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La independencia y autonomía del Tribunal Constitucional es un límite a la facultad legislativa del Congreso: Congreso recorta significativamente la autonomía del TC

Juan Carlos Ruiz Molleda. Abogado por la PUCP y coordinador del área de Litigio Constitucional de IDL. Esto es precisamente lo que acaba de ocurrir. El Tribunal Constitucional acaba de declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad, presentada por el Gobierno contra la Ley Nº 31307. Se llegó a esta decisión en la sesión celebrada el 23 de noviembre de 2021, en donde se vieron los expedientes 00025-2021-PI/TC y 00028-2021-PI/TC[1]. Dicha demanda convalida, entre otras cosas, las normas del Nuevo Código Procesal Constitucional que recorta facultades del TC y afecta significativamente su autonomía. En concreto para aprobar o cambiar un precedente vinculante o emitir sentencia en un proceso competencial, ya no se necesitan 4 votos, sino que ahora se exigirán 5

De nacionalización a renegociación: Analizando la situación del Contrato Camisea.

De un lejano tiempo a esta parte, se ha venido recogiendo un clamor popular palpitante en el sur del Perú. Esto, a razón de diversas promesas previas de algunos gobiernos de turno, quienes pusieron sobre la mesa la negociación del contrato Camisea. Muchas veces este hecho ha sido tomado por los operadores políticos para agitar a la población, buscando sacarla a la calle o en otras ocasiones para buscar réditos electorales. Sin embargo, en los últimos días, esta discusión tomó mayor relevancia; más aún, si recordamos algunos pasajes de la campaña electoral, en donde el presidente Pedro Castillo anunciaba la renegociación de diversos contratos, entre ellos “el Contrato Camisea”. Posterior a la asunción de la presidencia por Castillo y dado

Congreso aprueba por insistencia ley sobre cuestión de confianza

Por Enfoque Derecho Este 16 de septiembre, el Congreso de la República -con 74 votos a favor, 41 votos en contra y 3 abstenciones- aprobó el texto sustitutorio de la ley que establece una interpretación de la cuestión de confianza, la cual se encuentra regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política. En ese sentido, esta propuesta legislativa pretendía exonerar la posibilidad de plantear una cuestión de confianza en temas relativos a la aprobación o no de reformas constitucionales. Al respecto, diversos especialistas manifestaron su rechazo a la referida ley interpretativa, sosteniendo que se trata de una norma inconstitucional. Algunas de las razones en que basan su argumentación se refieren a la posibilidad de que se trate de

¿Sin derecho a la participación política? Un enfoque crítico de la Resolución 413-2021-DNROP/JNE (Caso Partido Morado)

Luis Durán Rojo, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Tributario. Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del Departamento de Derecho de la PUCP. Candidato al Congreso de la República por el Partido Morado. El 8 de septiembre pasado, el Director Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió la Resolución 413-2021-DNROP/JNE, la misma que dispuso cancelar la inscripción del Partido Morado. La referida resolución ha causado desconcierto, no solo por sus múltiples defectos argumentativos, sino también por omitir un necesario análisis constitucional a efectos de concretar una interpretación que permita optimizar el derecho fundamental a la participación política. En el presente artículo revisaremos la citada