El día miércoles 15 de abril, el juez Raúl Justiniano, perteneciente al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido de la Fiscalía en el que se solicitó 18 meses de prisión preventiva en contra de la señora Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), quien es acusada por el delito de terrorismo en agravio del Estado. La noticia fue ampliamente conocida después que el Poder Judicial, por medio de sus redes sociales, diera a conocer la decisión judicial, resaltando que -además-, esta se extiende para los otros seis detenidos: Estefany Alanya, Alex Gómez, Alejandro Manay, Piero Giles, Fernando Quinto y Yulisa Gómez Ayala.
Rocío Leandro, más conocida como “la Camarada Cusi”, fue detenida en Ayacucho el pasado 12 de enero, por la Policía Nacional del Perú (PNP) y un grupo de fiscales especiales del Ministerio Público enviados desde Lima. Cabe resaltar que, dicha detención incluyó a los demás ciudadanos anteriormente mencionados, quienes fueron ubicados en la Casa del Maestro de Huamanga y, prontamente, derivados a la ciudad de Lima.
En principio, se les acusaba por su calidad de «financistas» de las protestas en contra del Gobierno que se llevaban a cabo en dicha ciudad y, particularmente, bajo el cargo de promover las violentas protestas que ocurrieron en diciembre de 2022. Pero, el pedido del Ministerio Público (MP) se enfoca en la investigación que tiene por el delito de terrorismo, pues la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) sostiene en sus atestados que, “Camarada Cusi” había formado parte de la organización terrorista Sendero Luminoso. Incluso habría sido detenida e internada en penales por su participación en los atentados ocurridos en las décadas de 1980 y 1990.
Para el día 24 de enero, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la orden de detención preliminar contra la Camarada Cusi y los demás investigados. La tesis fiscal se concentraba en una acusación a la Camarada Cusi, por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de pertenencia a una organización terrorista como Sendero Luminoso. Razón por la cual, la Fiscalía desarrolló el pedido que fue evaluado por el magistrado Justiniano, quien valoró dicho requerimiento en el marco del delito de afiliación a una organización criminal, razón por la cual consideró que encajaba adecuadamente en la naturaleza del delito.
De ahí que, el portal de noticias Infobae indica que el jefe policial a cargo declaró que, en ese operativo, se incautó siete teléfonos “con información vital” con “evidencias incuestionables” que se revelarán “para la salud de la democracia, la libertad y la paz en el país”.
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