Por Marcelo Castilla y Jonatan Marcés, estudiantes de Derecho de la PUCP y miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

En los últimos días, el grupo parlamentario fujimorista, a través de su vocero Luis Galarreta, señaló que su bancada había presentado un proyecto de ley para cambiar el Decreto Legislativo 1148 -modificado por el Decreto Legislativo 1230-. Este proyecto, según el legislador, otorga protección policial de por vida tanto al ex presidente Ollanta Humala, como a su esposa, hijos e incluso a sus padres.

El Decreto Legislativo 1148, luego de la modificación del Decreto Legislativo 1230 lee como sigue,

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:

Brindar seguridad integral al Presidente Constitucional de la República en ejercicio, al electo y ex Presidentes; seguridad personal a los Presidentes de los Poderes Públicos, Congresistas de la República, Ministros de Estado, Jefes de Estado en visita oficial al país y otras personalidades que determine el reglamento de la presente norma.

A partir de esta modificación, el ex Presidente Humala emitió casi finalizado su mandato, el Decreto Supremo 004-2016-IN que reglamenta el Decreto Legislativo antes citado. Este define los alcances de lo que constituye la seguridad integral, la seguridad semi integral y la seguridad personal.

En este sentido, seguridad integral consta de la protección policial que se da no solo a la persona, sino también al lugar en el que labora y vive. La norma reglamentaria incluye también la protección del cónyuge, de los hijos y de los padres del protegido. Mientras que la seguridad integral otorga resguardo a los familiares, la seguridad personal, supuesto del que gozan los congresistas, no lo hace, sino que se limita a resguardar a la persona, sin incluir centro de labores y vivienda.

En la realidad, de acuerdo al ex Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, serían un total de hasta 14 efectivos policiales en dos turnos más un jefe de seguridad, los encargados de cuidar a los ex mandatarios. Asimismo, el ex Ministro estableció que aún estaba por verse la cantidad de vehículos motorizados que sumarían al resguardo. El precio para el Estado sería de aproximadamente 42 mil soles mensuales.

Sin embargo, los ex Presidentes no solo gozan de seguridad. Además del resguardo, reciben un sueldo mensual idéntico al de los congresistas, tienen derecho a un vehículo con gasolina, un seguro de salud, un asesor, un técnico y hasta un auxiliar.

Respecto al equipo de asesoramiento que acompañaría a los ex mandatarios –equipo que, en cifras, constituye el beneficio más caro que reciben-, su fundamentación la encontramos en el artículo 166 de la Constitución de 1979. Este artículo establecía que los ex Presidentes eran senadores vitalicios y, en calidad de ello, debían tener un equipo que los asesorase. Al haberse eliminado este supuesto de la Constitución actual, es legítima la duda de si el beneficio es uno que debería mantenerse.

En cifras, el sueldo vitalicio de un ex Presidente es de 15 600 soles a este momento, se le asigna un vehículo nuevo –del que solo podemos especular un precio-, 300 galones de gasolina con un valor estimado de 3600 soles; y, por supuesto, los sueldos del asesor, el técnico y el auxiliar del ex mandatario, que llegarían a costar más de 20 mil soles mensuales. Cabe agregar que estos últimos cargos son de confianza; es decir, el ex Presidente los elige a dedo.

En la actualidad, los únicos que reciben tales beneficios son Ollanta Humala –autor de algunos de ellos- y Alejandro Toledo. Alan García, a través de un claro acto político, renunció a esos beneficios en el 2012. Alberto Fujimori, por su lado, está impedido de percibirlos.

Ahora bien, es conveniente comparar esta situación con la de otros ex Presidentes. En el caso de Bolivia, los ex Presidentes perciben una pensión de 2 500 dólares. Para Evo Morales, hasta esta cifra es muy alta: “No hay sentimiento por la patria”, dijo en el año 2007.

En el caso de nuestro vecino país del sur, los ex Presidentes perciben un sueldo igual a la dieta parlamentaria. Esto suma una mensualidad de alrededor de 6 mil dólares. Asimismo, a ese monto se le debe sumar 1 500 dólares por traslación y un gasto por funcionamiento de oficina que puede llegar a costarle al Estado chileno hasta 7 mil dólares y que incluiría el sueldo de quienes trabajen para el ex mandatario. El total es de alrededor de 15 mil dólares.

En el caso de México, los ex Presidentes reciben un sueldo de alrededor de 14 mil dólares. Y solo en su seguridad, el Estado desembolsa aproximadamente 2,2 millones de dólares. A esto se debe añadir otros beneficios como seguros y oficinas.

Respondiendo la cuestión inicial, sin embargo, creemos que la seguridad de un ex Presidente no debe estar sujeta a una decisión política sino una decisión técnica. Sin embargo, queda claro que es necesario hacer una revisión de los beneficios que les otorgan a nuestros ex Presidentes una vida tan cómoda. En resumen, mientras tal vez para muchos el sueño es de ser Presidente de la República, pareciera que mayor aspiración aún es ser ex Presidente de la República.