El juez Jorge Chávez Tamariz dictó 18 meses de prisión preventiva contra 14 árbitros en el marco del caso Odebrecht por la comisión del delito de cohecho pasivo. El supuesto delito se habría ejecutado a través de “bonos de éxito” otorgados a los árbitros que participaron en la emisión de laudos arbitrales que fallaron a favor de la empresa Odebrecht.
El juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de Lima señaló que existen los 3 requisitos determinados para la prisión preventiva: en primer lugar, deben existir fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; en segundo lugar, la sanción a imponerse debe ser superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y, en tercer lugar, que, a razón de los antecedentes y otras circunstancias particulares del imputado, exista un peligro de fuga u obstaculización del proceso. En el presente caso, durante la audiencia, el magistrado señaló que “considerando que existe peligro de fuga y, en otros, el peligro de fuga y de obstaculización, y considerando que no encuentro otras medidas que puedan resultar suficientes para perseguir este fin (de perseguir el delito), la prisión preventiva corresponde ser aplicada”.
Cabe precisar que 14 de 16 árbitros tendrán que acatar el mandato de preventiva en lo que se desarrolla el proceso, entre los que se encuentran Ramdol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, José Humberto Abanto Verástegui, Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmuller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Ricardo Espinoza Rimache y Alfredo Zapata, Martín Linares tendrán que cumplir cárcel provisional mientras se les indaga por el supuesto delito de cohecho.
Por su parte, Emilio Cassina Ramón tendrá que cumplir una orden de comparecencia restringida y Emilio Cassina Rivas afrontará el proceso bajo prisión domiciliaria. El fundamento del mismo es la avanzada edad de Cassina (83 años) y por su delicado estado de salud. Asimismo, el juez señaló que en este caso, no hubo un adecuado argumento sobre el peligro de fuga.
Si bien sobre todos los abogados investigados recae una orden de captura nacional e internacional, la Fiscalía anunció que presentará recurso de apelación respecto al plazo, teniendo en cuenta que solicitaron 36 meses.
Por otro lado, el juez Chávez Tamariz descartó la existencia del presunto delito de asociación ilícita para delinquir, pues no se presentaron pruebas que señalen una estructura propia como para ser una organización criminal. Del mismo modo, con el presunto delito de colusión agravada, ya que no se presentó pericia contable alguna que denote un resultado lesivo identificable. Finalmente, respecto al delito de lavado de activos, no se acreditó que la fuente de las supuestas “coimas” fueran ilícitas.
Finalmente, la defensa de todos los árbitros involucrados apelaron la resolución del juez Chávez Tamariz.
Fuente de la imagen: Andina
