Por Enfoque Derecho

La junta médica del Hospital Regional de Loreto negó la solicitud de aborto terapéutico a una menor de 11 años que fue abusada sexualmente por su padrastro. Esto por considerar que la vida de la menor no estaba en riesgo. Al respecto, el Código Penal establece en su artículo 119 que el aborto terapéutico, despenalizado en Perú, debe suponer una medida de ultima ratio para salvar la vida de la gestante o evitarle un mal grave y permanente.  Ante ello, el 9 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) trasladó a Lima a la niña para que se revalúe su caso con una nueva junta médica, que estará bajo su supervisión.

Respecto al caso, diferentes organizaciones internacionales, como la ONU, UNFPA y Unicef, instaron al Estado peruano a que reconsideren esta decisión, pues se trataría de un caso de violación de derechos humanos. Cabe recordar que, a mediados de junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió una sentencia histórica: determinó que el Estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena de 13 años, denominada Camila, víctima de violación e incesto al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.

Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso que Lisbeth Mori, exdirectora de la Unidad de Protección Especial (UPE), sea separada de su cargo luego de que Epicentro reveló un audio en el que se le escucha tratando de convencer a la madre de la menor de 11 años para que esta no reciba el aborto terapéutico. Asimismo, el Poder Judicial expresó su rechazo ante la negativa de otorgar el aborto terapéutico a Mila e indicó que la maternidad forzada producto de una violación sexual es una forma de tortura que atenta contra la salud integral de la menor.


Fuentes:

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