El pasado viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. Al respecto, manifestó que, dado que se trata de información reservada, no debe ser divulgada durante la etapa preliminar, sino recién desde la fase de juicio oral cuando adquiere carácter público. Asimismo, señaló que la medida se centra en proteger la presunción de inocencia de los acusados. Según el primer ministro, la norma evitará que se divulgue información con el objetivo de atribuir delitos a quienes aún se encuentran en medio de procesos de investigación:
“Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine. Y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”.
Las declaraciones de Torres se producen después de lograr el acuerdo en Consejo de Ministros, pues, como se recuerda, esta iniciativa del Ejecutivo fue anunciada con anterioridad por el ministro de Justicia, Félix Chero. El pasado 13 de junio el gabinete del presidente Pedro Castillo justificó que la nueva política respondía a que no se continuara “desnaturalizando” el avance de las investigaciones del Poder Judicial. Pese a las críticas, si el pleno del Congreso aprueba este proyecto de ley, la sanción sería de cuatro años de prisión efectiva para quienes compartan este tipo de información, especialmente periodistas.
Gremios de periodistas rechazan el proyecto de ley
Ante el anuncio de Aníbal Torres, diversas asociaciones de prensa y periodistas se pronunciaron al respecto, mostrando su rechazo frente a una norma que los afecta directamente. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que se “afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es a todas luces inconstitucional, y correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su preocupación por la línea conjunta que tanto el Ejecutivo como el Legislativo siguen cuando se trata de obstaculizar la labor periodística. El Colegio de Periodistas del Perú también brindó declaraciones calificando la medida como un atentado contra la libertad de expresión, que contraviene los parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente, frente a este proyecto vale la pena recordar que la Corte IDH ha emitido amplia jurisprudencia en la que reafirma la importancia de la libertad de expresión y cómo los Estados deben respetarla en sus diferentes manifestaciones: “Quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
Fuentes:
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf
