Por Enfoque Derecho.
Durante el 13 de enero de 2023 y el 23 de abril del mismo año, Luis Adrianzén fue ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Lejos de ser una nota para alabar algún logro producto de su efímera gestión, se trata más bien de una nota para informar sobre presuntos delitos cometidos durante la misma.
A inicios de esta semana, el lunes 21 de agosto, la cuenta de Twitter (actualmente “X”) del Ministerio Público expuso que la fiscal de la Nación Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Adrianzén, en su condición de exministro de Trabajo, por el presunto delito contra la administración pública, en las modalidades de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
De acuerdo a información investigada y publicada por “El Comercio”, durante su gestión en el Ministerio de Trabajo, Luis Adrianzén se habría contactado con Aurelio Orellana, presidente de EsSalud en ese periodo de tiempo, para que se paguen 41 millones de soles a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. (en adelante, Aionia). Probablemente muchos no lo recuerden, pero dicha empresa consiguió la adjudicación de EsSalud para para venderles 1′174.800 pruebas rápidas para detectar la COVID-19. Esta información estaría apoyada de conversaciones de WhatsApp, las cuales también publicó “El Comercio”.
Esta adjudicación tuvo dos problemas: Por un lado, un informe de la Contraloría reveló que el proceso, realizado durante la gestión de Fiorella Molinelli, estuvo orientado a favorecer a Aionia. Por otro lado, la empresa aparentemente incumplió con el cronograma de entrega de los dispositivos y, por si fuera poco, cuando se cumplió finalmente con la entrega se encontró que estos no habrían cumplido con los parámetros médicos establecidos por EsSalud. Por estos dos problemas, el pago a Aionia se detuvo.
Al momento en que se escribe esta nota, ambos involucrados han negado las acusaciones. En una conversación con RPP, Orellana negó rotundamente el pago, pues aquel habría sido realizado de manera regular, obedeciendo todo lo establecido legalmente. En el caso de Adrianzén, él negó estar involucrado en los pagos irregulares y anunció que llevaría este caso al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.
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