Por Enfoque Derecho,

El último jueves, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 12 meses de impedimento de salida del país para el expresidente, Martín Vizcarra. La medida restrictiva se impuso atendiendo a la solicitud del Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal anticorrupción Germán Juárez, quién inicialmente pidió que la medida se extienda a 18 meses. Según mencionó Juárez, la medida tiene como finalidad, asegurar la presencia del exmandatario en la etapa del juzgamiento. 

Es preciso recordar que esta medida se dicta como parte de las investigaciones que se siguen en contra de Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En ambas investigaciones, se atribuye a Vizcarra la presunta comisión de cohecho pasivo propio, según la acusación del Ministerio Público, el ex presidente accedió a coimas a cambio de otorgar contratos de construcción, ello durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. En la misma línea, se detalló que el expresidente habría recibido el pago de un millón de soles por parte de la empresa Obrainsa-Astaldi a cambio de otorgarle la licitación de la obra “Ampliación de la Frontera agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”. Asimismo, se presume que recibió 1.3 millones de soles por el mejoramiento del Hospital de Moquegua. 

En las audiencias realizadas en el marco de las investigaciones seguidas en contra de Martín Vizcarra, el fiscal, German Juaréz  detalló que  dado que se han superado las etapas iniciales de la investigación preliminar y preparatoria, existe una “alta probabilidad” de que el expresidente haya recibido coimas. Por lo tanto, es necesario garantizar la presencia del investigado en un eventual juicio. Sin embargo, ante la ausencia de Vizcarra en las audiencias, el fiscal German Juaréz, mencionó, que sigue realizando viajes por razones políticas al interior del país, ello a pesar de que desde 2022 se encuentra inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier función pública. 

Finalmente, la Fiscalía de la Nación está pidiendo por los casos ya mencionados un total de 15 años de prisión efectiva y 9 años de inhabilitación para ejercer algún cargo público contra Martín Vizcarra. En adición, la Procuraduría Pública Ad Hoc solicitó al Poder Judicial convertirse en “actor civil” en los procesos penales seguidos contra Vizcarra. La Procuraduría requirió que el exmandatario y los demás investigados asuman de manera solidaria el pago de 30.664.035 soles como reparación civil a favor del Estado por los daños ocasionados. En respuesta, el Poder Judicial aceptó la participación de la Procuraduría como “actor civil”; basándose en los requisitos establecidos en el Código Procesal. 

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