Por Patricia Saavedra, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho
El 2018 ya comenzó. Muchos aprovecharán estas fechas para viajar, y conocer el mundo. O, quizá, pasar más tiempo en familia o únicamente brindarse un merecido descanso de las responsabilidades, y eventualidades del día a día. Sin embargo, para otros, y sobre todo para nuestro país es un momento de análisis y evaluación de los retos que nos depara el 2018. Por esta razón, considero que son cinco los asuntos primordiales a ser atendidos, y que deben configurar los puntos de partida para nuestras instituciones y autoridades públicas.
El primero a tratar es la reconstrucción del Norte de nuestro país. A mediados de marzo de 2017, el Perú fue escenario de una serie de desastres naturales tales como lluvias, huaicos e inundaciones que nos mostraron que no poseemos las estructuras y medios de prevención adecuados. En esos momentos, muchos cuestionaron la incapacidad del Estado, pero lo que pocos saben es que desde el año 2011 existe el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD), creada por la Ley Nro. 29664.
En el artículo N° 1 de la mencionada Ley, se detalla que la SINAGERD tiene como finalidad principal identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, evitar la generación de nuevos riesgos, y edificar un esquema de preparación y de atención ante situación desastre. Asimismo, está integrada por el presidente de la República y los ciudadanos que habitan en zonas vulnerables a los fenómenos naturales. El ente rector de la mencionada entidad es la Presidencia del Consejo de Ministros; siendo el Gobierno Central, quien promueve y facilita los procesos de coordinación y articulación con las demás entidades públicas o privadas responsables de este sistema.
Desafortunadamente, si bien es cierto que contamos con un plan de acción anti – desastres, los hechos nos muestran un panorama totalmente desalentador. No es suficiente “(…) las acciones políticas o publicas aisladas o generales, de último minuto o tras las desgracias. La ley obliga, desde muchos años atrás, a realizar planes de prospección (evitar y prevenir la conformación de riesgos futuros), corrección (corregir o mitigar el riesgo existente) y reactivos (enfrentar los desastres inminentes o materializados)”[1].
A propósito de lo anteriormente dicho, es urgente que actuemos con prevención para que no se sumen nuevos desastres. Ello, en la medida, que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN) ha confirmado la presencia del fenómeno de La Niña en el verano peruano 2018.[2] En efecto, es de suma importancia invertir tanto recursos como esfuerzos en esta materia a fin de no lamentarnos después.
El segundo punto a tener en cuenta es el proceso electoral que vivirá la nación peruana en octubre de este año para elegir a las autoridades locales. El plan democrático de elección, la participación de partidos políticos y de candidatos son medios expresivos de todo Estado constitucional de Derecho. Asimismo, la Constitución de 1993 salvaguarda el derecho de sufragio a fin de entrelazar las relaciones entre el pueblo y sus representantes. El referéndum constitucional y legislativo para determinados asuntos, la iniciativa legislativa en la formación de las leyes; así como la remoción de funcionarios y la revocación de autoridades (a excepción del presidente de la República, ministros y jefes de los comandos político – militares) son expresiones de la democratización que se vive en el país[3].
En tal sentido, toda organización legal democrática basada en un sistema electoral por los participantes asegura la vigencia de sus resultados. Sin embargo, es necesario el consenso previo entre los sectores políticos, el cual otorga legitimidad a los resultados electorales, y que además garantiza un mínimo de seguridad y previsibilidad en las acciones legales y políticas de los electores y los elegibles. Pero, sin lugar a dudas, aún más importante es fomentar la participación de los diferentes actores y, sobre todo, el de la sociedad civil educada y proactiva, ya que así se lograría hacer más legítimo el proceso de democratización.[4]
Un tercer punto de interés durante el 2018, poco debatido y tratado es el de la protección social y el derecho al trabajo. La informalidad laboral, la baja o nula productividad de los trabajadores, y la insostenibilidad de la ONP son algunos de los temas que vienen afectando al ciudadano de a pie.
Ante este panorama, la Comisión de Protección Social (CPS), creada mediante Resolución Ministerial N° 017 – 2017 – EF y nombrada por el Ejecutivo para formular reformas económicas a fin de financiar la cobertura universal de aseguramiento de salud, la protección previsional, la protección frente al desempleo, entre otros[5], realizó un informe en noviembre del año pasado, en el que propone una reforma en base dos temas sociales. Por un lado, está la pensión solidaria, que consiste es dar S/ 125 soles a todos los adultos mayores de 65 años. Este sistema tendría un costo por año de 0.5% del PBI. Por otro lado, La CPS propone subsidiar los aportes que realicen los jóvenes a sus fondos de pensiones a fin de incentivar el ahorro.
Cabe resaltar que, tal y como señala la resolución de creación de la CPS, esta decisión se adoptó en el marco de la Constitución Política que reconoce en su artículo 10 que toda persona tiene el derecho universal y progresivo a la seguridad social a fin de mejorar su calidad de vida.
Como cuarto punto a tomar en cuenta de manera especial durante el 2018 es la economía y la caja fiscal que las bases del crecimiento de todo país. Al respecto, resultan alarmantes las iniciativas que el Poder Legislativo ha realizado en el 2017. Gran parte de ellas, perjudican la política tributaria (el Sello Mype y Alertas Educativas Mype) y las que son aún más preocupantes son aquellas que hacen referencia a las modificatorias constitucionales, como es el caso de la planteada por la congresista Maria Glave (Nuevo Perú) en relación al rol subsidiario del Estado en la economía.
Respecto a esto último, lo cierto es que aunque esté por de más recordarlo, el Perú ya ha tenido actividad empresarial estatal diversificada, y los resultados fueron un fracaso rotundo”.[6] Empresas públicas como Centromín, Enafer, AeroPerú, EnturPerú provocaron pérdidas económicas considerables al Estado. Ello nos demostró que el Estado era un mal empresario, ya que no solo se generaron grandes pérdidas sino que la calidad de los servicios era totalmente deficiente.
Lo más paradójico es que en la exposición de motivos del proyecto de ley ya mencionado se sustenta en la inaccesibilidad de la telefonía en algunos lugares del país para avalar la participación empresarial del Estado en el sector. Sin embargo, si recordamos con atención, la telefonía adquirió mayor cobertura cuando comenzó a ser gestionada por empresas privadas en los años noventa. Entonces, es evidente que no podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores del pasado.
Por último, y no menos relevante es la consolidación institucional. En estos momentos, estamos pasando por una coyuntura política discutible. La fallida propuesta de vacancia a la que se enfrentó el presidente de la República, el indulto a Alberto Fujimori y las sucesivas renuncias de ministros, entre otros sucesos han colocado al aparato estatal en el “ojo de la tormenta”. Esto replantea la importancia de poseer reglas claras, normas sin ambigüedades y, sobre todo, la necesidad de tener gobernantes que se ajusten al respeto de los derechos fundamentales y a las normas establecidas por el ordenamiento jurídico.
En conclusión, el 2018 es un año clave para el Perú. Las decisiones que se adopten determinarán la estabilidad económica, social y sobre todo política de nuestro país. No hay que olvidar que nos ha costado vidas para lograr tener el Perú de hoy. Por ende, la consigna estatal debe ser de siempre dar un paso adelante, pero sin olvidar la historia ni destruir memorias.
[1] PEÑA, Juan. “Lluvias torrenciales, huaicos, inundaciones y derechos en el Perú”. En PuntoEdu. Consulta: 05 de enero de 2018.
http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/lluvias-torrenciales-huaicos-inundaciones-y-derechos-en-el-peru/
[2] BBC Mundo. “La Niña está de vuelta: ¿Qué efectos tendrá el fenómeno climático?”. En El Comercio. Consulta: 05 de enero de 2018.
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/fenomeno-nina-vuelve-efectos-tendra-clima-noticia-472814
[3] LANDA, César. “Derecho Electoral: aspectos jurídicos y técnicos”. Lima: Fondo editorial de la PUCP, 2016, p. 173.
[4] LANDA, César. “Derecho Electoral: aspectos jurídicos y técnicos”. Lima: Fondo editorial de la PUCP, 2016, p. 174.
[5] COMISIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL (CPS). Comisión de Protección Social: Objetivos de la Comisión. Consulta: 06 de enero de 2018.
http://www.proteccionsocial.com.pe/la-comision.html
[6] EL COMERCIO. “Editorial: Mal empresario”. En El Comercio. Consulta: 07 de enero de 2018.
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-mal-empresario-noticia-473603
