Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del estudio Roger Yon & SMB.
El derecho al voto conlleva la responsabilidad de ejercerlo de manera informada. En tal sentido, hemos analizado los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos con candidatos que tienen la mayor exposición mediática y que, según las encuestas (que siempre pueden ser erradas), tendrían los mayores porcentajes de intención de voto en las elecciones presidenciales del 10 de abril. La revisión de los cuatro planes de gobierno se ha realizado únicamente desde la perspectiva de las medidas relativas a la seguridad ciudadana y política penitenciaria. Si bien en todos los planes de gobierno revisados se reconoce la urgencia de mejorar la seguridad ciudadana, estos cuatro partidos políticos proponen distintas estrategias para lograrlo.
En el primer plan de gobierno revisado, las propuestas para mejorar el nivel de seguridad ciudadana se circunscriben principalmente a la Policía Nacional del Perú; otorgándole nuevas facultades, capacitación y mayores recursos que conlleven a la especialización y modernización de infraestructura y sistemas de interconexión entre operadores de justicia. En lo que se refiere a la política penitenciaria, se plantea la construcción e implementación de penales que permitan resolver el problema de la sobrepoblación carcelaria y la implementación de medidas de control y vigilancia distintas al internamiento. En lo que se refiere a la prevención del delito, se sugiere la implementación de programas de educación para jóvenes e incentivos a la empresa privada para la contratación de los mismos.
En el segundo plan de gobierno revisado, también se otorga protagonismo a la Policía Nacional del Perú, planteando la mejora de su equipamiento e infraestructura, reforzando el trabajo de inteligencia, aumentando el número de efectivos y otorgándoles capacitación. En este plan de gobierno se hace referencia a la participación ciudadana como uno de los puntos clave para combatir la inseguridad, sugiriéndose como uno de los principales instrumentos contra la delincuencia, la realización de operativos y especialización de la policía.
En el tercer plan de gobierno revisado, se sugieren acciones preventivas que incluyen desde mapas para detectar las zonas con mayor incidencia criminal hasta planes de recreación, educación y empleo de menores en riesgo. También se incluye en este plan la participación ciudadana en la lucha contra el crimen y la reforma de la Policía Nacional del Perú. Finalmente, se plantea también la reforma del sistema penitenciario afirmando la rehabilitación de los recluidos como prioridad y la disminución de detenciones preventivas. Un aspecto novedoso que se observa en este plan de gobierno es el de políticas específicas referidas a la seguridad ciudadana de las mujeres.
Por último, el cuarto plan de gobierno revisado inicia su planteamiento con medidas de prevención identificando los factores de riesgo y sugiriendo la inversión en educación, deporte y capacitación para jóvenes, especialmente de bajos recursos. Sugiere también la participación ciudadana conjuntamente con la policial en la lucha contra la delincuencia con un plan de vigilancia y patrullaje empezando por los distritos que tienen mayor incidencia de comisión de delitos. El tercer punto de este plan de gobierno se refiere al impulso de la inteligencia policial y la investigación criminal, añadiendo la necesidad de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. En lo que se refiere a políticas penitenciarias, no solo se propone un mayor control a fin de evitar comunicaciones ilegales entre los internos y el exterior, sino la reducción de la sobrepoblación carcelaria, ampliando la capacidad de los centros de reclusión (para lo que se sugiere la participación del sector privado) e implantando medidas distintas a la reclusión en caso de criminales no violentos.
Resulta interesante que existan partidos políticos que hayan incluido en sus planes de gobierno no solo propuestas para combatir la inseguridad ciudadana con un mayor número de efectivos policiales, sino también la elaboración de diagnósticos que permitan trabajar con personas en situación de riesgo y, de esta forma, crear una política de prevención. Sin embargo, también llama la atención que este tipo de propuestas no hayan sido anteriormente planteadas por estos partidos políticos que, ya sea de manera autónoma o en alianzas, cuentan ya con una trayectoria en la política y con representantes en el Congreso a través de los cuales han tenido y tienen la posibilidad de impulsarlas.
También sorprende que aquellos planes de gobierno en los que se sugieren políticas preventivas, particularmente trabajo con personas en situación de riesgo, no hagan referencia a estos planteamientos de manera transversal en otros puntos de los planes de gobierno (educación, salud, economía, etc, que serían precisamente las causas de la delincuencia). De igual forma, extrañamos propuestas más concretas respecto de la reforma policial que todos los partidos plantean como eje clave en la lucha contra la delincuencia y, sobre todo, cómo se viabilizarán las mismas.
Finalmente, debemos recordar que salga quien salga elegido, nadie como nosotros mismos para exigir a los candidatos y partidos el cumplimiento de las propuestas con las que ganaron nuestro voto y la transparencia de su gestión. Estemos atentos.
