que es uno de los componentes, será fundamental o no en función a los costos que le signifique. No se cuánto lo laboral representa del costo global, pero sin duda la competitividad y productividad es fundamental a dos niveles
A nivel de país: ¿el Perú es competitivo en términos laborales? Si miramos las encuestas, estamos en el tercio más rígido del mundo. Entonces, hablando en términos de competitividad, si un inversionista quisiera solo por el tema laboral decidir si invierte o no en Perú, no va a invertir aquí, se va a ir a Chile o Colombia que tienen una regulación más flexible que la peruana.
A nivel de empresa: la competitividad de un trabajador hace que sea más atractiva la empresa. Un trabajador con capacitación, con formación profesional y más competencias, se supone que va a ganar más, va a da valor agregado a la empresa y ese valor agregado repercutirá en productividad y sus utilidades y al final la suma de empresas elevará la productividad en el Perú.
Pero sobre eso ¿qué hay en el Perú? ¿Qué hay para mejorar ya no la competitividad laboral en términos de comparación hacia afuera sino la competitividad entre las empresas? ¿Cómo las empresas se vuelven más productivas y se vuelven competitivas? No hay casi nada. Hay una famosa Ley de Fomento a la Inversión al Capital Humano. Sin embargo esa ley no es nada de fomento por dos razones. La primera, porque antes para invertir en un trabajador, pagarle una maestría, una capacitación técnica, no se tenía que llenar formatos. Ahora tienes que llenar formatos y presentarlos al Ministerio, es decir se crean trabas burocráticas para capacitar. Hoy en día es más fácil regalarle algo al trabajador, porque no requiere formalidades de llenar el formato y presentarlo al Ministerio, que capacitarlo porque si lo capacitas tienes que llenar un formato y presentarlo al Ministerio anualmente. Y en segundo lugar ahora existe un tope, que antes no había. Las empresas no pueden invertir más del 5% en capacitación de sus trabajadores. ¿Por qué 5%? No debería haber límites. En Chile las empresas que invierten en los trabajadores y capacitan pagan menos impuestos. Acá les ponemos topes, les ponemos trabas formales, en un país donde no hay cultura de capacitación.
Entonces, sí creo que el Perú esta dando tumbos en temas de productividad y competitividad.
Finalmente, queríamos hablar sobre el régimen del CAS. ¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas de la derogación? Y ¿cree que esto va a ocasionar que más personas van a ser despedidas antes de que se derogue? Porque entendemos que la derogación va a ser progresiva.
Yo creo que el CAS nunca debió existir, el Estado no puede hacer normas discriminatorias para crear trabajadores de segundo nivel (CAS): en primer lugar tienen menos derechos (aunque que recientemente haya salido una norma que les otorga más) y en segundo lugar no entran a la carrera administrativa.
Yo no creo que haya gran cantidad de despidos por un tema de productividad, porque no se podría operar sin la mitad de sus trabajadores, y por otro lado, por un tema de presión mediática y política.
