Por Jimena Valega, bachiller en Derecho por la Universidad de Lima y asociada de Garrigues (Perú).
En el contexto de los contratos de financiamiento, las cláusulas de declaraciones y garantías, conocidas en el derecho anglosajón como representations and warranties, desempeñan un rol fundamental para garantizar la transparencia de la transacción. Estas cláusulas son esenciales para mitigar riesgos y establecer bases sólidas para la relación entre prestamistas y prestatarios. Como una primera aproximación, se pueden definir como afirmaciones y compromisos que realizan ambas partes, asumiendo la responsabilidad de la veracidad de ciertos hechos y condiciones existentes al momento de la firma del contrato de crédito.
Estas cláusulas funcionan esencialmente como un método de asignación de riesgos. Las partes buscan distribuir los riesgos asociados a situaciones inciertas o desconocidas en el momento de la celebración del contrato de crédito. Además, las declaraciones y garantías reducen los costos de la asimetría informativa inherente a cualquier relación entre el prestamista y prestatario, partiendo de la premisa de que el prestatario siempre estará en una mejor posición al contar con mayor información, de la cual el prestamista desconoce.
Para mitigar esta asimetría informativa, existen además, diversos mecanismos, como la entrega de información relevante por parte del prestatario al prestamista, y la diligencia del prestamista de realizar auditorías a la información proporcionada, reflejada generalmente en un reporte de due diligence. Este proceso de due diligence implica una auditoría exhaustiva por parte del prestamista para verificar la exactitud y completitud de la información proporcionada. Sin embargo, a pesar de su utilidad, estos mecanismos, aunque útiles, enfrentan limitaciones inherentes, como los plazos cortos para efectuar las diligencias y los elevados costos de transacción. Además, siempre existe la posibilidad de que la información proporcionada por el prestatario esté incompleta o no sea totalmente revelada.
En este contexto, las declaraciones y garantías se configuran como una fórmula contractual que permite al prestamista decidir sobre el proceso de financiamiento basándose en la información proporcionada por el prestatario y las declaraciones que realiza. La consecuencia es que el prestatario asume el riesgo de pérdida que puede sufrir el prestamista si alguna de las declaraciones y garantías resulta ser falsa, inexacta o incumplida.
Por ello, las cláusulas de declaraciones y garantías funcionan como un medio de protección para el prestamista, pues existen ciertas vías de acción en caso de incumplimiento. Entre las principales consecuencias de la falsedad o inexactitud de las declaraciones se encuentran la regulación como un evento de incumplimiento o de terminación anticipada, la suspensión del desembolso de crédito a favor del prestatario, la resolución automática y de pleno derecho del contrato de crédito y la legitimación del prestamista para pedir una indemnización por los daños generados. Estas medidas protegen al prestamista, asegurando que tenga recursos legales y contractuales para mitigar las pérdidas y riesgos derivados de información incorrecta o incumplimiento de las declaraciones y garantías por parte del prestatario.
A modo de resumen, las declaraciones y garantías en los contratos de financiamiento son herramientas cruciales para asegurar la transparencia y distribuir los riesgos entre las partes. Aunque existen mecanismos para mitigar la asimetría informativa, estas cláusulas proporcionan una capa adicional de seguridad para los prestamistas, permitiéndoles tomar decisiones informadas y protegiéndose contra posibles incumplimientos. La correcta implementación y cumplimiento de estas cláusulas son fundamentales para el éxito y la estabilidad de las transacciones financieras. La claridad y precisión en las declaraciones y garantías no solo fortalecen la relación contractual, sino que también proporcionan un marco legal sólido que permite a ambas partes operar con confianza y previsibilidad en el complejo mundo del financiamiento.
(*) El contenido de este artículo es una opinión personal del abogado y no refleja la opinión formal de Garrigues.
Referencias bibliográficas:
Fox, C. M. (2008). Working with contracts (2nd ed.). Practising Law Institute (PLI).
