Se viene discutiendo arduamente sobre el proyecto que establece la unión civil para personas del mismo sexo. Creo que la discusión, estando de acuerdo en que estas personas puedan acogerse a la unión civil, es más amplia. Tal y como parece plantearse el debate, estaríamos frente a un quinto estado civil disponible para personas del mismo sexo. La verdad es que el Estado –y esto es generalizado- se ha arrogado la provisión oficial de un producto denominado “matrimonio”, estableciendo reglas diferentes en función a la naturaleza de los sujetos involucrados. Allí donde argumentos económicos y liberales pueden viabilizar la diferenciación por parte de privados (discriminación, si se quiere), tales argumentos no pueden sustentar la misma práctica por parte del Estado. Todos somos iguales ante la ley. En ese sentido, me parece que la lucha por la unión civil homosexual debe ser vista como un paso hacia lo que debiera ser la verdadera meta: la absoluta privatización del matrimonio.
Los individuos deben estar en absoluta libertad de comprar un producto denominado “matrimonio” del proveedor que estimen conveniente. Y si ningún proveedor les convence, como en cualquier emprendimiento, pueden invertir en desarrollar su propio producto. Debe existir, a mi juicio, competencia plena respecto de “productos matrimoniales” y, en esa línea, los proveedores que participen en el mercado deben tener, como no podría ser de otro modo, plena libertad de configurar los términos y condiciones de acceso a su producto (por ejemplo, el matrimonio católico podría ser ofrecido exclusivamente a parejas compuestas por personas de diferente sexo y ello no debería ser materia de cuestionamiento). Como contrapartida, el Estado no debe administrar título matrimonial de ninguna naturaleza. Los estados civiles serían entonces: soltero, unión civil, divorcio (entendido como la disolución del vínculo generado por la unión civil) y viudez (disolución de la unión civil por muerte de una de las partes). Creo, por tanto, que la unión civil debe ser la reivindicación para todos y no solo para un grupo de la población.
En la regulación aplicable a la unión civil, sin duda, el Estado deberá establecer ciertas reglas reservadas para evitar determinados actos considerados indeseados (por ejemplo, el abandono de los hijos). Pero la decisión de adherirse a los términos de un contrato matrimonial estandarizado en el mercado debe ser libre. Algunos proveedores establecerán restricciones –como la Iglesia Católica lo hace- y eso no puede ser reputado como extraño o indebido bajo riesgo de vaciar de contenido el derecho de las personas a asociarse con quienes quieran. De modo gráfico (aunque pueda sonar fuerte), los individuos debemos preservar nuestro derecho a discriminar (insisto, en el mejor de los sentidos), ya que de lo contrario podríamos ofender el principio esencial de libre asociación.
El Estado no puede discriminar; sin embargo, es inadmisible que el Estado administre el título matrimonial y establezca tratamientos diferenciados obviando la ya citada igualdad ante la ley. El Estado no debe ofrecer un “matrimonio civil” que pueda ser adquirido en conjunto o no con un “matrimonio religioso”. Algunas voces han desarrollado esta idea de forma lúcida previamente (particularmente destacable el desarrollo de Sunstein y Thaler al respecto en el libro “Nudge”). La invitación que aquí se formula es a pensar si no ha llegado la hora de discutir la posibilidad de una privatización plena del vínculo matrimonial. El propósito de este post no es plantear una propuesta, sino introducir el tema para un intercambio de opiniones saludable en la sociedad.
