mayo 2014

Si bien no existe una definición exacta, podemos señalar que el sistema de justicia se constituye por aquellas instituciones del Estado competentes para proteger los derechos de las personas, brindando una respuesta rápida y eficaz frente a su alegada vulneración. El operador del sistema de justicia, por otro lado, será aquel funcionario público que se vincula estrechamente con la persona, desempeñando funciones esenciales para el respeto y garantía de sus derechos.

La semana que pasó fuimos sorprendidos por una sentencia del Tribunal Constitucional que, luego de 4 años de litigio, declaró infundada la demanda de amparo que interpuso una persona transexual de iniciales P.E.M.M contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), solicitando se le realice una modificación del cambio de sexo en su Documento de Identidad (DNI) y Partida de Nacimiento (cabe mencionar que anteriormente ya había logrado se le reconozca en tales documentos cambiar su nombre masculino por uno femenino). A propósito de ello, consideramos desde esta tribuna, que se le restringió un derecho fundamental inherente a la persona y reconocido en nuestra Constitución: el derecho a la identidad que, manifiesto en su faceta dinámica, conlleva cambios de acuerdo a la evolución y maduración de la persona. Es por este motivo que dedicamos el presente editorial a analizar los principales aspectos de dicha sentencia y los efectos que derivan de la afectación al derecho a la identidad sexual en las personas transgénero.

El pasado 11 de abril, se publicó en la web una sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Panamericana Televisión S.A. que no ha sido suficientemente difundida ni analizada (Exp. 04617-2012-PA). El caso fue resuelto por quienes intervinieron en la reciente controversia con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En virtud de dicha sentencia, Panamericana ya no debe pagar a la SUNAT más de 100 millones de soles. ¿A través del amparo se puede «olvidar» la deuda tributaria de una empresa? Hagamos un recuento de esta increíble historia, cuyo capítulo final debería ser revisado.

La laicidad como principio jurídico está conformada por los siguientes elementos esenciales: a) la separación orgánica y de funciones así como la autonomía administrativa recíproca entre agrupaciones religiosas y Estado, b) el fundamento secular de la legitimidad y de los fines y valores últimos del Estado y del Gobierno, c) la inspiración secular de las normas legales y políticas públicas estatales, d) la neutralidad o imparcialidad valorativa ante las diferentes cosmovisiones ideológicas, filosóficas y religiosas existentes en la sociedad (neutralidad que no significa vaciedad valorativa, sino imparcialidad hacia las diferentes creencias), y e) la inconcurrencia del Estado en manifestaciones de fe o convicción ideológica junto con los individuos. La mayor o menor presencia de estas características permite encontrar grados de laicidad en los Estados así como las peculiaridades de las etapas de sus respectivos desarrollos históricos.