Por Renzo Díaz Giunta,
abogado constitucionalista por la Universidad de Lima. Actualmente, es demand support specialist en Driggs, Bills & Day (USA) y abogado asociado en iGlobal Lawyer (Italia). Ha sido Director Internacional de Derecho Constitucional en la ODM Organización Democrática Mundial por el Desarrollo y ha laborado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional del Perú y el Congreso de la República del Perú. Es miembro de la International Association of Constitutional Law (Suecia), la red Generation Democracy del International Republican Institute (USA) y la Red Themis de la Cooperación Alemana GIZ y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica). Ha sido Youth Delegate del Consejo de Europa (2023). Ha sido Fellow de IREX y USAID en el proyecto «CREDIBLE: Voces de la Juventud». También, ha sido becario de la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Friederich Naumann y Recambio. Realizó una estancia académica en la Universidad Diego Portales (Chile) y Representó al Perú en la XXXVII Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur.
En el Perú, el 27 de julio de 2026 se desarrolló la sesión de instalación del Congreso de la República. El inicio de este periodo parlamentario deja huella en la historia peruana como el retorno a la bicameralidad, ya que durante los 33 años de vigencia de la Constitución de 1993 el Parlamento fue unicameral. Este nuevo quinquenio inicia con desafíos para la nueva composición del Congreso, pues los diputados y senadores deberán decidir si continúan o no en la línea de sus predecesores (algunos de ellos reelectos para este periodo).
En ese sentido, el expresidente de la República y excongresista, Francisco Sagasti, realiza el siguiente balance sobre la labor parlamentaria del Congreso 2021-2026: “aprobaron leyes que favorecen la impunidad de los delincuentes, aumentaron el gasto público sin pudor, duplicaron su propio presupuesto, y legislaron favoreciendo a grupos de interés afines a ellos. Interfirieron groseramente en la administración de justicia, rompieron el equilibrio entre los poderes del Estado, y se autoerigieron en una Asamblea Constituyente clandestina, modificando más de cincuenta artículos de la Constitución sin consultar a la ciudadanía”.
Cabe destacar que, mediante un pacto de supervivencia y conveniencia política, una mayoría congresal en el Congreso 2021-2026 arrasó con todo lo que encontró en su paso. Por ejemplo, en su labor legislativa dicho Congreso realizó un fraude a la Constitución al inaplicar, evadir o reinterpretar normas o mandatos constitucionales mediante leyes ordinarias. Esto afectó negativamente figuras constitucionales como la cuestión de confianza y el referéndum, entre otras.
Como explica el constitucionalista Raúl Gutiérrez: “nos encontramos frente a una mayoría parlamentaria desbocada que, apartada de una conducta de enmienda o de prudencia democrática, tiene una vocación creciente por continuar en la senda de un uso descontrolado de sus competencias legislativas, como efectivamente es la aprobación de leyes interpretativas que distorsionan la Constitución”.
Por consiguiente, el balance y equilibrio de poderes fue significativamente debilitado por dichas normas y, a su vez, casi nulificado, o sea reducido a su mínima expresión, a través del copamiento institucional; la designación de funcionarios títeres o sumisos al Parlamento en instituciones claves para los checks & balances como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría.
Inclusive, bajo un sistemático uso abusivo del procedimiento parlamentario de juicio político, la voluntad avasalladora de la mayoría parlamentaria se impuso para lograr la destitución e inhabilitación de altos funcionarios que les eran incómodos por realizar algún mecanismo de control, en el marco de sus competencias constitucionales, sobre la labor del Congreso. En mérito a ello, el Parlamento descabezó instituciones, siendo víctimas de este abuso parlamentario Inés Tello y Aldo Vásquez, magistrados de la Junta Nacional de Justicia; Zoraida Ávalos, fiscal suprema; y Delia Espinoza, Fiscal de la Nación.
Además, se suma a ello una labor legislativa centrada en perforar el ordenamiento jurídico penal para debilitar la lucha contra el crimen e interferir en el Sistema de Justicia. Este conjunto de leyes, denominadas “procrimen” y actualmente vigentes en el ordenamiento jurídico peruano, tiene como efectos jurídicos: restringir la colaboración eficaz, las interceptaciones telefónicas y los allanamientos; favorecer la impunidad al limitar los plazos de prescripción de delitos; posibilitar el archivo de investigaciones y procesos por crímenes de lesa humanidad e impedir el procesamiento de partidos y políticos por el delito de organización criminal.
Adicionalmente, las leyes “procrimen” han generado espacios de blindaje para estructuras criminales infiltradas en la actividad política; debilitado la extinción de dominio al elevar los requisitos para el decomiso de bienes ilícitos; y flexibilizado el uso de la fuerza policial, ampliando los márgenes de impunidad para agentes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos, entre otros. Por ello, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, resaltó que uno de los deberes del siguiente Congreso era derogarlas, pues “han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado”.
En consecuencia, la actuación del Congreso durante el periodo 2021-2026 contribuyó al deterioro de la institucionalidad democrática del Perú, tal como advirtió la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. En su informe más reciente sobre el Perú, advierte que “el Congreso de Perú ha iniciado numerosas reformas constitucionales y legislativas, en ocasiones simultáneas e incluso superpuestas. La situación resultante se ha caracterizado por una intensificación de la inestabilidad institucional”.
Por otro lado, lejos de la impulsividad de un Parlamento unicameral, el nuevo Congreso bicameral tiene el potencial de representar, precisamente, su antítesis. Su diseño constitucional se erige sobre la existencia de una segunda instancia de deliberación, en otras palabras, una cámara más reflexiva, que convierte a la reflexión en un componente inherente del procedimiento legislativo, corrigiendo así una de las principales falencias que caracterizó al modelo parlamentario anterior.
Sin embargo, la existencia de una segunda cámara no basta por sí sola. Tampoco sería deseable que una mayor deliberación se traduzca en lentitud o inoperancia. Por el contrario, los nuevos parlamentarios tienen la responsabilidad de actuar con diligencia y estar a la altura del encargo que la población les dio en las urnas.
En ese contexto, diputados y senadores tienen dos caminos: continuar privilegiando intereses particulares y profundizando la erosión democrática, u optar por un nuevo rumbo orientado a reducir la brecha de representatividad, acercando el Congreso a la ciudadanía y respondiendo de manera efectiva para la satisfacción de sus necesidades básicas.
Sobre la Cámara de Diputados, además de tener la competencia constitucional de iniciativa legislativa, será la encargada de realizar control político a los actos del Ejecutivo. Por lo tanto, es vital para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes que estas facultades sean ejercidas con responsabilidad y prudencia, lejos del obstruccionismo que caracterizó a mayorías parlamentarias como la del 2016.
También la Cámara de Senadores tiene una función trascendental como cámara revisora, al contribuir a mejorar la calidad normativa mediante la revisión de las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados. Del Senado se espera un mayor rigor técnico que evite la aprobación de normas inconstitucionales, financieramente inviables o deficientemente diseñadas.
Adicionalmente, otro encargo importante es que en el Senado lleguen al consenso necesario para renovar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Contraloría; pues quienes integran en la actualidad dichas instituciones han desacatado decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han apartado arbitrariamente de criterios internacionales de derechos humanos, así como han pisoteado la Constitución.
Respecto a la Constitución, probablemente, se preserve tal como está, ya que ni el bloque oficialista ni el de oposición logran alcanzar el umbral de votos requeridos para modificarla; mayoría calificada en las dos cámaras del Parlamento. Así que, al menos en este quinquenio habrá rigidez constitucional, aunque la historia peruana reciente nos demuestra que eso en el Perú no es suficiente, ya que depende del compromiso de los diversos actores políticos de defender el Estado Constitucional de Derecho.
En suma, en un país como el Perú, donde la inestabilidad política ha prevalecido en el tiempo, el nuevo Congreso bicameral enfrenta el desafío de devolverle la confianza a los ciudadanos y reconstruir las instituciones democráticas. Corregir los errores del pasado exigirá liderazgo, responsabilidad y vocación de servicio. Un nuevo quinquenio abre una oportunidad para demostrar que sí es posible legislar con prudencia, deliberar con altura y gobernar pensando en el interés general. Si el Congreso cumple con ese encargo, habrá ganado el Perú.
Referencias bibliográficas
Canal N. (2026). Voto 2026: Marisol Pérez Tello propone derogar leyes «pro crimen». Recuperado de: https://canaln.pe/actualidad/voto-2026-marisol-perez-tello-propone-derogar-leyes-pro-crimen-n490961
Comisión de Venecia. (2026). Opinión N.º 1269/2025, f. 80.
GUTIÉRREZ, R. (2025). El Fraude a la Constitución. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, p. 149.
SAGASTI, F. (2026). Cinco años después. Recuperado de: https://larepublica.pe/opinion/2026/07/27/cinco-anos-despues-por-francisco-sagasti-hnews-2305260
