Por: Luis Fernando Roca
Estudiante de derecho de la PUCP y miembro de la Asociación Civil Themis.
Si uno revisa los anales de la Historia, podrá notar que esta no es más que una constante competencia entre distintas potencias por la supremacía económica, política y cultural en el mundo. Esta situación se mantiene hasta el día de hoy: en un planeta de recursos limitados, los conflictos son comunes y, a veces, es difícil mantener la paz. El Derecho Internacional, hoy en día, busca aliviar estas tensiones, intentando dar soluciones pacíficas y jurídicas a los conflictos en cuanto surgen. Una serie de organismos internacionales, como la ONU, buscan lograr el ideal de un mundo de paz en el que los Derechos Humanos sean universalmente respetados.
Es en este contexto de respeto a los DD.HH. que se enmarca la declaración unilateral de independencia de Kosovo (pequeña y remota región balcánica, al sur de la actual Serbia), llevada a cabo el 17 de febrero de 2008. Esta ha sido reconocida por multitud de países (entre ellos el Perú), pero el gobierno serbio se niega a reconocerla, alegando que viola el Derecho Internacional. La declaración fue emitida por el Parlamento kosovar y avalada por el poder Ejecutivo de la región; ambos son organismos democráticamente elegidos y cuentan con el respaldo de la población. Podría decirse, entonces, que el pueblo de Kósovo está haciendo uso de su derecho a autodeterminarse y, por ello, puede separarse de Serbia. Pero antes de hacer esta afirmación es necesario responder varias preguntas. En primer lugar, ¿en qué consiste el derecho de libre determinación de pueblos? ¿Puede (o debe) el Derecho Internacional justificar este tipo de situaciones, siendo su misión la preservación de la paz mundial?
Es importante tener en cuenta que la libre determinación es un derecho de los pueblos internacionalmente reconocido. La misma Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1.2, afirma que uno de sus objetivos es “fomentar las relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto a los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos…”. Posteriormente, la Asamblea General estableció que “la sujeción de un pueblo a la dominación y explotación extranjera constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales” (Resolución 1514 de 1960). Sin embargo, era necesario ponderar el derecho a la libre determinación con el principio de integridad territorial de los Estados, tan necesario para preservar la paz. Fue así que la Resolución 1541 establece que son países colonizados “aquellos separados geográficamente del país administrador y distinto en sus aspectos étnicos y culturales”. La Resolución 2625, de 1970, deja claro que las colonias tienen una condición jurídica distinta a la de sus metrópolis, por lo que su independencia no implica el quebrantamiento de la unidad territorial.
Su mención en distintas resoluciones y convenios internacionales hizo de la libre determinación un derecho de los pueblos, llegando ya al rango de ius cogens; cualquier acto contrario a él deviene en nulo. Hoy, sin embargo, los regímenes coloniales han desaparecido, por lo que ya no tiene sentido hablar de la libre determinación como un derecho; cobra importancia, más bien, como principio del Derecho Internacional. Un principio es una proposición abierta que puede ser aplicada a un caso no normado; entendiendo a la libre determinación como un principio es aplicable a regiones no colonizadas. La importancia de esta interpretación se encuentra en la necesidad del Derecho Internacional de adaptarse a la nueva situación mundial para poder defender con mayor eficacia los derechos humanos a la participación política y autogobierno. De este modo, puede defender de una manera más eficiente la dignidad humana.
Diversos tratados y convenios internacionales aplican, aún hoy, el principio de libre determinación (Declaración de Derechos de las Minorías, Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre muchos otros). Sin embargo, este ya no es entendido como un derecho a la separación, sino como el derecho de un pueblo o minoría (claramente diferenciadas al resto del país) a ejercer sus derechos políticos, elegir a sus representantes y disponer de sus recursos y forma de gobierno. Cabe entonces preguntarse qué sucede si un gobierno no respeta estos derechos políticos y niega a un pueblo la oportunidad de autogobernarse. ¿Sería posible aplicar el principio de libre determinación entendido como un derecho a la secesión?
Considerando que el fin último del principio de libre determinación es la protección de los derechos fundamentales a la participación política, si un gobierno se niega a reconocerlos, entonces el pueblo afectado podría reclamar la separación. Es importante considerar que esto sólo sería aceptable en situaciones extremas en las que un gobierno opresor discrimine política o económicamente a un pueblo determinado y se niegue a dialogar para obtener una solución. Esto para preservar el principio de integridad territorial de los Estados, el cual, sin embargo, no tiene porqué permitir que se pase por encima de los derechos humanos civiles y políticos, los cuales deben ser la guía del moderno Derecho Internacional.
Yendo al caso específico de Kósovo, los habitantes de esta pequeña región pueden ser fácilmente identificados como una minoría. Son étnicamente distintos a los serbios, hablan un idioma distinto (el albanés), profesan la religión musulmana (frente a los serbios ortodoxos) y se identifican a sí mismos con un pueblo aparte. A pesar de ser claramente una minoría en la región, los serbios reclaman el territorio kosovar como suyo, pues lo consideran el núcleo de origen del pueblo serbio; fue allí que gobernaron los grandes emperadores serbios de la Edad Media. Afirman que solo fueron desplazados de Kósovo por los turcos otomanos y desde entonces lo quieren de vuelta.
Tras la Primera Guerra Mundial y la formación de la antigua Yugoslavia, el gobierno de Belgrado centralizó la economía del país alrededor de los intereses serbios y, a pesar de reconocer una relativa autonomía a los distintos pueblos de la federación yugoslava, acaparó los principales puestos administrativos con funcionarios serbios. Con el pasar de los años, la federación fue perdiendo cohesión y cuando Croacia y Eslovenia se separan, en 1992, el gobierno yugoslavo (entonces dirigido por el infame Slobodan Milosevic) llevó a cabo una política represiva que anuló toda la autonomía de las demás regiones federales, incluido Kósovo. Con el pretexto de “proteger a las minorías serbias” en otras regiones, el ejército yugoslavo realiza una limpieza étnica contra bosnios y croatas que mató a más de 150.000 personas.
El Tratado de Dayton de 1995 confirmó la desmembración de Yugoslavia, pero implicó que Kósovo fuera reconocido como parte de la nueva federación de Serbia y Montenegro. La policía serbia mantenía rodeado el edificio del Parlamento y el recientemente formado Ejército de Liberación de Kósovo devino en una guerrilla terrorista fuertemente reprimida por el gobierno serbio. El gobierno, además de realizar millares de arrestos arbitrarios contra pobladores kosovares, prohibió el uso del albanés, cerró medios de comunicación y copó los puestos administrativos con serbios. La tensión llegó a ser tal que la OTAN tuvo que intervenir en 1998, expulsando a los serbios y estableciendo un gobierno transitorio dirigido por un enviado de la ONU. La administración de la llamada UNMIK estuvo pensada para existir en tanto serbios y kosovares llegaran a un acuerdo respecto al estatus definitivo del país y dotó a Kósovo de un Parlamento y un Ejecutivo elegidos democráticamente. Fueron estos quienes, ante las constantes negativas serbias respecto a reconocer la autonomía de Kósovo, declaran unilateralmente la independencia en su calidad de Asamblea Nacional.
Me parece que el caso particular de Kósovo sí se enmarca en los supuestos en los cuales es aceptable entender la libre determinación de los pueblos como un derecho a la secesión. El pueblo kosovar, a lo largo de la historia, ha sido constantemente oprimido por sus vecinos serbios y, en los últimos años, se le ha negado el derecho a autodeterminarse y disponer de su gobierno y sus recursos. La negativa al diálogo mostrada por los serbios llevó a la intervención armada de la OTAN, y esta misma negativa se ha mantenido a lo largo de más de diez años de negociaciones infructuosas. En este ocasión, y con el fin de proteger los derechos políticos del pueblo kosovar, el Derecho Internacional sí puede (y debe) justificar la independencia de Kósovo en el principio de libre determinación.
Para terminar, es importante diferenciar el caso de Kósovo de otros como el de los catalanes en España. La Constitución española de 1978 reconoce al gobierno catalán amplísimas facultades y este puede disponer libremente de sus recursos, recibiéndolos del Gobierno Central español. El pueblo catalán, además, goza del ejercicio de todos sus derechos políticos y elige libremente a sus gobernadores. Una declaración unilateral de independencia catalana sería inviable jurídicamente y contraria a la preservación de la paz entre las naciones. Pero siempre que la integridad de un Estado choque con el bienestar y los derechos de autogobierno de una minoría, el ordenamiento internacional debe favorecer al más débil. Sólo así se podrá decir que la humanidad ha avanzado hacia un más amplio reconocimiento del hombre como ser político, el cual debe tener el poder de disponer de su gobierno y sus recursos de forma libre y responsable.
