«Cuando el ordenamiento prescribe determinadas formalidades, estas no constituyen meros ritualismos, sino mecanismos de previsibilidad destinados a reforzar la seguridad jurídica y a reducir la incertidumbre en el tráfico. Así, de manera excepcional el legislador se dispone a imponer exigencias formales específicas, ya sea como requisito de validez del acto, conocida como formalidad ad solemnitatem».
Por Jimena Valega, bachiller en Derecho por la Universidad de Lima y asociada de Garrigues (Perú). En el contexto de los contratos de financiamiento, las cláusulas de declaraciones y garantías, conocidas en el derecho anglosajón como representations and warranties, desempeñan un rol fundamental para garantizar la transparencia de la transacción. Estas cláusulas son esenciales para mitigar riesgos y establecer bases sólidas para la relación entre prestamistas y prestatarios. Como una primera aproximación, se pueden definir como afirmaciones y compromisos que realizan ambas partes, asumiendo la responsabilidad de la veracidad de ciertos hechos y condiciones existentes al momento de la firma del contrato de crédito. Estas cláusulas funcionan esencialmente como un método de asignación de riesgos. Las partes buscan distribuir los riesgos
Por Luis Baca Zegarra, abogado por la Universidad de Lima y asociado de Cuatrecasas en Mercantil y M&A. Uno de los aspectos más negociados en los contratos de compraventa de acciones (“SPA”), en el marco de operaciones de adquisición, es la regulación en materia de indemnización (indemnities). La obligación de indemnizar sobrevivirá al cierre y mientras el comprador querrá que el vendedor lo indemnice por cualquier pérdida ocasionada por la falsedad o inexactitud de sus declaraciones y garantías (misrep) o por el incumplimiento de sus obligaciones (breach of covenants), el vendedor querrá limitar lo más posible su responsabilidad en este sentido. Si bien la obligación de indemnizar alcanza también al comprador (que también otorga ciertas declaraciones y se sujeta
Por Enfoque Derecho La comisión investigadora multipartidaria presidida por el congresista Héctor Valer Pinto (Somos Perú), para que, en un plazo de 120 días útiles, se investigue desde el año 2018 al 2022 las licitaciones públicas y contratos realizados por el Estado citó para este viernes 27 de octubre a las 10 a.m. al expresidente Martín Vizcarra. Se espera recibir sus declaraciones sobre sobre los contratos que se firmaron su gobierno, del 23 de marzo del 2018 al 9 de noviembre del 2020, y empresas constructoras de China, en supuestas condiciones irregulares. Una de las obras comprometidas es la de la carretera de Canchaque, Piura, sobre la cual la comisión parlamentaria ha recibido información de parte de testigos anteriormente convocados. Otra
Por Maria José Canales Riccio. Abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Asociada de las áreas de Derecho Bancario, Financiero y Mercado de Capitales, y, Corporativo/M&A en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Lima, Perú). Introducción El uso de garantías, sean reales o personales, es una de las maneras más efectivas a través de las cuales los acreedores aseguran sus operaciones ante el incumplimiento obligacional de sus deudores. Por un lado, las garantías reales son aquellas otorgadas por un deudor o tercero sobre, principalmente, bienes inmuebles, para asegurar el cumplimiento de la denominada “obligación garantizada”. Si el deudor incumple dicha obligación, el acreedor quedará facultado a ejecutar la garantía que le fue otorgada con el objetivo de servirse
