«La Ley 32069 introduce un cambio relevante en la contratación pública peruana al permitir el uso de contratos estandarizados de alcance internacional, con el objetivo de uniformizar cláusulas, reducir la discrecionalidad administrativa y fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia en la ejecución de obras públicas.»
Por Nicole Rodriguez Villegas, estudiante del 9no ciclo de la Facultad de Derecho en la PUCP. Miembro de la comisión de Investigación Académica del Equipo de Derecho Inmobiliario; y Josué Zabarburú Román, estudiante del 8vo ciclo de la Facultad de Derecho en PUCP. Miembro de la comisión de Investigación Académica del Equipo de Derecho Inmobiliario. Miembro de la Editorial Jurídica Themis. Asistente de Cátedra del curso de Derechos Reales. Practicante pre profesional en Simons y de Noriega. 1. Introducción Juan Jara es un granjero que tiene un fundo de una extensión considerable y se dedicó toda su vida a la siembra de café. Sin embargo, a sus 50 años, decidió jubilarse y vivir de las rentas que el fundo, en
Por Jorge Giampieer Alarcon Paucar, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Resumen: Los Dispute Boards son instrumentos de gestión de riesgos y resolución de disputas en los contratos de construcción que son ampliamente usados a nivel internacional y, recientemente, en sede nacional. En nuestro ordenamiento jurídico, estos paneles técnicos, conocidos como Junta de Resolución de Disputas, han sido regulados por la Ley de Contrataciones del Estado y algunos reglamentos de los centros arbitrales más importantes. No obstante, persisten algunas controversias alrededor del tratamiento de la figura, por ejemplo, la facultad de emitir medidas cautelares o provisionales y si esta es reconocida por la normativa nacional. I. Introducción La opinión estandarizada sobre los riesgos que
El 3 de junio, EnfoqueDerecho.com, en colaboración con el Equipo de Derecho Inmobiliario de la PUCP, llevaron a cabo el evento «Licencia de construcción: la eliminación de barreras burocráticas como herramienta para la reactivación del sector inmobiliario», en el cual se discutieron, desde diferentes perspectivas, diversos temas sobre las limitaciones que tiene el sector inmobiliario en nuestro país. Nos acompañaron: ? Guilliana Paredes. Abogada y Máster en economía, competencia y regulación de los servicios públicos en la Universidad de Barcelona. Ex secretaria técnica de la Sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Indecopi. ? Francisco Avendaño. Abogado y profesor de la PUCP. LL.M. in Banking and Financial Law por la Universidad de Boston. Socio del estudio Avendaño Abogados. ?
Por Maria Fernanda Mondragon Ticlla, estudiante de séptimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Introducción En el contexto actual, buscamos soluciones económicas y eficaces frente a los problemas que se derivan de acontecimientos imprevisibles de la naturaleza. La pandemia obligó a las personas a pensar cómo evitar terminar en el Poder Judicial sin antes negociar con sus acreedores/deudores frente a la prestación a la que se habían obligado. El deber de negociar como parte de la mitigación de daños y la buena fe contractual que estipula nuestra legislación nos ha llevado a plantearnos la posibilidad de alegar la fuerza mayor como una salida rápida para evitar problemas con los acreedores/deudores, pero, hasta cuándo podríamos tomar
Por Katherine Waidhofer Ludeña, abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Magíster en Ciencias en Construction Law and Dispute Resolution por King’s College London, profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, experta en Derecho de la Construcción y Solución de Controversias. Socia en Navarro Sologuren, Paredes, Gray (NPG), Fellow del Chartered Institute of Arbitrators (UK) y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Resulta curioso cómo desde hace un tiempo se viene hablando de contratos “colaborativos” de construcción. De cierta manera, todo contrato de construcción necesita, en menor o mayor medida, de la colaboración. La ejecución de un proyecto es un proceso complejo porque involucra de la participación de múltiples
Por María Mondragón Ticlla, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima Las empresas privadas pagan impuestos a la renta cuando se generan inversiones y producción por su trabajo, con esto se genera el ingreso público que tiene por objetivo crear eficiencia económica para el desarrollo del país. Sin embargo, la responsabilidad de las empresas privadas por su trabajo no termina ahí. El factor social también es importante, tomando como ejemplo el sector minero – que paga altas tasas de impuesto – todavía tiene conflictos sociales debido el sector que se afectado directamente por sus actividades tiene la percepción de que no es responsable socialmente, ya que no realiza proyectos para su comunidad. Con las obras por impuestos se hace
