Es complicado ser optimista hoy en día con respecto a nuestra coyuntura política. Durante las últimas semanas hemos sido espectadores de titulares y escándalos de nuestras autoridades, producto de sus acciones y malas decisiones. El espacio público se ha vuelto una vez más el canal donde se debaten los descaros y la ineficiencia de nuestros gobernantes, antes que un lugar de deliberación sobre los proyectos e iniciativas que requiere el Estado, ya sea en el ámbito de servicios, derechos o reformas políticas. Lo peor es que mientras siguen los titulares sobre las “repartijas” o las declaraciones de la primera dama, nuestro país sigue cayendo en una ya consumada crisis de institucionalidad.
Sin embargo, la finalidad de este artículo no es deprimir al lector ni unirme al club de los frustrados. Es necesario comenzar a hablar de reformas en el Estado y, aunque usted no lo crea, la agenda del Congreso para este año tiene los condimentos necesarios para alimentar un debate. A continuación sintetizo algunos de los proyectos que se encuentran en agenda y que, a mi parecer, requieren ser priorizados por nuestros Congresistas para alimentar una contienda pública que permita implementar mejoras en estas iniciativas, y porque pueden abrir la puerta para producir cambios necesarios en el Estado:
1. Bicameralidad: A finales del año pasado, la Comisión de Constitución y Reglamento emitió dictamen a favor de realizar una reforma constitucional que nos permita volver al régimen de bicameralidad del Congreso. Esta iniciativa, al permitir la creación de dos cámaras con un mayor número de congresistas, se presenta como adecuada y necesaria para mejorar la representatividad del Congreso; ya que hoy en día existe un representante por cada 230 mil habitantes, lo cual genera desequilibrio en comparación con otros países del mundo. Asimismo, las cámaras del Senado y de los diputados permitirían tanto una visión nacional como local y establecerían mejores filtros al momento de aprobar las leyes en nuestro país. No obstante, la presente iniciativa contempla una polémica propuesta al incluir la figura del “senador vitalicio” para nuestros ex-presidentes que, tomando en consideración los graves procesos en los que se encuentran metidos, puede terminar por deslegitimar la propuesta.
2. Nueva ley de partidos políticos: Esta iniciativa se encuentra en el Proyecto de Ley 03060/2013-JNE. Si bien cambiar la regulación para mejorar la institucionalidad, eficiencia, democracia y transparencia de los partidos políticos tiene varias ventajas para nuestro sistema político, el actual proyecto aún requiere largas sesiones de debate para lograr una verdadera reforma. La propuesta esclarece que los partidos recibirán financiamiento público directo como una solución alternativa para que puedan realizar sus acciones de forma más eficiente y así no se elija a la gente que otorgue más recursos, sino a la más adecuada o capaz a criterio de los miembros del partido. Sin embargo, no propone medidas efectivas de control del financiamiento, ni cuestiona los efectos negativos que puede traer el voto preferencial dentro de esta lógica. Asimismo, tampoco presenta mecanismos para asegurar la democracia interna de los partidos con la participación de los organismos electorales. Por lo cual, el proyecto aún se encuentra en pañales si tomamos en cuenta las características y rubros en los que pretende incidir.
3. Ley Universitaria: En diciembre del año pasado, la Comisión de Educación aprobó el Dictamen para la nueva ley universitaria. La iniciativa busca dar un gran paso al buscar que exista un solo marco legislativo que regule la educación superior, pues actualmente tenemos un grave desorden por la coexistencia de normas y regímenes distintos que han generado una grave crisis en la calidad de la educación. Mucho se ha dicho y cuestionado sobre esta iniciativa, pero se ha colocado especial énfasis en la propuesta de crear una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU) como organismo técnico especializado que supervise la calidad de la educación, autorice el funcionamiento de las universidades y fiscalice el uso de los recursos. Lo cierto es que, a pesar de las críticas por una supuesta vulneración a la autonomía universitaria, el proyecto solo recoge lo ya asentado en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional (TC), la cual exhorta al Congreso a crear una Superintendencia especializada y supervisada por el Estado que regule a las universidades. El tema tiene varias aristas y se puede encontrar más información en las entrevistas de este portal.
4. Unión Civil: Esta iniciativa se encuentra contemplada en el Proyecto de Ley Nº 2647-2013/CR. Esta propuesta básicamente busca tutelar a un grupo de ciudadanos brindándoles la posibilidad de heredar, acceder a la seguridad social y ser interlocutores válidos de sus parejas en situaciones de emergencia cuando decidan entablar un proyecto de vida conyugal. Asimismo, a fin de evitar más polémicas, el proyecto no ha contemplado la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar y no ha optado el término “matrimonio” para evitar choques con las instituciones religiosas. Por otro lado, como ya señale en un artículo anterior, el proyecto no solo busca garantizar determinados derechos que han sido negados históricamente, sino que busca el reconocimiento de un grupo de personas a fin de evitar una discriminación injusta dentro de su proceso de socialización en la comunidad. El tema es conocido, hay artículos al respecto y una gran campaña que ya inició en las calles.
5. Elección de miembros del TC y Defensoría del Pueblo: Este tema no se encuentra en ningún proyecto y no se trata de una reforma estatal, mejora de un servicio público o la satisfacción de un derecho; pero sí constituye una grave omisión y obligación pendiente por nuestro Congreso que requiere ser definida este año. El nombramiento de estas personalidades permite el adecuado funcionamiento de estos organismos y una buena elección puede generar un plus en su legitimidad, creando así mayor confianza en la ciudadanía con respecto a su sistema.
Como podemos apreciar, existen proyectos interesantes en agenda, pero requieren una adecuada publicidad a fin de crear las condiciones adecuadas para que el debate permita implementar las mejoras pertinentes. Esta lista de proyectos no es taxativa ni excluyente de otros que puedan estar en agenda, pero en ella se encuentran claros ejemplos de iniciativas que serán tomadas en cuenta este año y que requieren de la participación ciudadana, pues intentan satisfacer las tan ansiadas demandas de derechos, servicios y reformas de nuestro ámbito público. Si a partir de esta nota el lector pudo recordar los debates que se acercan e ir formulando su postura para retomar la reflexión y así no tomar el ámbito público o político como tierra perdida, este artículo habrá logrado su cometido. ¡Que comience la contienda!
